Un
sobrecosto, también conocido como un
incremento de costo o
sobrepasar el presupuesto, es un
costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).
Gente a menudo, se le escucha argumentar en algunos medios, supuestos sobrecostos, en algunas obras o proyectos del Estado.
Si hay sobrecostos o no, en algunas obras o proyectos, no me consta, pero afirmo que si tuviera certeza de eso (con pruebas), lo hubiese demandado, ante las autoridades competentes, pues sería mi deber como ciudadano, el hacerlo, como individuo honesto.
¿Cómo se establece generalmente, el precio de referencia, en un proyecto u obra?
Las unidades administrativas suelen buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia) para alentar al oferente, a que participe en los actos públicos programados.
La mayoría de las obras y/o proyectos cuestionados, se están haciendo en licitaciones, esto quiere decir, que el precio proyectado y el pliego de cargos, se subió previamente en la página virtual “PanamaCompra” y nadie impugnó nada del acto, por ilegal, como se hubiese podido hacer. Es más, hasta se han hecho contratos; son refrendados, por Contraloría y nadie los ha impugnado, ante la Sala Tercera de la Corte, como se puede hacer, igualmente.
¿Pero estos actos serían ilegales?
Claro que no, hasta que la Corte pudiera declararlos así.
¿Cambiarán las reglas del juego, cuando venga el nuevo gobierno en el 2014?
Por supuesto que no, ya que los 3 magistrados de la Sala Tercera de hoy, permanecerán en el 2014, hasta que uno de ellos, sea reemplazado a posteriori, o sea, seguirá, practicante la misma composición tribunalicia, por lo que resulta contradictorio argumentar que en el 2014 se actuará, por los mencionados sobrecostos, pudiéndolo hacer ahora, claro está, aportando las evidencias de rigor, de existir las mismas.
¿Las adendas se pueden hacer?
Legalmente se pueden hacer, si gravita la justificación adecuada del caso y son refrendadas, por Contraloría. La ley 22 de 2006, lo permite.
Aclaro que cualquier ciudadano pudiera impugnar las adendas, por improcedentes, si es que no hay justificación para ellas, inclusive, de acuerdo al derecho positivo.
Mi argumento es que si alguien tiene pruebas de ilegalidades, sobre un acto público ensayado, o sobre alguna contratación hecha, el deber impone, que se hagan las demandas y/o denuncias, que el caso amerite, máxime, que los magistrados de la Sala Tercera permanecerán en sus cargos, de acuerdo a lo que dicta la Constitución vigente.
(Deber de denunciar)
Código Judicial
Artículo 1995.
El que, por cualquier medio, tuviere noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio, está obligado a poner el hecho en conocimiento del funcionario de instrucción más próximo al sitio en que se hallare, y si se tratare de un delito infraganti, a la autoridad de policía o al agente de la autoridad más próximo al sitio en que hubiere sido ejecutado. En este supuesto, la autoridad de policía o el agente de la autoridad tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner al detenido, si lo hubiere, a disposición del funcionario de instrucción competente.
Finalmente digo, que una contratación directa hecha, también se puede objetar, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por vicios descubiertos, sin ningún problema. Yo lo he hecho en el pasado, con éxito.