El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual
necesario, para que se lleven a cabo las mismas.
Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y
no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente
y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo
caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del
examen o de la retención.
El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en
presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos
vecinos honorables del mismo lugar.
Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas
o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados
como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran
los autores.
Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de
agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución
Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente
conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a
todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la
comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la
protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de
comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la
telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la
puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que
utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su
momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.
Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las
comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las
mismas, serían ilegales.
¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato
constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios
técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no
dirigidas al público?
Conforme al código penal, la de una pena de prisión.
informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo
electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya
sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente
en días-multa o arresto de fines de semana.
ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información
obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años
de prisión o su equivalente en días-multa, prisión domiciliaria o trabajo
comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo
anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación
y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad.
destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego,
correo electrónico, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a
otras personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años o su
equivalente en días multa o arresto de fines de semana, la cual se aumentará en
una sexta parte si lo divulgara o revelara. Si la persona que ha cometido la
acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicación, la
sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se aumentará en una sexta
parte si lo revelara o divulgara.
la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o
utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción
de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a
cuatro años de prisión.
¿Quiénes podrían interceptar ilegalmente una comunicación?
Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de
comunicaciones, particulares, etc.
¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?
El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento
constitucional y legal.
Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las
comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado, para preservar con
ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña
libremente.