Categoría en Uncategorized

1. Eliminar el precio oculto, en la licitación pública, con evaluación separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que la entidad pudiera filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para beneficiarlo.

2. Eliminar la contratación libre a discreción, que introdujo la ley 48 de 2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo proveedor, de manera directa y sin limitación de periodo.

3. Hacer un sistema unitario de compras, para todo el Estado panameño, eliminando en consecuencia, con ello la ley del PAN y de la CSS, en materia de contratación pública.

4. Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas) empiece a imponer multas a los servidores públicos, que violen los principios y las normas de contratación pública, como lo mandata la ley.

5. Que todas las consultorías, se sometan a actos públicos y con ello se eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos entes públicos.

6. Que se establezca un sistema de rendición de cuentas, en algunos procesos de compras.

7. Que el sistema electrónico “PanamaCompra” tenga un buscador más amigable. Nadie puede encontrar información en el sistema con facilidad, salvo que uno conozca exactamente el número del acto público realizado.

Con la resolución del 12 de febrero de 2015, de la sala tercera de la corte suprema, se declaró ilegal el incremento de hasta un 21% de las tarifas del transporte colectivo y selectivo, en todas las rutas y en las diversas modalidades a nivel nacional, con excepción del transporte colectivo, en los distritos de Panamá y San Miguelito, aprobadas en la Resolución AL-No. 235 de 31 de marzo de 2011, ya que ésta última fue declarada ilegal con la sentencia de marras.

¿Y que hizo la ATTT sobre el particular?

No ajustó la tarifa en beneficio del usuario, sino que salió corriendo en marzo del 2015 a hacer las consultas que no hizo en el 2011, para así subsanar la omisión administrativa y no afectar a los transportistas.

Hoy publica la Resolución AL-141 de 17 de junio de 2015, redactada de muy mala manera que en vez de mantener el aumento del 21 % bajo comentario (anulado por ilegal), da a entender que fija un nuevo incremento de otro 21%.

La verdad sea dicha, el usuario nunca fue beneficiado por la ATTT, por que más peso el transportista.

Las declaraciones del magistrado Harry Díaz, que otrora afirmaba que había magistrados que según él, vendían los fallos y archivaban expedientes; la sentencia contra el ex magistrado Moncada Luna y ahora la renuncia del magistrado Benavides, evidencia la crisis que gravita hoy en el órgano judicial, que no debe pasar desapercibida.

Huelga añadir, por otro lado, que si llegaren a ser ciertos los cargos, sobre venta de fallos, se desprendería que las sentencias son colegiadas en las salas y en el pleno, y por lo tanto, no son de responsabilidad de una sola persona, sino de varios.

Esto para mi es grave, por lo que debe aclararse e investigarse.

Urge lo que sigue:

1. La proyección de una constituyente, para depurar en el futuro, ese órgano.

2. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

3. Que en la página web del órgano judicial, se puedan ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte.

4. Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria.

Conforme al Título VII de nuestra Carta Magna, la administración de justicia panameña, la integran el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Hoy en día ésta, no tiene un perfil de excelencia.

Órgano Judicial

Los magistrados debieran tomar acciones concretas, por esto.

Sugerencias propias.

1. Que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

2. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio. Se debe fortalecer la transparencia.

3. Que exista en la página web del órgano judicial, y que se puedan ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte.

4. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen, sin temor ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

5. Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.

Ministerio Público.

Los Procuradores debieran tomar acciones concretas.

Sugerencias propias.

1. Procurar la unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.

2. Fortalecer la rendición de cuentas de los funcionarios, hacía la ciudadanía.

3. Brindar una mejor respuesta efectiva por parte de los funcionarios, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal. (Se desconoce de la investigación oficiosa del Ministerio Público, por algunos actos).

4. Capacitar a los colaboradores, para que transiten siempre, por el sendero de la moralidad y de la transparencia, en las instrucciones sumariales.