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Las Medidas Cautelares Personales

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Conforme a la ley, nadie puede ser
sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad
en su contra.

Serán aplicables las medidas cautelares, conforme al código judicial, en
términos generales:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones,
relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la
autenticidad de las pruebas;

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta
hacerlo;


c. Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado,
exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de
armas u otros medios de violencia personal.

¿Cuándo se puede decretar la detención preventiva en la cárcel?

La detención preventiva en establecimientos carcelarios, sólo podrá decretarse
cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a
su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y
sin honrar la uniformidad en muchos casos. No todo indagado, merece la
cárcel preventiva.

Los problemas en los PHs

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La ley 31 de 2010 establece el Régimen
de Propiedad Horizontal en Panamá, sin embargo, la normativa cuenta con lagunas
serias por lo que ha posibilitado actos abusivos, por un lado y por el otro,
algunos jueces están permitiendo procesos contrarios a la lealtad y buena fe
procesal de manera indigna, por una mala interpretación de la ley, analizando benignamente
el accionar del operador judicial.
Ejemplos a superar en el futuro, por
una modificación a la normativa que debe hacerse ya.
El promotor de los dos condohoteles de Ibiza,
que segregó áreas comunes de los proyectos en fincas independientes para
ponerlas en venta. Y tras lograr la comercialización de estas zonas, las mismas
fueron hipotecadas y ahora han sido secuestradas.
El PH BAHIA DEL GOLF, que ha sido
secuestrado no solo en su administración sino que a toda la Junta Directiva de
la Asamblea de Propietarios del PH, el promotor de un proyecto, les secuestro su
bienes personales, de manera abusiva e inusual, porque la JD, ejerciendo su función
social, ejecutó acciones ante las autoridades púbicas en beneficio de los
propietarios, pero que la promotora interpretó que iban en contra de sus intereses
comerciales y por eso hasta los demandó y pretende quitarles sus bienes
familiares.
Si no se ajusta la normativa, difícilmente
habrá personas deseosas de participar en los órganos de gobierno de un PH, por
el temor de perder sus bienes personales,  y esto trastocaría el régimen de la propiedad
horizontal y su funcionamiento.

El método para el nombramiento, de los magistrados en la Corte Suprema

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El Consejo de Gabinete se ha querido autorregular, estableciendo un método para la selección de los magistrados de la corte suprema; consistente en recibir todas las hojas de vida de los aspirantes, hacer una lista corta y pasarlo a algunos integrantes de la sociedad civil organizada, para su ponderación.

A mi parecer este método ya se prostituyó; cuenta habida de que ya existen dirigentes de grupo, que han manifestado a los medios de comunicación, que si no aparecen algunos nombres en la lista corta del Gabinete, que ellos consideran potables, cuestionarían el porqué de la ausencia (ejemplo el dirigente del colegio de abogados), por tal razón, la idea noble del Consejo de Gabinete, se ha tergiversado y no fortalecería la democracia en el evento de que los otros gremios a ser consultados, sigan con similares agendas.

Abogaría mejor que la lista corta ut supra (antes citada), sea consultada por todos los integrantes de la sociedad, vía web; previo a la decisión final y se elimine la consulta a algunos gremios, debido a lo expuesto.

La extraña administración de justicia

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No se entiende,
como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén
en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan
de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los
de alto perfil investigados.
No se entiende,
como los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se
demoran en exceso.
No se entiende,
como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que
están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público,
impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos
casos.
No se entiende, como el señor
contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales,
para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia,
para responder por sus actos.
No se entiende, como algunas personas
de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada,
no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.
No se entiende como la corte para un
caso de un diputado, si aplica la imputación cargos, pero para otro diputado no,
sino que se va directo a la acusación.
  
Posibles causas de esto.

La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a
casos concretos.
La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
La falta de unificación de criterios, en los organismos rectores.
La falta de rendición de cuentas de
las autoridades, hacía la ciudadanía.
Las instituciones penales y
penitenciarias, no funcionan bien.

El reglamento del sistema ‘Pele- Police’

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La Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias  del PLENO,
con números de entradas  972-11 y 951-11, ha dicho que el uso del
Pele Police no es inconstitucional.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, en el expediente con
entrada No. 972-11, recomendó establecerse una reglamentación que de manera
específica detalle cómo debe usarse el “pele police” por los miembros de la
Policía Nacional, las consecuencias de su uso y las responsabilidades por el
mal uso del mismo, entre otros. Ello en atención a los compromisos
internacionales ratificados por Panamá, en materia de libertad de una persona o
personas producto de un retén policial, sin una orden escrita y sin
formalidades legales y constitucionales.
Dijo la Corte, que la utilización de la herramienta denominada “pele
police” para verificar datos o información personal más allá de los permitidos
y para los cuales se ha implementado su uso, constituyen actos autónomos que
pueden reñir con derechos fundamentales constitucionales y legales, que pueden
ser impugnados por quien se considere afectados y por las vías, mecanismos,
remedios o acciones legales.

No obstante lo antes dicho, hasta el momento no se conoce que haya
salido a la luz pública, la expedición del reglamento sugerido por la más alta
corporación de justicia.

El gas pimienta

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El gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos, puede causar lágrimas, dolor e incluso ceguera momentánea.
Usualmente se usa o para la defensa personal o para preservar el orden público.
La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo (STOA) publicó en 1998 “Una evaluación de las tecnologías de control político”, una extensa información del aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno Escribieron:
“Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos.”
Según Wikipedia, para las personas que tienen asma, que están tomando medicamentos o son objeto de técnicas restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. El Los Angeles Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial del aerosol de pimienta desde 1990 en EE.UU.
En Panamá no existe un instrumento jurídico, conocido por la población, sobre el uso de este gas; sobre quienes lo pueden usar (si por policía y particulares)  y bajo que condiciones, es permitido su aplicación.
En algunos países, si existe regulación al respecto.
Mi criterio es que debe existir una normativa promulgada,  que restrinja su uso sólo para la policía  y para cuando resulte imprescindible, porque ya se agotaron todos los medios no violentos para proteger el bien jurídico, que está a punto de ser lesionado o está siendo lesionado o porque no existe en el caso, una opción no violenta para protegerlo o restituirlo eficazmente.

El extraño debido proceso

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La administración de justicia debe mejorar ya.
En los procesos que se surten ante la Asamblea Nacional (ejemplo;
investigaciones contra los magistrados de la corte suprema) los diputados hacen
audiencia de imputación de cargos, aplicando la regla general del código
procesal penal que así lo exige, que no está en el procedimiento especial
(ejemplo: el caso del exmagistrado Moncada Luna).
En la corte, para el caso del diputado del Parlacen Ricardo Martinelli,
no se hará audiencia de imputación de cargos, aplicando estrictamente el
procedimiento especial que no contempla esta posibilidad. No aplicaran al
parecer, el procedimiento general como aplicó la Asamblea Nacional otrora, en
los términos expuestos y se dará paso a la Audiencia de Formulación de
Acusación.
No obstante, en el caso del diputado suplente de Colón Samuel Bennett,
en la corte, otrora el magistrado José Ayú Prado, fiscal del caso, si solicitó
la audiencia para imputar cargos a Bennett y legalizar las pruebas recabadas en
la investigación por enriquecimiento ilícito y blanqueo de
capitales. El juez de garantías en este proceso fue el magistrado Harry
Díaz.

Que alguien nos explique a los panameños, de una manera que entendamos, que
es lo que esta pasando con nuestro sistema de administración de justicia en
Panamá.

INVITACIÓN A VIGILIA

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El
PH Bahía del Golf se encuentra secuestrado por la promotora, Bahía del Golf
S.A.: Administración, cuenta bancaria del PH en el Banco General, personas
naturales que estamos en la Junta Directiva y otros propietarios (secuestro de
cuentas bancarias, bienes, inmuebles). Asimismo, se solicitó el secuestro de la
cuenta por pagar entre las cuales está el pago del terreno del MOP, por
expropiación por un aproximado de US$ 500,000. A la fecha no hay precedente en el país en relación a PHs de una
situación similar.
Varios
secuestros se han distribuido en varios juzgados por el mismo hecho, contra
varios propietarios que se han quejado por los abusos.
¿Por
qué los propietarios tenemos posiciones encontradas con la Promotora, que nos
vendió los apartamentos?
·  Pretensión de levantamiento de 2 nuevas torres de
edificio, con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del año 2006, que se asume
vencido. El Ministerio de Ambiente ya realizó una inspección.
·  El cambio del reglamento de co-propietarios en el
Registro Público sin un llamado y sin aprobación de la Asamblea de
Copropietarios (mínimo 66% de los propietarios).
·  Vicios ocultos que incluyen apartamentos con fugas
de gas, levantamiento de pisos, rampa de entrada de vehículos deteriorada y que
al ceder puede romper parte de las tuberías de agua del PH. Una situación que
pone en peligro la seguridad de las 175 familias que aquí residimos.
·  Inicio de la construcción (desde que secuestraron)
que incluye unas construcciones secundarias y áreas anexas comunes sin permisos
de la Alcaldía. Ante esto se llamó a la Corregiduria, les pusieron una multa y
actualmente se encuentra en la Secretaria Técnica de la Alcaldía para firma su
resolución.
El
lunes 19 de Octubre a las 5:30PM, celebraremos a una gran vigilia como protesta
ante los abusos de la promotora, frente al PH

La Corte Suprema de Justicia debe aclarar trámites

Por enUncategorized
Otrora en el caso del diputado
suplente de Colón Samuel Bennett. El magistrado José Ayú Prado, fiscal
del caso, solicitó la audiencia para imputar cargos a Bennett y legalizar las
pruebas recabadas en la investigación por
enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. El juez de
garantías en este proceso fue el magistrado Harry Díaz.
El 24 de marzo pasado, la CSJ admitió la denuncia
contra Bennett,  suplente del diputado Mario Lazarus, del partido Cambio
Democrático. 
Cómo es que ahora el magistrado Harry Díaz  actuando como fiscal de la causa en otro caso,
no imputa cargos al diputado Ricardo Martinelli.
Como quiera que muchos ciudadanos no entendemos lo que ha pasado, urge
que la corte suprema le rinda cuentas al país al respecto. Nos merecemos una
buena explicación.

No queremos que se vicien
los procesos de ninguna manera.

INCERTIDUMBRE SOBRE TRÁMITES PROCESALES DE ALTO PERFIL

Por enUncategorized

La administración de justicia debe mejorar ya. Alguien al parecer está INVENTANDO procedimientos y no es aconsejable tal práctica, en un estado de derecho.

Mientras que los procesos que se surten ante la Asamblea Nacional (ejemplo; investigaciones contra los magistrados de la corte suprema) los diputados hacen audiencia de imputación de cargos, aplicando la regla general del código procesal penal que así lo exige, que no está en el procedimiento especial (ejemplo: el caso del exmagistrado Moncada Luna); Sin embargo, en la corte, para el caso del diputado del Parlacen Ricardo Martinelli, no se hará audiencia de imputación de cargos, aplicando estrictamente el procedimiento especial que no contempla esta posibilidad. No aplicaran al parecer, el procedimiento general como aplicó la Asamblea Nacional otrora, en los términos expuestos y se dará paso a la Audiencia de Formulación de Acusación.

Que alguien nos explique a los panameños, cuál de los organismos de los anotados, es el que no está honrando el debido proceso en Panamá.

No nos merecemos procedimientos extraños, que podrían viciar casos en el futuro, en tribunales internacionales.