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Analizando el caso con objetividad, en torno al caso de la cuña y/o propaganda de Panamá Avanza, hubo errores en ambas entidades, a mi criterio personal jurídico.

Explico.

Un Magistrado del Tribunal Electoral.

No hay norma legal, ni en el código electoral ni en el código judicial, que permita a un sólo magistrado el decretar medidas cautelares. (Suspensión de cuña). El sustanciador del caso sólo puede decretar per se, los actos que no impliquen decisión de nada, para hacer avanzar el proceso, ya que éstos decisivos, requieren del aval del colegiado. (Ejemplo: Ver las medidas cautelares que decreta la Sala 3, que las firman todos).

Código Judicial

Artículo 109.

El Sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se considere perjudicada el recurso de apelación para ante el resto de los Magistrados, con la ponencia del que siga en orden alfabético al Sustanciador.

Debe quedar claro que el código electoral, en su artículo 442 somete al Tribunal Electoral a las normas de sustanciación aplicables a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el artículo 207 de la norma electoral en cita, dice que es el Tribuna Electoral, el que puede ordenar la suspensión provisional de una propaganda electoral, en tanto el artículo 142 de la Constitución reza que son tres los que componen éste órgano.

Por otro lado, la resolución en donde se suspendió la cuña, no se motivó adecuadamente, como lo ordenaba el artículo 452 Ibídem, ya que no ligaba a la propaganda, a la pretermisión clara y directa, de una norma electoral o constitucional flagelada.

Sala 3

1. El único ente que puede desvirtuar una decisión electoral tomada por el Tribunal Electoral, es el Pleno de la Corte que lo integran nueve magistrados, conforme al art. 143 constitucional.

2. Esta ni siquiera debió haberle dado darle trámite a la demanda, interpuesta por una persona jurídica, de protección a los derechos humanos, debido a que las corporaciones, no tienen derechos humanos a su haber, conforme a decisiones previas tomadas por organismos internaciones de derechos humanos.

3. En su resolución, no se motiva el por qué se está apartando, de los precedentes anteriores de la Corte, que impedían la utilización de estos tipos de recursos, en esta Sala, contra el Tribunal Electoral.

4. El perjuicio notoriamente grave que según la resolución, motivó a la Sala 3 a decretar la suspensión de la decisión del Tribunal Electoral, es risible y no se compadece con una gravedad inminente como corresponde; cito: “…al peligro de daño que puede experimentar el interesado por el transcurso del tiempo que tomará en surtirse la conclusión del proceso…toda vez que el retraso de la publicación de la manifestación de pensamiento o idea, por el transcurso natural del tiempo del proceso que se inicia, hará perder su vigencia o interés.”

La libertad de difusión de una opinión o material político informativo y de comunicación a través de los medios de comunicación, no debiera ser negociable y sólo pudiera ser obstaculizada por violación directa de las normas jurídicas positivas en materia electoral.

Fundamento legal supremo

Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Limitaciones de esa libertad de información política.

1. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

2. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

3. Está vedado el utilizar los símbolos patrios, el uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos; el uso no autorizado de la imagen personal; los mensajes que, de cualquier manera, irrespeten la dignidad humana, la seguridad de la familia, la moral y las buenas costumbres. (Artículo 202 del código electoral).

El Tribunal Electoral debe ser celoso y prudente en el cumplimiento de estas disposiciones transcritas, para no caer en abusos y en extralimitaciones, habida cuenta de que el máximo organismo electoral, no está para santificar las propagandas electorales, sino para hacer cumplir estrictamente la ley.

Huelga añadir que las campañas negativas, no son violatorias de ninguna norma legal; las sucias sí. Esto debe quedar muy claro. El ciudadano tiene todo el derecho de conocer el perfil real de sus candidatos, pues son figuras públicas.

Finalmente exteriorizo que en sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los periodistas de TVN Canal 2, la Corte estableció que: “La libertad de información y prensa constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo 37 de la Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona de poder emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra la reputación o la honra, la seguridad social o el orden público.”

Conforme al artículo 97 del código judicial, a la Sala Tercera de la Corte, le compete atender del proceso de protección de los derechos humanos mediante el cual la Sala podrá anular actos administrativos expedidos por autoridades nacionales y, si procede, restablecer o reparar el derecho violado cuando mediante dichos actos administrativos se violen derechos humanos justiciables previstos en las leyes de la República, incluso aquellas que aprueben convenios internacionales sobre derechos humanos.

El Doctor ARTURO HOYOS, en su obra “Justicia Contencioso- Administrativa y Derechos Humanos”; al aludir a los Derechos Humanos y reconocidos como justiciables; nos dice: “Son justiciables los derechos humanos que son exigibles judicialmente frente a la Administración pública. Los derechos humanos exigibles judicialmente frente a la Administración pública son fundamentalmente aquellos de carácter civil y políticos ya que, como regla general, los derechos económicos, sociales y culturales son derechos-programa que sólo obligan a los gobiernos a crear condiciones sociales y económicas favorables para el progreso de aquellos.”
Inferir por lo anterior, que una decisión de tres magistrados (Sala Tercera) puede invadir el terreno electoral, por pretender defender un derecho humano, es delicado y peligroso, pues se estaría trastocando el artículo 143 final de la Constitución, por un lado y por el otro, podría cambiar un derrotero electoral trazado por el tribunal Electoral, para las elecciones del 2014.

Constitución

Artículo 143.

…
Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad.

Debe conocerse que la Sala Tercera tiene una facultad que no tiene el Pleno de la Corte (que atiende los recursos de inconstitucionalidad) que es la de decretar la suspensión provisional de la decisión atacada bajo demandada y eso es serio. (Artículo 73 de la ley contenciosa administrativa).

En sentencia del Pleno de la Corte del 31 de diciembre de 1993 se exteriorizó que las decisiones del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo, excepto lo referente al recurso de inconstitucionalidad…”

Mi criterio de lo expuesto es, que el único ente que puede desvirtuar una decisión electoral tomada por el Tribunal Electoral, es el Pleno de la Corte que lo integran nueve magistrados.

El Gobierno para captar fondos y pretender realizar obras sociales, está implementando algunas medidas harto cuestionadas, con escuálido respaldo legal, que no se compadecen de la correcta filosofía democrática y por ende, debieran ponerse en pausa.

1. El vender el lecho marino. Esta fórmula que les pretende generar millones para la ampliación del corredor sur, a mi juicio es inconstitucional, conforme se desprende del artículo 258 del Estatuto Fundamental. (Confróntese el proyecto de ley Nº683 que está en la Asamblea Nacional para ser debatido) El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público. Siguió planteando la Corte…Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

2. El reevaluar todo el territorio nacional, conforme reza el artículo 769 del código fiscal. Hoy se sigue un plan sectorizado establecido por el MEF, de manera unilateral. (Ver el artículo 770 Ibídem). No le veo asidero constitucional a ésta fórmula si consideramos que el artículo 19 de la Carta Magna precisa que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. NO es defendible el hecho de que el gobierno diga de manera libre a este sector si reevaluamos hoy y a otro, con similar condición o diferente no, pero queda expuesto a que el otro gobierno del 2014 lo haga.

Soy partidario del diálogo y de que las decisiones que vayan a afectar generaciones, sean tomadas previo a un dialogo afable con la población, ya que el poder emana del pueblo, de acuerdo al artículo 2 constitucional.