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Diputados le han recomendado a la nueva procuradora el destituir a fiscales, en este caso, los de anticorrupción.

A mi juicio, si se efectúa una destitución por asuntos disciplinarios, primero deben probarlo, porque si no, sería ilegal la separación forzada.

Si yo argumento que eres ineficiente o eres corrupto, tengo que probarlo en el expediente, eso lo ha dicho la Sala Tercera, porque si no se acredita, se ha de declarar ilegal la destitución, a la postre, en un proceso rogado ante la Corte. (Ver sentencia del 29 de diciembre de 2009 de la Sala Tercera)

Hay que definir primero, si estos funcionarios son de libre nombramiento y remoción o no, pues si tienen estabilidad porque pasaron por un concurso de méritos o si el Ministerio Público se las otorgó por escrito, dentro del procedimiento previamente establecido para ello por ley, incluyéndolos como servidores de carrera de instrucción judicial en la entidad; nadie los puede destituir, salvo que haya una justa causa establecida en el procedimiento.

Contario sensu, los funcionarios de libre nombramiento y remoción, podrian ser destituidos a la libre, pues no tienen estabilidad en el cargo, en mi concepto.

Fundamento constitucional.

ARTICULO 300. Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución.
Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

Fundamento jurisprudencial

“Sin embargo, resulta evidente que esta norma por sí sola no confiere estabilidad a los profesionales de las Ciencias Agrícolas, quienes, para adquirir la condición de funcionarios de carrera requieren ingresar a ella a través del mecanismo conocido como “concurso de méritos”. Conviene agregar, que el citado precepto legal no puede ser objeto de interpretación aislada, sino de conformidad con los principios constitucionales que rigen en materia de administración de personal en el sector público. En ese sentido, el artículo 297 (hoy 300) de la Constitución Política es muy claro al señalar que “Los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el sistema de mérito.
…El concurso de mérito, como mecanismo que permite a un profesional acceder a determinada carrera pública, además de procurar una adecuada administración de los recursos humanos, está dirigido a dotar a cada profesional de ciertos derechos y beneficios, entre ellos, la “estabilidad” en el cargo”.
En el caso bajo examen, lamentablemente, el señor VISSUETTI no gozaba de estabilidad, pues, como se ha explicado, no ingresó a su cargo mediante concurso u otro mecanismo que le haya asegurado ese derecho, como el previsto en el artículo 67 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, relacionado con el procedimiento especial de ingreso de los servidores públicos en funciones al régimen de Carrera Administrativa. Sentencia del 30 de mayo de 2003 de la Sala Tercera de la Corte Suprema.

El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual necesario, para que se lleven a cabo las mismas.

Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.

El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos vecinos honorables del mismo lugar.

Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.

El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.

Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.

Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las mismas, serían ilegales.

¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público?

Conforme al artículo 167 del código penal, la de una pena de prisión de dos a cuatro años.

¿Quiénes podrían interceptar ilegalmente una comunicación?

Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de comunicaciones, particulares, etc.

¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?

El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento constitucional y legal.

Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado, para preservar con ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña libremente. Dura es la ley, pero es la ley.

Luego de haber laborado por 17 años en la Contraloría como asesor legal, sugeriría lo siguiente.

1. Restablecer las reuniones periódicas, que en otras administraciones existía, entre el Ministerio Público, por medio de las fiscalías anticorrupción y los auditores y asesores legales de la Contraloría, con el objeto de eliminar errores en los informes y en los procedimientos del ente fiscalizador.

2. Restablecer las reuniones periódicas entre el personal de la Contraloría (fiscalizadores, ingenieros y asesores legales) con los entes fiscalizados, con el objeto de aclararles sus dudas, para minimizar los errores administrativos.

3. Modificar las Guías de Fiscalización, a fin de que todos los fiscalizadores, apliquen un solo librito para fiscalizar las entidades.

4. Practicar la rendición de cuentas con la ciudadanía. Otrora, el Contralor se reunía con los medios de comunicación y les comentaba lo que estaba ejecutando, sin debilitar la presunción de inocencia y el debido procedimiento.

5. Cumplir con eficacia, el control previo. Un buen ejercicio de éste, evita los contratos con sobrecostos y fortalece la buena administración de la cosa pública.

6. Ser ente propulsor para la modificación al reglamento de la ley de contrataciones públicas, que ha quedado obsoleto.

7. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afectaron patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas, pero abarcando tanto las acciones de los gobiernos anteriores y como el presente, conforme lo permita el tiempo de prescripción para la investigación.

Las siguientes son hipótesis propias, que buscan responder la interrogante antes planteada. La contestación, podría compadecerse de una o la conjunción de varias de las teorías, que esbozo a continuación.

1. Porque los efectos del clientelismo, esta perenne. Uno difícilmente olvida a su benefactor tan fácilmente.

2. Porque el pueblo rechaza el llamado “pacto de la gobernabilidad”. El pueblo eligió una línea para gobernar el ejecutivo y otra para el legislativo, por lo que los efectos del famoso “pacto” flagela tal decisión que se dio el 4 de mayo pasado, y en tal sentido, en los comicios regionales, el electorado, está pasando factura.

3. Porque Ricardo Martinelli está empujando a los impugnados. El triunfo contundente de Mariela Vega, que es política nueva, podría ser prueba de tal supuesto, debido a que la prenombrada, no tenía raigambre regional populista, otrora.

4. Porque han sido victimizados. El fallo del Tribunal Electoral, las críticas de algunos “analistas”, de algunos medios, entre otros, tienden a degradar a los impugnados, empero, a los diputados que se reeligieron, con el mismo uso de las llamadas partidas circuitales, no se les rechaza y hasta éstos, se autoproclaman hoy; decentes, transparentes e independientes.

5. Porque indirectamente se está ofendiendo al elector regional. Se está afirmando que el elector vendió su voto antes y ésta tesis, no se compadece con nuestra historia electoral ni con la cultura política del electorado panameño, que en tiempos de elecciones, recibe lo que le regalan pero vota por quien desea. Ahora está votando por el mismo impugnado, sin recibir nada a cambio.

6. Porque los impugnados, no tienen el desgaste de los políticos vencidos.

7. Porque no ha habido el tiempo para concretizar una cohesión política sólida y creíble, que logre minimizar la fuerza del CD en las regiones.

8. Porque el voto a los impugnados, representa un rechazo directo, a lo que consideran un fallo injusto del Tribunal Electoral.

9. Porque el voto lo están emitiendo en favor del candadito que tiene más carisma, en el área electoral en cuestión, y esto ha recaído, en los impugnados, hasta ahora.

10. Porque que el electorado está reafirmando que creyó, en una propuesta electoral que se le presentó el 4 de mayo y no la va a variar por nada.

Las anteriores teorías no significan que habrá un “efecto dominó” en beneficio de todos los impugnados, en todas las elecciones. El resultado de las mismas, podría variar fácilmente, de acuerdo, al trabajo que hagan los candidatos, los partidos y los comandos de campañas en el electorado. Todo depende del trabajo arduo que hagan, pues una elección se gana sumando y no restando.

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

“Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149.)