Autoridades panameñas han planteado que la ampliación del Corredor Sur se pagaría con la cesión de los derechos de relleno de 44 hectáreas que posee actualmente Empresa Nacional de Autopista (ENA) SUR, en virtud del contrato de concesión 70-96 de 6 de agosto de 1996.
Para ello se ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Nº683 (y esta en debate el mismo), que posibilita al concesionario ceder en todo o parte de los derechos de relleno del lecho marino que se le hayan reconocido, sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios y/o agentes de garantía locales o internacionales, para garantizar el financiamiento de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la concesión. Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas, previa autorización del Consejo de Gabinete, podrá autorizar al concesionario la cesión de los derechos de relleno de lecho marino a favor de terceros, una vez el Consejo de Gabinete haya desafectado las mismas e inscritas como bienes patrimoniales de la Nación, como medio de pago por la ejecución de las obras y/o la prestación de los servicios correspondientes.
A mi juicio ese proyecto podría tener visos de inconstitucionalidad, por lo siguiente:
Ningún relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional.
CONSTITUCIÓN
“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:
1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.
2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.
3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.
4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.
5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”
JURISPRUDENCIA
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.
…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”
En Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados, que fueron rellenos de fondo de mar, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (aquí no se habló de VENTA).
¿Qué es la desafectación?
La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.
No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afectó un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley o peor, aún el Consejo de Gabinete, puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.
De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.
Abanicar la idea de vender los terrenos rellenados sobre fondo de mar, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio público que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley, o con el aval del Consejo de Gabinete, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.