Todas las entradas de en admin

Mi opinión sobre el anteproyecto de ley 193, que pretende reformar la ley 22 de 2006, sobre contratación públicas. El documento es insuficiente y puede producir un caos en el gobierno.

Algunas objeciones.

1. Crucifica la licitación abreviada, que era el mecanismo que utilizan los gobiernos para agilizar sus compras cuando gravitaba el interés social o estado de urgencia, (obviado la contratación directa) cuando lo que debía hacerse era modificarlo para hacerlo más transparente.

2. Ahora se busca que todos los recursos interpuestos, suspendan los actos impugnados, cuando la ley actual no permite esto, para no traumatizar al Estado.

3. Sigue con el blindaje hacia a las compras de medicamentos, impidiendo (como igual lo hace la ley actual) que se presenten recursos en la vía gubernativa, contra las decisiones. Como hay las quejas sobre el particular.

4. Sigue con el arraigo de las notificaciones en tableros, olvidando que cuando se permitía en el 2006 esto, en “los avisos”, era por el inicio del sistema electrónico “PanamaCompra”. Hoy debiera ser historia el edicto; e impide el anteproyecto, que se ejecutoríen los actos, hasta que se notifiquen por las dos vías; la electrónica y la edictal. Retroceso total.

5. No se sabe por qué en el anteproyecto, se insiste en beneficiar a la CSS en sus adquisiciones de equipos médicos y no al MINSA ni a patronatos de la salud, que compran lo mismo. (Véase el artículo 1)

6. No prohíbe el anteproyecto, las contrataciones de solidaridad alimentaria del IMA, que se hacen hoy, muchas de ellas, de manera directa por invitación, pero si sujeta al PAN en la normativa. No se entiende esto.

7. No resuelve el problema que hay en las órdenes de compra, su creación, refrendo anticipado, anulación y notificación.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, dentro el expediente relacionado con las bolsas de comida y granos que se adquirieron en el PAN, ha ordenado el envío a la Corte, copia íntegra del sumario, el cual consta de 61 tomos, a fin de se investiguen a los diputados que fueron mencionados en esa investigación, los cuales adquirieron las bolsas, con las partidas circuitales. Véase la resolución del 24 de marzo de 2015 de la fiscalía en cuestión.

La corte tiene dos opciones, a mi juicio.

1. El admitir la causa penal como hizo en el caso del diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli, o

2. No abrir causa penal contra los diputados mencionados, como hizo con la denuncia que se presentó otrora contra 34 diputados, alegando que no había la llamada “prueba idónea” aunque se habían presentado, documentos autenticados oficiales.

Me sorprendería gratamente que se abriera la causa penal.

Oficialmente el caso aún no ha llegado a la corte, a lo legal.

A continuación, plasmo un cuadro de lo que dispusieron los diputados del quinquenio 2009-2014 de sus partidas circuitales en el PAN, según los datos oficiales del MEF, con los datos que se recogió en la resolución del 24 de marzo del 2015 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en torno al caso de las compras de las bolsas de comida y grano para los diputados.

1. Tener a un diputado que se jactaba en el periodo de incidencias de no ser del círculo íntimo del gobernante anterior, pero afirmaba que le dieron 7 millones en partidas circuitales, “únicamente”, a son de menesteroso.

2. Tener una buena parte de sus diputados beneficiados con partidas circuitales, sin que nadie sepa como administraron esos recursos.

3. Las bancadas no tienen identidad definida de contrapeso al Órgano Ejecutivo. No se percibe a nadie en oposición beligerante.

4. Campea la intolerancia entre los mismos diputados.

5. Una diputada denuncia una supuesta intromisión del ejecutivo en el legislativo y no despierta mayor preocupación.

6. Gravitan varias denuncias contra los magistrados de la corte, y no las evacuan, prontamente conforme a lo que el derecho dispone.

7. No empujan mayores proyectos de leyes que beneficien al pueblo.

8. El Ejecutivo, conforme dijeron los medios, se queda por más de 50 días con un proyecto de ley sin sancionarlo (el de los estacionamientos) y la asamblea no emite ningún comentario negativo por la demora.

9. Hasta hoy, no le han dicho a los ciudadanos, como administraron los bonos navideños otorgados.

10. Algunos diputados prefieren pasar desapercibidos en los debates y ante la sociedad, en procura de que el pueblo olvide su pasado.

11. Algunos diputados, aunque electos por el pueblo como de oposición, por los discursos que emiten, pareciera que desean urgentemente que los adopte el Órgano Ejecutivo.

Con la Vista Fiscal No. 123 del 12 de marzo de 2015, el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro dice que la ley 53 de 2012 que derogó la Sala V no es inconstitucional, por que según él, la Constitución le ha delegado al Órgano Legislativo, la facultad de crear tribunales y también de suprimirlos.

Su vista se presentó dentro de la acción inconstitucionalidad que yo instauré, en contra de la susodicha ley que deroga la Sala V, desde hace tres años. (El caso estaba engavetado pero lo acaban de reactivar). Mi criterio coincide con la anterior sentencia que tuvo el Pleno de la Corte, cuando dictaminó que el Órgano Legislativo, puede crear Salas en la corte, más no suprimirlas.

El caso está en el periodo de alegatos, luego la corte en pleno, deberá fallar en el fondo y si se compadece con su anterior fallo, dado en el 2011, en sentencia de 25 de enero, reviviría la Sala V, contrario sensu, si prohíja la tesis del nuevo Procurador, el statu quo actual, se mantendría.