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Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

“Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149.)

El Magistrado fiscal Harry Díaz, pidió incorporar al Código Procesal Penal un artículo que impediría declinar el caso a otra esfera, si el exmandatario renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En una nota enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, Díaz le propone modificar un artículo del proyecto de ley 245 de 2015, para que establezca que, una vez presentado el escrito de acusación, no habrá declinación a otro tribunal si en él no tiene vigencia el sistema penal acusatorio.

A lo legal no se entiende esa propuesta, púes sería a mi juicio abiertamente inconstitucional, ya que el artículo 206 de la Carta Magna, sólo permite la investigación y procesamiento de la Corte hacia los diputados en ejercicio.

Constitución.

ARTICULO 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

…

3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

…

Adicional a esto, las leyes no tiene efecto retroactivo, en términos generales, por lo que no se vería bien que una persona al que se le investiga bajo determinadas normas, se le cambien las mismas, en medio proceso.

Constitución.

ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada.

Tal idea del magistrado fiscal, estaría abonando la tesis “política” de la defensa del exmandatario, por lo que la propuesta del magistrado de marras, deviene en improcedente.

Recomendaría que la corte siga jugando su papel, como lo está haciendo, de acuerdo a las normas claras existente, al momento en que la investigación inició.

A continuación, algunas sugerencias para elevar la imagen del llamado primer Órgano del Estado en Panamá.

1. Que los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se les confió la asignación de partidas circuitales en el pasado, le rindan cuentas al país, del manejo de dichos fondos.

2. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.

3. Que eleven el tono en sus discursos.

4. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.

5. Que practiquen la tolerancia.

6. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.

7. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda. Actualmente aparentan ser una filial del Órgano Ejecutivo.

8. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.

9. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.

10. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.

En reciente sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 2015, “de avanzada,” con la entrada No. 867-00, dentro de la demanda de inconstitucionalidad contra una resolución del Tribunal Electoral, que aprobó las reformas a los estatutos del P.R.D.; la Corte varió la jurisprudencia que existía, que impedía demandar por inconstitucionales los estatutos de los partidos políticos y ahora permite que los mismos, puedan ser objeto del control constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mag. Ponente Abel Zamorano.

Criterio de la Corte.

“La razón de ser de esta posición, que viene a reformular la posición inicial adoptada en la jurisprudencia de esta misma Corporación Judicial, y que fuera invocada por el Procurador, es precisamente la noción constitucional de partido político y el impacto que trae aparejado el contenido del estatuto cuando se aplica a los miembros del partido político que, en definitiva, son ciudadanos de nuestro país, amparados constitucionalmente frente a una posible afectación de sus derechos y garantías fundamentales, que incluyen sus derechos políticos”.

“Entendemos entonces que, si el Estatuto que surge del seno del partido político, conlleva una serie de normas o postulados que afectan no sólo a sus partidarios, sino a la colectividad, con temas como el que se cuestiona en el fondo en esta ocasión, de la revocatoria de mandato al Diputado, es indudable que no se le puede atribuir a los estatutos de un partido político del país la misma categoría de documento privado que se le atribuye a otros documentos, como por ejemplo, los estatutos constitutivos de una junta de accionistas de una sociedad mercantil, pues en el caso de los estatutos de los partidos políticos, la finalidad que persigue el documento cuando se logra aplicar tendrá un impacto en el acontecer nacional, al regular la forma como los partidos políticos y sus miembros proyectan sus estructuras ideológicas y políticas en el plano nacional.”

“En virtud de la aclaración efectuada, debemos concluir que los estatutos internos de los partidos políticos pueden transgredir el texto constitucional y, si lo hacen, no hay razón para derivar la competencia al Tribunal Electoral, basado en que quien emitió el documento no es un funcionario público, pues la materia de control constitucional es exclusiva del Pleno y, como ya hemos advertido, en el caso de los estatutos de un partido político se asimilan, por su relevancia social y por su finalidad, a un instrumento público”.