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Conforme al proyecto de Ley No. 658, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional de Panamá; la Cadena de Frío tendrá como objetivo la promoción, construcción y gestión de mercados alimentarios mayoristas y minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, así como realizar otras iniciativas que contribuyan a mejorar la cadena de distribución y comercialización, de productos alimentarios, especialmente los perecederos, en beneficio del interés general con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población panameña.

Aspectos positivos

1. La Cadena de Frío, concretizada en una S.A. deberá manejarse con criterios de eficiencia, transparencia y trato igualitario para garantizar el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones y tendrá independencia en su bregar.

2. Las acciones de Cadena de Frío serán emitidas de forma nominativa y el 100% de ellas será propiedad del Estado.

3. La Cadena de Frío dispondrá de autonomía financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo.

4. La Cadena de Frío tendrá su propia auditoría interna respecto a las operaciones, empleando en su contabilidad las mejores prácticas internacionales, utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera. Además, deberá contar con los servicios de auditoría externa.

5. La Cadena de Frío tiene facultad para evaluar, decidir y ejecutar el y/o los modelos de gestión de mercados tanto mayoristas como minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, que resulten más convenientes.

6. El ente tendrá capacidad de iniciativa propia y complementará la gestión municipal en materia de mercados alimentarios.

7. Existirá un Fondo Especial para la Administración y Operación de los Mercados Agropecuarios y el Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, para la República de Panamá, el cual será constituido a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, por una cifra aprobada por el Consejo de Gabinete, para un periodo de cinco años.

Aspectos negativos.

1. La idea de convertir la cadena de frío en una sociedad anónima con la facultad de poder vender, hasta el 49% del capital accionario, en un futuro, daría al traste con la iniciativa original comentada, (al momento de venderse) ya que al entrar el sector privado, en la sociedad, se tendría que establecer un plan de dividendos atractivos, para los inversionistas.

2. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como dieta mínima la suma de setecientos balboas (B/.700.00) por cada reunión de la Junta Directiva a la que asista. Nada impida que esta cifra se pueda aumentar vertiginosamente y las reuniones de igual forma.

3. La ciudadanía no está legitimado para pedir la remoción de un director del ente, sólo lo tiene el Presidente de la República, la Contraloría y la junta directiva.

4. El nuevo presidente que salga en el 2014, no tendrá facultad legal para remover al gerente general del ente. Es nombrado por 7 años y solo puede ser removido por causales específicas.

5. El gerente general del ente, puede disponer de una partida para gastos de imprevistos, hasta por la suma de B/. 250,000.00. No se define el concepto de este gasto en la norma.

6. Limita la función del Consejo de Gabinete, en materia de evaluación de empréstitos del ente y de emisión de bonos, solo para las sumas que excedan de los tres millones de dólares, cuando la Constitución en su artículo 200 numerales 3 y 7, no limita el monto.

Hay un tiempo procesal para todo, en nuestro derecho positivo.

Un sector enorme de la población panameña, se siente desprotegida por la falta de atención médica en los hospitales y clínicas públicas, negándoseles el derecho a la salud, como mandata la Carta Magna en su artículo 109.

Constitución

ARTICULO 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social.

En Honduras el Presidente Porfirio Lobo anunció, hace unos días, el despido de 111 doctores por la huelga del sector médico hondureño.

Incluso, el gobernante hondureño, dio a entender que en caso de no encontrar sustitutos en Honduras, se buscaría reemplazantes en el extranjero, con el fin de no “negar el derecho a la salud”.

En Panamá es un hecho público y notorio las invitaciones que el gobierno y los diputados, le está haciendo al sector médico en huelga, para dialogar y al día de hoy, no acuden al llamado para acabar con una huelga, que afecta a la mayoría del país.

Del texto constitucional citado, el Estado tiene la responsabilidad de brindar salud a la población y no puede negarle ese derecho.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en sentencia de 3 de diciembre de 2008, ha dicho que la responsabilidad del Estado en materia de salud, por lo general surge cuando el servicio no se presta y cuando se presta mal o en forma deficiente. En el primer caso, puede ocurrir que alguna persona que demanda un servicio de salud al Estado, no lo recibe.

No está de más decir, que el Estado podría ser sujeto de demandas legales contenciosas administrativas, por parte de los ciudadanos, de manera directa, si algunos se sienten afectados, por la falta de prestación del servicio público de salud, que por cierto, pagan muchos por adelantado, inclusive.

Por lo antes expuesto, mi criterio es, que las autoridades, deben hacer lo siguiente, de persistir la huelga:

1. Remitir denuncias penales ante el Ministerio Público, contra la dirigencia médica, para empezar, por la presunta violación del artículo 356 del código penal.

Código penal

Artículo 356. El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

2. Iniciar las destituciones del personal médico, que no desea trabajar.

3. Suplir las faltas, por destitución, con el personal médico nacional, que quisiera atender a la población panameña y en caso de no encontrar a panameños disponibles, buscar a los extranjeros idóneos, para tal fin.

Finalmente exteriorizo que el poder emana del pueblo, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución y los gobiernos, dado el caso, tienen que tomar las medidas enérgicas, que el caso amerita, para satisfacer ese interés mayoritario

Políticos que aspiran al solio presidencial, con el objeto de granjearse la voluntad popular, están haciendo promesas para cambiar la administración de justicia, de una forma que pocos les creen.

Algunos hasta dicen tener el “perfil” que deberá reunir la persona que ocupe el cargo de Procurador General de la Nación y hasta manifiestan que deberá actuar de forma independiente.

El presidente actual utilizó el mismo argumento, cuando nombró a algunos magistrados de la Corte.

Probablemente el que quede de presidente en el 2014, escogerá para puestos de importancia, en la administración de justicia, a las personas que le sean más conocidas, de acuerdo a lo que permite la Carta Magna patria.

¿Cómo se puede hacer sería una promesa de ésta naturaleza?

Dejando por escrito una autorregulación que diga que se sujetarán, para escoger a los funcionarios que administrarán justicia, de su competencia, a las personas que provengan de una lista, proporcionada por una organización x, que tenga credibilidad y buena reputación. Misma que deberá hacer un concurso de méritos a los candidatos, con objetividad, a efecto de seleccionar, de las listas que contendrá, por puesto a elegir, los nombres de las cinco personas que obtuviesen la mayor puntuación.

Considero inadmisible que se seleccione para éstos cargos, a personas que solo tienen el título básico de licenciatura en derecho y ciencias políticas y no hayan escrito ni una obra, en donde se pueda leer, su línea de pensamiento jurídico sobre un tópico.