Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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En la Asamblea Nacional de Diputados, reposa para discusión de los miembros de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 375 que entre sus artículos obliga de manera desproporcionada, al contribuyente a portar la factura o documento equivalente.
Acto seguido transcribo el artículo en cuestión.
Artículo 2. Se adiciona un Parágrafo al artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, así:
Parágrafo 4. Los compradores de bienes y servicios, que a la salida del local o establecimiento comercial, carezcan de la factura o su equivalente emitido por los equipos fiscales, serán sancionados con una multa, que corresponderá al monto que resulte mayor entre las siguientes opciones:
a) Un balboa (B/.1.00); o,
b) El siete por ciento (7%) del valor del bien o servicio no facturado.
Como el lector observará, la multa se ha de imponer, (por la interpretación literal de la redacción de la norma) al comprador que no porte la factura o documento equivalente, a la salida de un comercio visitado, indistintamente, de que no ostente la documentación referida, producto de robo, hurto, extravío o en fin, por cualesquiera situaciones, que pudieran acaecer, producto de las circunstancias de la vida.
No solo esto es lo descabellado, si no que la intención es invadir en el prudente arbitrio del gobernado. Hoy se nos pretende sancionar por haber decidido no tomar una factura o por haberla extraviado; mañana podríamos serlo, mediante la promulgación de otra ley semejante, por el hecho de no haber ejercido el derecho al sufragio; por no haber educado a nuestros hijos de singular manera; o por no haber asistido a determinada iglesia, etc.
El espíritu que se inmiscuye solapadamente en este instrumento es peligroso y yo lo tacho de autocrático.
Nuestros gobernantes deben meditar mejor en sus acciones, y en el resultado a futuro de las mismas.
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