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Medios de comunicación informan que para poder dialogar con el Gobierno Nacional, el próximo 7 de noviembre, el Frente Amplio Colonense ha hecho una serie de exigencias.

1. Que sean liberados todos los presos, tanto de Colón, como de Panamá, que fueron apresados durante los disturbios originados en contra de la Ley 72.

2. Que se anulen las medidas cautelares, en el ámbito judicial, contra los manifestantes.

3. La compensación para las familias de los fallecidos en los enfrentamientos, así como para lo heridos.

De las tres exigencias, las dos primeras podrían ser inconstitucionales, habida cuenta del principio de la separación de poderes, que reza en el artículo 2 de la Carta Maga.

Constitución

ARTICULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

El Poder Ejecutivo no le puede solicitar, siquiera al Ministerio Público, que archive las investigaciones iniciadas por ellos, debido a que no tiene competencia constitucional sobre otro poder del Estado. Si lo hace violaría la ley.

Además sabido es que de los incidentes acaecidos, se pudieron haber cometido los siguientes delitos, que no puede desestimar ya, el Ministerio Público, toda vez, que afectaría tanto a la seguridad jurídica, el orden público y los derechos de terceros.

Robo; ya que  hubo personas que, mediando violencia o intimidación sobre personas, se apoderaron de cosa mueble ajena (celular etc.). (Art. 218 y 219).

Hurto; debido a que gravitó apoderamiento de cosas muebles ajenas, por parte de muchos sujetos. (Art. 213).

Asociación ilícita para delinquir; toda vez  que se percibió que mas de tres personas, se concertaron para vandalizar locales y otros bienes. (Art. 329).

Daños; cuenta habida, de que hubo quien destruyó, inutilizó, rompió y dañó, cosa mueble y/o inmueble que pertenecían a otros. (Art. 230).

Recepción de cosas proveniente de delitos; ya que hubo gente que sin haber tomado parte en el delito de vandalismo, etc., adquirieron,  y/o recibieron  valores u objetos que sabían o se presumía que provenían del vandalismo etc., (Art. 392)

Respecto a la figura de la compensación si pudiera accederse a esto, ya que en ésta se afronta una remuneración, a prudente arbitrio o consensuada,  de carácter general, con contenido social, aunque no sea uno culpable, de un hecho acaecido.

Esto se pudiera materializar perfectamente, sin soslayar la que debiera emitirse también, para los deudos de los muertos de Bocas del Toro, por lo de los fallecidos del dietinel glicol, entre otros.

Los comisionados y subcomisionados de la Policía Nacional recibirán aumentos de salarios hasta equipararlos con los que devengan los ministros y viceministros de Estado, tal como fue la instrucción del presidente de la República, así lo anunció el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a los medios de comunicación social.

Mi criterio es que la decisión  tomada es incorrecta, debido a lo siguiente.

Constitución

ARTICULO 213. Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no serán inferiores a los de los Ministros de Estado. Toda supresión de empleos en el ramo Judicial se hará efectiva al finalizar el período correspondiente.

El magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, indicó que nuestra democracia esta en crisis, debido, en entre otras cosas, a que Panamá está reviviendo épocas que se consideraban ya superadas, esto en referencia a los últimos hechos que se registraron en repudio a la polémica Ley 72.

Respecto a la afirmación de la crisis, si bien es cierto, hoy no pareciera gravitar esta circunstancia, toda vez, que las desavenencias políticas ya están dentro de su nivel normal, no obstante,  si nuestros actores políticos, insisten en cometer algunas acciones desatinadas, si podríamos como país, adentrarnos en una crisis seria.

Acciones por parte del gobierno.

La proposición de proyectos populares, sin la debida explicación y/o consulta a los gobernados.

Proyectos que sucumbiendo por falta de consulta del gobierno: El proyecto de consultas populares, las A.P.P; las ventas de las acciones de C.W., lo de la minería, la implementación de la Sala V y el tema de la Zona Libre de Colón. 

Por otro lado, si la designación del nuevo magistrado de la Corte que reemplazará al magistrado Aníbal Salas,  se le ligua con algún grado de afinidad, con personero del gobierno actual, sería mal aceptada, por la ciudadanía.

Si se insiste, de igual modo, hoy en eliminar la ley que posibilita el tránsfuguismo, sería percibido como una acción meramente político electoral. Ya las modificaciones al código electoral, aun tris del proceso electoral del 2014, deben cesar.

Acciones por parte de la oposición

El querer, por pretensión netamente política, pedirle la renuncia a funcionarios electos por el pueblo, por periodos fijos, sin que haya mediado, la comisión de algún delito; es una aberración anarquista.

Asimismo, el incluir el elemento subversivo, dentro de las manifestaciones populares.

La paz social depende, en un buen nivel, de nuestros políticos criollos; ojala sepan éstos comportarse, con acierto, por el bien de nuestro país, que goza hoy, de una muy buena imagen internacional.

Nuestra democracia esta en crisis: Gerardo Solís

El magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, indicó que nuestra democracia esta en crisis, debido, en entre otras cosas, a que Panamá está reviviendo épocas que se consideraban ya superadas, esto en referencia a los últimos hechos que se registraron en repudio a la polémica Ley 72.

Respecto a la afirmación de la crisis, si bien es cierto, hoy no pareciera gravitar esta circunstancia, toda vez, que las desavenencias políticas ya están dentro de su nivel normal, no obstante,  si nuestros actores políticos, insisten en cometer algunas acciones desatinadas, si podríamos como país, adentrarnos en una crisis seria.

Acciones por parte del gobierno.

La proposición de proyectos populares, sin la debida explicación y/o consulta a los gobernados.

Proyectos que sucumbiendo por falta de consulta del gobierno: El proyecto de consultas populares, las A.P.P; las ventas de las acciones de C.W., lo de la minería, la implementación de la Sala V y el tema de la Zona Libre de Colón. 

Por otro lado, si la designación del nuevo magistrado de la Corte que reemplazará al magistrado Aníbal Salas,  se le ligua con algún grado de afinidad, con personero del gobierno actual, sería mal aceptada, por la ciudadanía.

Si se insiste, de igual modo, hoy en eliminar la ley que posibilita el tránsfuguismo, sería percibido como una acción meramente político electoral. Ya las modificaciones al código electoral, aun tris del proceso electoral del 2014, deben cesar.

Acciones por parte de la oposición

El querer, por pretensión netamente política, pedirle la renuncia a funcionarios electos por el pueblo, por periodos fijos, sin que haya mediado, la comisión de algún delito; es una aberración anarquista.

Asimismo, el incluir el elemento subversivo, dentro de las manifestaciones populares.

La paz social depende, en un buen nivel, de nuestros políticos criollos; ojala sepan éstos comportarse, con acierto, por el bien de nuestro país, que goza hoy, de una muy buena imagen internacional.

Con la Resolución No. 15 de 28 de octubre de 2012, localizable en    http://www.ernestocedeno.com/Principal.html, la Asamblea Nacional de Diputados, dispuso crear una Comisión de Investigación, acerca de los hechos ocurridos en la provincia de Colón.

Hay un aspecto intrigante en la misma y es que se esta facultando a la comisión para realizar las diligencias necesarias, con el apoyo de las entidades públicas, que conduzcan a esclarecer la circunstancias que condujeron a la pérdida de vidas y para establecer las indemnizaciones que puedan corresponder a los deudos, según lo determine la ley, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Creo que la mejor figura para un resarcimiento debía ser la COMPENSACIÓN y no la INDEMNIZACIÓN, ya que esta última confirma la responsabilidad directa de una persona, (en este caso el Estado), hacía la comisión de un hecho arbitrario, y me parece que sería apresurado de afirmar esto hoy, si el Ministerio Público no ha terminado su labor investigativa y por otro lado, los tribunales de justicia, tampoco han fallado el caso en consecuencia.

En la Indemnización se paga por daño emergente, lucro cesante y daño moral, principalmente, mientras que en la Compensación se afronta una remuneración, a prudente arbitrio o consensuada,  de carácter general, con contenido social, aunque no sea uno culpable, de un hecho acaecido.

Lo cierto es que si el gobierno acepta indemnizar deberá honrar su palabra hacia los deudos de las muertes en Colón, de acuerdo al Principio de Buena Fe, mismo que ha sido honrado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en reiterados pronunciamientos.

El día 31 de octubre del año 2012, se emitió el Decreto No. 19  que reglamenta el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo para la libre postulación, para todos los cargos de elección popular.

Aspectos sobresalientes

Con la Resolución No. 15 de 28 de octubre de 2012, localizable en    http://www.ernestocedeno.com/Principal.html, la Asamblea Nacional de Diputados, dispuso crear una Comisión de Investigación, acerca de los hechos ocurridos en la provincia de Colón.

Mis comentarios sobre el instrumento en mención.

Comentario. Por razones que desconozco se soslaya la participación de particulares en los hechos bajo comentario, (sin saberse esto, en estos momentos) como si los muertos fueran el resultado directo, de los estamentos del orden público. No se debió redactar de esta forma

Comentario. La indemnización en derecho, no se determina por un informe de una Comisión. Conforme al artículo 254 de la Ley 74 de 2011, la misma se concretiza por un fallo de un tribunal. Son  las sentencias las que obligan al Estado a cumplirlas.

Es mas, la Constitución les prohíbe a los diputados, el reconocer indemnización sin que han sido declaradas, previamente, por las autoridades competentes. Veamos

Constitución

ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:

…

3. Reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes

Por lo anterior considero que lo viable es emitir una ley sobre este particular, pero no circunscribiéndola para los deudos de Colón, sino, que luego del resultado final de la investigación, en donde arroje, si es el caso,  que el Estado es responsable, por las pérdidas,  el beneficio se concretice y se extienda,  no solo para Colón, sino para los deudos de los muertos de Bocas del Toro y  por los fallecidos del dietinel glicol. Limitarlo para el caso de Colón, sería un tipo de privilegio especial, que no lo tienen los otros deudos.

Afirmo que el gobierno puede también indemnizar, sin sentencia tribunalicia, si el Ejecutivo a instancia propia, lo acuerda así, en la mesa de dialogo, por la validez que tiene el Principio de Buena Fe, mismo que ha sido honrado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en reiterados pronunciamientos.

Leí  con detenimiento el discurso presidencial y a continuación, hago mi balance propio. 

(http://presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-4015.html.)

Puntos Buenos

Puntos Preocupantes.

POSITIVO

NEGATIVO

De las manifestaciones del día viernes 26 de octubre de 2012 en Panamá, se pudieron haber cometido los siguientes delitos, que deben ser motivo, de investigación oficiosa por parte del Ministerio Público.

Figuras del Código Penal

El Ministerio Público debe recabar los videos publicados, en los medios de comunicación social, y llamar en primera instancia, a los dirigentes del SUNTRACS, para que depongan en el proceso y aclaren sobre los hechos investigados, conforme a su conocimiento.

De salir alguna persona culpable en la vía penal, ésta tendría que indemnizar a los afectados particulares.

Huelga añadir que las aseguradoras no se hacen responsables por los saqueos, salvo que en las pólizas, se hubiesen obligado expresamente a ello.