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Se está anunciando que se desea demandar presuntamente por inconstitucionales, las últimas reformas electorales, tan pronto salgan en gaceta oficial, como ley de la república.

Esta demanda seria intranscendente, por que los efectos de una sentencia en contra de una ley por inconstitucional, sólo surte efectos hacia el futuro y no hacia el pasado, por lo que no afectaría el proceso electoral ya iniciado y mucho menos finiquitado, bajo el imperio de la ley demandada. (La práctica enseña, que un proceso de inconstitucionalidad demora más de año y medio, como mínimo)

Fundamento legal; el artículo 2573 del código judicial patrio, que lee de la siguiente forma:

Artículo 2573.

Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.

La Corte Suprema de Justicia Pleno, le ha dado efectos retroactivos a demandas de inconstitucionalidad, pero sólo cuando lo que se demanda, son actos individuales jurisdiccionales y no contra leyes, como dice el código judicial citado.

Por demás esta decir, que la demanda de inconstitucionalidad anunciada, sólo serviría como buena promoción mediática, pero sin mayor efecto legal serio, en el tiempo.

La alcaldesa capitalina, Roxana Méndez, según medios de comunicación, no pierde la esperanza y dijo que insistirá en la contratación de los 50 buses para que presten el servicio gratuito en ocho rutas de la ciudad capital.

Las declaraciones se dieron ante la información que la contralora, Gioconda de Bianchini, le negó a la Alcaldía de Panamá el refrendo del contrato por 250 mil dólares para ofrecer transporte público gratuito para los usuarios capitalinos.

El fundamento legal para la insistencia en el refrendo, está en la ley orgánica de la Contraloría General.

La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla o de éste, la Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario u organismo encargado de emitir el acto, una vez improbado éste por la Contraloría, puede también someter la situación planteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, de la Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato o cualquiera otra corporación administrativa que, según el caso, ejerza la máxima autoridad administrativa en la institución, a efecto de que ésta decida si se debe insistir o no en la emisión del acto o en el cumplimiento de la orden. En caso de que dicha corporación decida que el acto debe emitirse o que la orden debe cumplirse, la Contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad de que del mismo se derive recaerá, de manera conjunta y solidaria, sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente. En caso de que la decisión sea negativa, el funcionario u organismo que emitió el acto o libró la orden se abstendrá de insistir en el refrendo.

Ante la insistencia, la Contraloría tiene dos opciones, o refrenda por insistencia,  o somete el caso a la Corte Suprema de Justicia, para su evaluación, mediante la acción de viabilidad jurídica.

“La solicitud de viabilidad jurídica está deparada en nuestra legislación para consultar si es dable el refrendo de la Contraloría General de la República sobre alguna orden de pago o acto administrativo que afecte un patrimonio público. En este punto conviene destacar que ante la solicitud de refrendo de un contrato que afecta un patrimonio público ante la Contraloría General de la República, ello supone un examen de la actuación de la Administración que está regido por un interés público, y que ha de ajustarse dentro de lo que la Ley le impone perseguir, que en este caso sería la función fiscalizadora que ampliamente ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Sala Tercera. “ (Véase Sentencia de 24 de mayo de 2007, proferida dentro de la Solicitud de Viabilidad Jurídica Interpuesta por la Contraloría General de la República para que la Sala se pronuncie respecto a la viabilidad del refrendo del Contrato No. 308-03, celebrado entre La Autoridad de la Región Interoceánica (Ari) y la Empresa Bacc Resources, Inc. Magistrado Ponente Victor L. Benavides P.)

La ATTT mediante la resolución OAL No. 708 de 19 de abril de 2013, multo a la empresa SONDA con B/. 2, 080,00.; por el incumplimiento en la ejecución  dentro de la etapa de operación regular de funcionamiento del sistema de recaudo. Este punto de la multa, me parece legal, ya que se adecua a lo que dispone la cláusula vigésima del contrato.

Lo que no se compadece del contrato, a mi juicio, es el periodo de gracia, que le dio la ATTT de 30 días calendarios, sin la obligatoriedad de pagar multa, para subsanar el incumplimiento en torno a los puntos de recarga, luego de haber decretado una multa previa. Este periodo de gracia, en estos términos, no existe ni en la ley 22 de 2006 (sobre contratación pública) ni en la cláusula  vigésima del contrato en mención.

Transcribo la cláusula pertinente del contrato con SONDA, para fines didácticos y nótese que no existe la posibilidad de otorgar periodos de gracia, luego de impuesta una multa.

La ATTT debió haber multado a SONDA con la cifra impuesta de B/. 2, 080,00., diarios, hasta tanto se subsane el incumplimiento, al tenor de la cláusula, antes citada. Por consiguiente, debe la Contraloría General desconocer esta dispensa de 30 días, y exigir el pago de la multa diaria, por cada día de atraso,  hasta alcanzar un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del Precio Contractual, pues de lo contrario, se estaría produciendo una lesión al patrimonio del Estado.

En contratación pública, la exoneración del pago de una multa, se otorga sólo antes de imponerse la sanción y por causas no imputables al contratista, que no es el caso que nos ocupa, toda vez que se impuso una multa en firme, por incumplimiento de contrato.

Recientemente el director de la ATTT dijo a un medio de comunicación, que la multa a la empresa MI BUS, por su deficiente labor como administradora del METROBUS asciende aproximadamente a B/20,000.00. Esto quiere decir, que la empresa de marras sigue incumpliendo el contrato concedido, por lo que esto, hace tránsito al inicio  del proceso de resolución administrativa del contrato público, en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus cláusulas trigésima y trigésima primera.

MI BUS no ha puesto de su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.

La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolució0n (extinción) traumaría el sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.

El Estado podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores.

Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.

La concesionaria del transporte masivo de la urbe capitalina y San Miguelito, ha estado diciendo en los medios que “el proceso de disminución de los tiempos de viaje, está ligado al avance y terminación de múltiples obras de infraestructura, que de manera simultánea se adelantan para beneficio de la ciudad, y que no permiten lograr velocidad de circulación razonable en las diferencias vías principales.”

El argumento es absurdo desde los siguientes puntos de vista; por lo que la autoridad debe volver a sancionarlos de manera inmediata, como falta grave, y si no quieren honrar el contrato, se le debe iniciar un proceso de resolución administrativa del contrato.

No puede alegar MI BUS lo de la construcción de obras civiles diversas para escudarse en su incumplimiento de frecuencia horaria, debido a que conforme a la pliego de cargos, la presentación de las propuestas, para lo del trasporte masivo consabido, fue el 26 de febrero de 2010, y ya a esas alturas, o las obras civiles ya habían iniciado o al menos, se sabía de su existencia, por tal sentido, no cabe el apelar ni a la fuerza mayor y ni al caso fortuito, como esta sugiriendo la concesionaria colombiana.

La fuerza mayor y el caso fortuito podrían ser motivo para incumplir un contrato, pero para que esto se aplique,  se necesita el desconocimiento  previo por parte del actor, de los eventos que a la postre sucedieron; que no es el caso que nos ocupa.

Definición de los conceptos, de acuerdo a la ley.

Código Civil

Artículo 34 D.

Es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre, a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos, y otros semejantes.

Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole.

Por otro lado, en la clausula décima cuarta del contrato, se consignó que el concesionario debió tomar en cuenta en su propuesta, los impactos al tránsito vehicular que causaría la construcción del sistema METRO; por lo que no debe alegar hoy, mitigación alguna por los problemas de esas construcciones específicas, toda vez que firmó el contrato bajo esas condiciones, y el contrato es ley entre las partes.

 

 

La empresa concesionaria del transporte masivo
de la urbe capitalina y San Miguelito, en un comunicado procuró defenderse ante
los problemas con los METROBUSES. Me llama la atención, los siguientes puntos.

Cito y explico.

 

“El proceso
de disimulación de los tiempos de viaje, está ligado al avance y terminación de
múltiples obras de infraestructura, que de manera simultánea se adelantan para
beneficio de la ciudad, y que no permiten lograr velocidad de circulación razonable
en las diferencias vías principales.”

 

Mi criterio. No estoy de acuerdo con esa tesis,
porque en la clausula décima cuarta del contrato, se consignó que el
concesionario debió tomar en cuenta en su propuesta, los impactos al tránsito
vehicular que causará la construcción del sistema METRO. Por lo que no debe
alegar hoy, mitigación alguna por los problemas que debió haber percibido,
desde el momento en que participó en el acto público adjudicado.

Si tomáramos como cierto esta postura, huelga
la fiscalización motorizada de la ATTT sobre la frecuencia, ya que nunca podrían
multar, ni exigirle nada a la concesionaria, hasta que concluyan todas las
obras viales.

Por otro lado, cuando estaba el sistema absurdo
anterior, con construcciones y todo, el ciudadano no se agolpaba en las paradas
como hoy.

 

“Nuestro
compromiso, en conjunto con los otros actores del Sistema Integrado de
transporte es avanzar en una campaña de orientación y de comunicación, que le
da claridad al usuario, confianza en el sistema e información útil y oportuna
para su movilización.”

 

Mi criterio. Según el Literal d
de la cláusula DÉCIMA OCTAVA DEL CONTRATO, es el concesionario, y no otros
actores, el que tiene la obligación, primaria, de darle información al usuario y/o
cliente,  sobre las rutas e itinerarios.  

 

Finalmente manifiesto
que desconozco las razones por las cuales el Estado, no ha salido a responderle
a la empresa MI BUS, salvo que este de acuerdo con el planteamiento vertido por
los colombianos.

¡El que calla
otorga¡

El Consejo Municipal de Panamá aprobó el viernes 5 de abril, en sesión extraordinaria, una contratación directa para que la empresa Interbus preste el servicio de transporte público en las afueras de la ciudad de Panamá y el sector norte.

Se trata de 50 buses que transportarán de forma gratuita por 10 días hábiles en Tocumen, San Martín, Pacora, Juan Díaz, Las Mañanitas, Pedregal, Chilibre y la 24 de Diciembre.

La contratación, que se hace por 250 mil dólares, es para un servicio de lunes a viernes, con dos vueltas completas en la mañana y la tarde, para que la empresa colombiana Mi Bus, administradora del Metro Bus, logre normalizar su funcionamiento.

La medida, de implementarse, podría traer las siguientes consecuencias:

El Consejo Municipal de Panamá aprobó el viernes 5 de abril, en sesión
extraordinaria, una contratación directa para que la empresa Interbus preste el
servicio de transporte público en las afueras de la ciudad de Panamá y el
sector norte.

 

Se trata de 50 buses que transportarán de forma gratuita por 10 días
hábiles en Tocumen, San Martín, Pacora, Juan Díaz, Las Mañanitas, Pedregal,
Chilibre y la 24 de Diciembre.

 

La contratación, que se hace por 250 mil dólares, es para un servicio de
lunes a viernes, con dos vueltas completas en la mañana y la tarde, para que la
empresa colombiana Mi Bus, administradora del Metro Bus, logre normalizar su
funcionamiento.

 

La medida, de implementarse,
podría traer las siguientes consecuencias:

 

 

Sería mezquino ocultar que el transporte masivo que reemplazó a los diablos
rojos en Panamá, les ha traído beneficios a los ciudadanos. Ejemplos:

 

Ahora bien, es un hecho público y notorio que los METROBUSES, por la mala
administración que gravita hoy en el sistema, por parte de la empresa MI BUS,
le ha traído también algunos inconvenientes, a un sector de la población, mismos
que esperamos que sean finiquitados a la mayor brevedad posible.

Los problemas consabidos,
no son exclusivos de Panamá, en otras latitudes, en donde el transporte cuenta
con más tiempo de implementación, suceden similares perjuicios.

 

COLOMBIA.

Una encuesta realizada por la Red Cómo Vamos, encontró que el nivel de
insatisfacción nacional en cuento a los servicios masivos es del 71%, creciendo
en un 18% en comparación al año pasado. A esto se le suma los notorios
inconvenientes que han tenido estos sistemas, como obras inconclusas, falta de
articulados, problemas económicos, la insatisfacción de los sindicatos y la
tardanza por el inicio de operaciones. 

Los colombianos utilizan cada vez menos los servicios de transporte
masivo y su nivel de percepción es menor en el caso de los principales sistema
de Colombia como El MÍO, de Cali; Transcaribe, de Cartagena; Transmetro, de
Barranquilla; Megabús, de Pereira; Transmilenio de Bogotá y Metrolínea, de
Bucaramanga, mientras que Metroplús, de Medellín, tiene una mirada diferente. Jueves 28 de Marzo de 2013

 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/201919-sistemas-de-transporte-masivo-pasan-por-un-mal-momento

 

MEXICO-HERMOSILLO