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En resolución del 12 de marzo de 2015, del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, entregada a la secretaria general de la Corte, el día 3 de julio de 2015, se decidió no admitir la denuncia que yo interpuse contra 34 diputados que no le han rendido cuentas al país, por el uso de las partidas circuitales. Se argumentó que yo no presenté prueba idónea, aunque aporté informes autenticados del MEF sobre las partidas circuitales, la declaración indagatoria de RAFAEL GUARDIA, autenticada, entre otros documentos.

La Corte en Pleno dijo que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos.

De igual forma expuso el PLENO de la Corte: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

Finalmente dijo el PLENO: “El hecho que los Diputados no hayan presentado el informe de su gestión ante la Contraloría General, o la mayoría de los ciudadanos no tenga conocimiento de su presentación, o hayan incurrido en morosidad en su presentación, no nos conduce necesariamente a la conclusión a la que llegó el denunciante, que esa omisión o demora implica la comisión de actos delictivos previstos como tipos penales Contra La Administración Pública. Esa es una apreciación subjetiva que el Pleno no comparte”.

El fin del discurso, de quien suscribe, es éste. Si el Contralor no les exige la rendición de cuentas a los diputados, por el uso de las partidas circuitales, INCUMPLE su papel fiscalizador y pudiera estar sujeto a un proceso en su contra.

Lo bueno

1. No fue contencioso en el discurso, sino conciliador.

2. Solicitó a los medios, respetar la reserva del sumario.

3. Va a procurar el fortaleceremos el sistema judicial.

4. Fortalecerá el programa de prevención de la delincuencia.

5. Que van a hacer énfasis, en los proyectos sociales, como gobierno.

Lo malo

1. El dar un plazo adicional de 6 meses para que se concluya la revisión de la pasada administración y sus faltas, cuando el código judicial no precisa fecha tope para poder presentar las denuncias.

2. El asegurar que la comida mantiene su precio, cuando en el comercio se percibe otra cosa.

3. El haber pedido a los fiscales y los jueces que permitan a los que están arrepentidos y dispuestos a cambiar, la aplicación de la norma penal que les permita una pronta reinserción social, siendo este un tema inherente a la administración de justicia, en exclusividad.

Lo feo

1. El de postergar el proceso de la asamblea constituyente, cuando esto fue una promesa de campaña, esperada por muchos panameños, para ajustar la Carta Magna a la realidad actual el país.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2015, determinó sobre la interpretación que le daba al artículo 17 constitucional; que esa norma, no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales.

Dijo la Corte que se trataba de un precepto de contenido normativo y por ende, no requería de un desarrollo ulterior para tener eficacia.

Para ir mitigando cada día más, el flagelo de la corrupción en Panamá, pudiéramos hacer lo que sigue, como idea:

· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas particulares a crearlo.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.

· Motivando a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.

· Modificando la ley 35 de 2013 que redujo los términos de prescripción para el enriquecimiento injustificado, peculado y los delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública.

· Modificando la ley 59 de 1999 para que permita la fiscalización ciudadana, de las declaraciones jurada de bienes patrimoniales, de todos los funcionarios con mando y jurisdicción.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí.

1. Eliminar el precio oculto, en la licitación pública, con evaluación separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que la entidad pudiera filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para beneficiarlo.

2. Eliminar la contratación libre a discreción, que introdujo la ley 48 de 2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo proveedor, de manera directa y sin limitación de periodo.

3. Hacer un sistema unitario de compras, para todo el Estado panameño, eliminando en consecuencia, con ello la ley del PAN y de la CSS, en materia de contratación pública.

4. Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas) empiece a imponer multas a los servidores públicos, que violen los principios y las normas de contratación pública, como lo mandata la ley.

5. Que todas las consultorías, se sometan a actos públicos y con ello se eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos entes públicos.

6. Que se establezca un sistema de rendición de cuentas, en algunos procesos de compras.

7. Que el sistema electrónico “PanamaCompra” tenga un buscador más amigable. Nadie puede encontrar información en el sistema con facilidad, salvo que uno conozca exactamente el número del acto público realizado.

Con la resolución del 12 de febrero de 2015, de la sala tercera de la corte suprema, se declaró ilegal el incremento de hasta un 21% de las tarifas del transporte colectivo y selectivo, en todas las rutas y en las diversas modalidades a nivel nacional, con excepción del transporte colectivo, en los distritos de Panamá y San Miguelito, aprobadas en la Resolución AL-No. 235 de 31 de marzo de 2011, ya que ésta última fue declarada ilegal con la sentencia de marras.

¿Y que hizo la ATTT sobre el particular?

No ajustó la tarifa en beneficio del usuario, sino que salió corriendo en marzo del 2015 a hacer las consultas que no hizo en el 2011, para así subsanar la omisión administrativa y no afectar a los transportistas.

Hoy publica la Resolución AL-141 de 17 de junio de 2015, redactada de muy mala manera que en vez de mantener el aumento del 21 % bajo comentario (anulado por ilegal), da a entender que fija un nuevo incremento de otro 21%.

La verdad sea dicha, el usuario nunca fue beneficiado por la ATTT, por que más peso el transportista.