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1. De la acción  de habeas corpus contra agente con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o mas provincias.
2. De la acción  de amparo de garantías, contra agente con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o mas provincias.
3. De la acción de habeas corpus y de amparo de garantías contra Magistrados Superiores y Fiscales de Distrito,
4. De las apelaciones de habeas corpus y de amparo de garantías procedentes de los tribunales superiores.
5. De las peticiones que haga el procurador general para las filmaciones y grabaciones.

1. De los recursos de inconstitucionalidad. Los verá el PLENO
2. De los Habeas Data. Los verá el PLENO

En los próximos días, se estará dando inicio, el proceso de regularización migratoria extraordinaria, para los extranjeros ilegales en Panamá. La actividad no tiene un basamento legal adecuado, por lo siguiente:

1. Se está interpretando erróneamente el artículo 171 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 2008 que faculta a migración para tomar medidas humanitarias, excepcionalmente en algunos casos; no obstante, al programarse el IX proceso de regularización de este tipo, ha iniciarse próximamente en Panamá, el 18 de junio del año en curso, se está haciendo una regla la medida, más que una excepción, dejando al proceso en estudio de esta forma, huérfano de un sustento legal sano.

2. Se está permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un mayor privilegio que los extranjeros que legamente arribaron a nuestro territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento de los requisitos que a los otros se les pide.

3. Se está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que no tienen los recursos per se, para poder subsistir.

4. Se le está privando a la Asamblea Nacional de Diputados, del derecho constitucional de legislar sobre esta materia.

5. Con la Resolución No. DM111-2012 de 29 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial No. 27047 de 1 de junio de 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pretende otorgarle permisos de trabajo, por dos años, a éstos extranjeros, violándose con ello, el artículo 17 del código laboral, en cuanto al porcentaje de extranjeros, que debe haber en una empresa.

Mi deseo es que las autoridades reflexionen, sobre las consecuencias de esta medida, y le pongan un alto, a esta costumbre peligrosa.

Conforme a la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 25 de enero de 2011 se ha revivido la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999, que creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, mediante el fenómeno conocido como la reviviscencia de una ley derogada.

Aunque algunas personas no están de acuerdo con este concepto, se aclara que las decisiones de la Corte Suprema, son finales, definitivas y obligatorias, por lo que no admiten, recursos en su contra. (Artículo 206 Constitucional)

En el fallo en comentario la Corte dijo: “Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto por esta Corporación de Justicia, y al declararse la inconstitucionalidad de las normas anteriormente indicadas, queda expresamente vigente la Ley N° 32 de 23 de julio de 1999, mediante la cual se creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, en virtud de lo cual, dado el hecho de que los periodos constitucionales de los tres (3) primeros Magistrados, culminaron el último día de diciembre de los años 2004, 2006 y 2008, respectivamente, se pone en conocimiento de la autoridad nominadora que, puede proceder al nombramiento de los tres (3) nuevos Magistrados que han de integrar la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia, con sus respectivos suplentes, conforme a lo señalado en el parágrafo transitorio del artículo 23 de Ley N° 32 de 23 de julio 1999, que les fuera aplicado a los tres (3) primeros Magistrados integrantes de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, es decir, respetando el principio de nombramientos escalonados a que se refiere el último párrafo del artículo 203 de la Constitución Política.”

Aunque en lo personal, veo con buenos ojos que haya una nueva Sala en la Corte, que pueda servir para la expedición de sentencias, en materia constitucional, la Sala Quinta, no debiera implementarse hoy, hasta tanto se tomen las siguientes medidas.

1. Se cree una ley que obligue a los magistrados a elaborar y/o revisar los diversos proyectos, dentro de un término perentorio cierto. Hay casos que tienen años en la Corte, sin embargo, no se emiten fallos al respecto.
2. Se incluya en una ley, la facultad de ventilar los Habeas Data, a la Sala Quinta.
3. Se converse, reposadamente, con la ciudadanía de manera clara, sobre las ventajas de la Sala Quinta, para que comprenda sobre la necesidad de ésta. Hasta ahora el comentario que ha salido en favor de esta Sala, es la que justifica la implementación expedita de la Sala, para evitar el deterioro de las estructuras en donde van a estar las oficinas de la Sala Quinta. El argumento adolece de sustento técnico.
4. Se establezcan perfiles técnicos, para los que hayan de ocupar los cargos de magistrados de la Sala Quinta. Si no se hace esto, un sector grande de la población creerá que los nombramientos obedecen solo para fortalecer el poder presidencialista.

Personas han cuestionado el veto presidencial sobre el Proyecto General de Cultura, que fue objetado, debido a que creaba un ministerio.

Desde el punto de vista constitucional, la creación de un ministerio solo puede ser propuesto por el Órgano Ejecutivo, conforme reza el Artículo 159 constitucional.

Acto seguido el artículo en cuestión.

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
…
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
…
Por lo antes expuesto, el veto del señor presidente, se adecua a derecho, cuenta habida, que la idea de crear un ministerio, no salió del ejecutivo como debía hacerse. Los asesores de la Asamblea Nacional debieron haber presentado sus argumentos constitucionales sabedores sobre el particular y al parecer, no lo hicieron.
¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional, sobre el tema, si lo desea?
Cambiar la estructura organizativa del INAC pero no crear un ministerio; así lo ha posibilitado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo del 24 de abril de 1996, cuyo concepto se mantiene hoy incólume.
“La estructuración de la administración pública, por lo tanto, establece el Órgano Legislativo, pero sobre la base de un proyecto de ley cuya iniciativa le corresponde en forma privativa al Órgano Ejecutivo. No obstante, estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las funciones, asegure la eficacia de la administración pública, ya creada, cuyo establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere al acto fundacional de una entidad pública, sin que, una vez creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir (o redistribuir) entre ellos las funciones y negocios de la administración, por cuanto, se repite, en apreciación de este Pleno, la limitación de la iniciativa legislativa que

consagra el numeral 12 del artículo 153 (hoy 159) se refiere exclusivamente a la propuesta del acto fundacional de creación de entidades públicas, por parte del Órgano Ejecutivo.”

Si el tema de la creación del ministerio de la cultura, hubiese sido debatido en sesiones extraordinarias, (que no es el caso bajo análisis) la ley sería potable, aunque no hubiese sido propuesto por el ejecutivo, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia Pleno del 5 de junio de 1997. La Corte sobre el tema, dijo que “si bien el proyecto de Ley Nº 28 “por el cual se modifican, derogan y adicionan algunos artículos de la Ley Nº 5 de 25 de febrero de 1993 (Por la cual se crea la Autoridad de la Región Interoceánica y se adoptan medidas sobre los bienes revertidos) fue presentado inicialmente por el Honorable Legislador Víctor López en sesiones ordinarias, fue el Ejecutivo quien convocó a sesiones extraordinarias a fin de que se sometiera a discusión- entre otros- el proyecto de ley Nº 28 antes aludido, de modo tal que prácticamente, fue el Ejecutivo quien puso en movimiento el proyecto en cuestión. De manera tal que los argumentos esgrimidos por los demandantes carecen de toda validez jurídica y por ende no logran demostrar la supuesta violación a las normas arriba mencionadas.”

Hoy personas cuestionan las licitaciones públicas por mejor valor, llevadas a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, en obras viales. Este sistema de selección de contratista fue creado por la Ley No. 22 de 2006, de la administración anterior, y se permite cuando el objeto del contrato, reviste de un cierto grado de complejidad y se adjudica al que más punto tenga de un total del 100%. Aquí el precio se pondera, pero solo como uno de los componentes del acto.

A mi juicio las objeciones, por presunto sobre costos, que se le endilgan a las obras viales, por algunos entendidos, son extemporáneas, por lo siguiente:

1. La licitación se anunció con tiempo en el sitio virtual, “PanamaCompra”.
2. El acta de la homologación, fue publicada en el sitio virtual, “PanamaCompra.”
3. El informe de la Comisión Evaluadora del acto público, se comunicó en el sitio virtual, “PanamaCompra.”
4. La descalificación de los proponentes, que no cumplieron con el pliego de cargos, se publicó, en el sitio virtual, “PanamaCompra.”
5. La adjudicación del acto se publicó, en el sitio virtual, “PanamaCompra. Se destaca que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le ha dado fuerza vinculante al informe de las comisiones, en base a la interpretación que le han dado al Artículo 54 de la ley 22 de 2006. En tal sentido, el MOP estaba obligado a adjudicarle al oferente ganador con más puntaje. En la Resolución No. 035- Pleno/TAdeCP de 11 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dijo en la página 23: “la participación de las Comisiones ya sea Evaluadoras o Verificadoras como lo es en el caso sub júdice, que de conformidad al contenido normativo del artículo 48 (hoy 54) de la Ley de Contrataciones Públicas, el Informe generado por la misma tiene una fortaleza formal con carácter obligante, en las Entidades rectoras al anunciar su Acto de Adjudicación o de Declaratoria de Desierto, en pronunciarse y respetar dichas valoraciones de los informes de estas Comisiones…””
6. El contrato público, de la obra mas promocionada, al menos, fue refrendado por la Contraloría General, por lo que no puede eliminarse hoy, por la seguridad jurídica.

Lo que pareciera gravitar en mi concepto, es un componente político, en torno al ítem del sobre costo, mismo que existió otrora, cuando muchos políticos cuestionaron a la cinta costera, endosándole el mote de “cinta coimera” no obstante, hasta el momento, no han podido probar, con prueba fehaciente, que hubo sobre costo, en la prenombrada obra.

¿El MOP que debiera hacer, con urgencia hoy?

Ir a todos los medios de comunicación, sin excepción, hasta donde le sea posible, para rendirle cuenta al país sobre este tema. ¡Cuentas claras, conservan la amistad ¡

Con los artículos 203 y 204 del Reglamento de Tránsito, se hace viable como prueba para el infractor del reglamento en cuestión, el registro de la cámara fotográfica y/o video.

Reglamento de Tránsito

Artículo 204. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre queda facultada para establecer procedimientos que permitan sancionar las infracciones que sean registradas a través de cámaras fotográficas o de video o dispositivos electrónicos o similares, en donde estos registros se constituyen en prueba para la aplicación de la sanción correspondiente.

Artículo 203. Todo conductor será responsable de cualquier infracción de tránsito que incurra al manejar un vehículo. Se exceptúa de lo anterior, aquellas faltas donde la infracción sea registrada al vehículo en cuyo caso el propietario del vehículo será responsable de la infracción. Para aplicar estas infracciones se identificará el vehículo por el número de placa única registrada por medio de cámaras fotográficas o de video, dispositivos electrónicos o similares, o boletas adhesivas de mal estacionado.

Para tal fin, se ha publicado en la Gaceta Oficial No. 26940-B de 28 de diciembre de 2011, la Resolución AL-NO. No. 1717 de 22 de diciembre de 2011, que establece el mecanismo de notificación de las boletas mediante el procedimiento de detección electrónica, a través de cámara fotográfica y/o video.

Lo contradictorio, es el mecanismo, que se esta validando para notificar estos tipos de boletas. Según la norma, es válida la notificación, en el llamado de las llamadas telefónicas a celulares; la grabación respectiva, (a veces la gente ni la oye inmediatamente) en el caso del correo electrónico, su respectiva copia de envío (a veces por el volumen de los correos, no se ven en el acto) y en la notificación residencial o laboral, el acuse de recibo (no es obligatorio que firme el infractor que recibe, según la disposición). (Véase el Artículo 10). Lo de la boleta de citación, adhesiva, al auto del infractor, no se contempla para este rubro.

Esto pudiera estar lesionando la forma de notificación que reza la Ley 38 de 2000, que nos habla de la notificación personal o edictal del sujeto.

Una cosa es la facultad de precisar un procedimiento para sancionar que tiene la ATTT y otra cosa es la de modificar el sistema de notificación, que una norma de mayor jerarquía ha dispuesto, para fortalecer el debido proceso.

Cuando se ha querido modificar el sistema de notificación, es la ley, la que consagra la diferencia, como en el caso de la Ley 22 de 2006 (de contratación pública) que notifica a través de “PanamáCompra.”

Ojala nunca escuchemos de las quejas de los usuarios, sobre este respecto.

Los medios de comunicación, informan la futura creación del Centro de Convenciones en Amador que se pretende hacer mediante una licitación. Esto no corresponde con lo que dice el Plan Estratégico de Gobierno, publicado el 12 de enero de 2010, en la Gaceta Oficial No. 26445- A, en sus páginas 74 y 75 en donde se nos informa que la decisión del gobierno, era la de construir el nuevo centro de convenciones, mediante la modalidad de concesiones y asociaciones públicos- privadas, en donde el sector privado, invertiría con el capital por adelantado, cargando con casi la totalidad o la mayoría del riesgo.

No comprendemos por que se ha cambiando el derrotero de manera rápida, sino se ha agotado la idea de impulsar un proyecto de la APP consensuado, con las empresas, para lograr el fin propuesto, máxime que el Nuevo Centro de Convenciones, podría estar valorado, más o menos, en 150 millones de dólares, conforme reza en la página 76 del documento publicado en Gaceta.

Se ha publicado, finalmente, que se quiere vender el Centro de Convenciones ATLAPA, sin embargo, si parte de éste inmueble, hubiese sido construido sobre el lecho de mar, éste segmento, no podría ser vendido, pues violaría el artículo 258 de la Constitución Política.

La Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), a través de su presidente Dionisio Ortega, exigió este lunes 4 de junio al Gobierno Nacional que cumpla con el acuerdo de no dar a conocer al público en general el listado de los transportistas que están recibiendo las compensaciones tras la modernización del transporte público.

Desconocemos a que arreglo llegó el gobierno con los transportistas, pero conforme al Artículo 8 de la Ley 6 de 2002 esos pagos son de acceso libre, cuenta habida de que son el producto de las actividades que desarrolla el gobierno, por lo que todo ciudadano debe conocerlo, como fiscalizador de la cosa pública.

El Artículo 10 de la ley en mención obliga al Estado a informarle al que lo solicite, sobre las decisiones adoptadas, por el gobierno y en el Artículo 14 Ibid, que contiene la información de acceso restringido, que no debe darse, no contempla el pago de compensaciones con dineros del Estado.

Es baladí el argumento de la omisión de la información, por la seguridad de los transportistas, debido a que tal tesis, no rige para todos los propietarios de bienes inmuebles, los cuales están expuestos, en la base de datos gratuita, del Registro Público de Panamá, que hasta por Internet, se puede investigar.

URGE LA TRANSPARENCIA EN ESTOS PAGOS

Balance sobre el ANTE- PROYECTO DE LEY DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
El Ante- proyecto de ley, de 163 artículos, esta siendo consultado con diversos sectores de la sociedad y el mismo pretende reestructurar el marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento de la República de Panamá.

BALANCE POSITIVO

1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo.

2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos.

3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales.

4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorias e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad.

5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado.

6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo.

7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión.

8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad.

9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda.

10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio.

11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos.

BALANCE NEGATIVO

1. No se detalla en que consisten las inversiones que tendrá la Autoridad, por el orden de los 800 millones, que se enuncia, en el considerando del ante-proyecto y como se van a obtener los ingresos.
2. La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.
3. La exigencia, del tiempo, para la renuncia del cargo, para los directores de la Autoridad, que desean optar a puestos de elección popular, NO coincide con lo que estipula el código electoral, para todas las demás personas.

4. El Ejecutivo tiene facultad plena de remover a los directores de la Autoridad, por comprobada incapacidad administrativa; esto es muy subjetivo.
5. No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.
6. El fiscalizador general de la Autoridad, sin ser abogado o CPA podrá, revisar las normas legales y hasta llevar a cabo auditorías.

7. No existe la estabilidad funcional, para el cargo de fiscalizador general.
8. No se incluye el principio de licitación pública, en las contrataciones de la Autoridad. Esto pudiera ser poco transparente.
9. La Autoridad no es responsable, ante terceros, como los demás entes públicos en el País, por las acciones abusivas de sus funcionarios.
10. No se incluye la función fiscalizadora previa de la Contraloría General, en las contrataciones y en el manejo de lo fondos públicos, de la Autoridad. Determina que la Contraloría llevará sólo la auditoria posterior. Esto es inconstitucional.

11. No se precisa para los funcionarios de la Autoridad, que se sujetarán, al régimen laboral y a los beneficios del código laboral.
12. No se le pone límites, a la contratación de extranjeros.
13. Se le pretende cobrar al pueblo, el costo de los medidores de consumo de agua y un cargo por su instalación.
14. Inconstitucionalmente se limita, a la CORTE Suprema de Justicia, en su función de suspender provisionalmente, los actos, de la Autoridad.