El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos.
El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:
Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
…
12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.
El indulto se promulga por vía de un acto administrativo (decreto ejecutivo) y por lo tanto, al generar derechos subjetivos, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el mismo órgano que lo expidió.
¿Qué ha dicho la Corte sobre la irrevocabilidad del acto administrativo?
“Así los hechos, claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos.
Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado por el demandante… ” Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010.
Afirmo que el ejecutivo nuevo, si quiere anular un acto administrativo de su antecesor, (por ejemplo, un indulto) que produjo derechos subjetivos, debe demandar su nulidad ante la Corte, respetando el estado de derecho.
¿Cuándo un ente administrativo puede anular su propio acto de oficio?
Únicamente, cuando gravita el cumplimiento de alguna de las causales, que reza la Ley 38 de 2000, a saber:
Ley 38 de 2000
Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:
1. Si fuese emitida sin competencia para ello;
Comentario. El Ejecutivo si era competente para emitir los indultos cuestionados, conforme a la Carta Magna, por lo tanto, este aparte no aplica. Los cuestionamientos de fondo del por qué se emitieron los mismos, debe ser motivo del análisis de la Corte, ante demanda.
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;
Comentario: es cuando el beneficiado en el acto administrativo le mintió al que otorgó la resolución. No aplica para el indulto.
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y
Comentario. Para el tema de los indultos, si los beneficiados por los mismos, dan su aval para la anulación, entonces podría el ejecutivo actual revocárselos.
4. Cuando así lo disponga una norma especial.
Comentario. No aplica para el indulto, pues no se ha regulado, esta figura, fuera la de la Constitución.
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho.” (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)
Artículo 63. Tampoco podrán revocarse de oficio los actos administrativos emitidos para dar cumplimiento a una orden de un tribunal o de una agencia del Ministerio Público.
Debe quedar claro que el indulto solo se debe darse, para los casos de delito político.
En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, porque los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y porque los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia.
En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.”
Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”
¿Qué puede hacer el ejecutivo hoy, si considera que los indultos dados por el Ejecutivo anterior, no se adecuaron a derecho?
1. Instruir para demandar su nulidad o inconstitucionalidad ante la Corte.
2. Instruir para que se advierta la supuesta inconstitucionalidad de los indultos, ante el órgano judicial o el ente competente, que deba aplicarlos.
Si el Ejecutivo deroga per se, los indultos cuestionados, podría estar debilitando la seguridad jurídica, y estaría mandando un mensaje claro; que puede eliminar los beneficios dados por su antecesor, obviando la intervención del ente jurisdiccional y esto sería peligroso, para la estabilidad jurídica de las inversiones en Panamá. Mañana perfectamente podría entonces, pretender eliminar libre y discrecionalmente, un contrato o beneficio, según él mal otorgado, por la administración anterior, etcétera