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Los representantes de los países participantes en la primera
reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, del  12 al 15 de agosto de 2013, firmaron el CONSENSO
DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO, en donde se destacan algunos
derechos generales y en los que resalto, unos que pudieran ser la punta de
lazan para que se pretenda variar puntos importantes Supremos en Panamá,
flagelando los valores éticos y morales de la mayoría de los panameños, y esto no
pudiera darse, debido a que el poder emana del pueblo, en base a lo que dispone
el artículo 2 constitucional.

Consenso

…

36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar
la discriminación basada en la  orientación
sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su  manifestación;

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud
sexual y salud reproductiva de calidad,  tomando
en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes
y  jóvenes, personas LGTB, personas
mayores y personas con discapacidad, prestando particular  atención a personas en condición de
vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y  remotas y promoviendo la participación
ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

Debe quedar
claro, que la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual segura y
satisfactoria, la capacidad de tener
hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué
frecuencia (derechos reproductivos). (La
enciclopedia libre.)

No
objeto la elección de vida que haya hecho una persona en especial; opino que se
debe respetar esto en derecho, no obstante, lo que me preocupa  y RECHAZO, es la interpretación que pudiera esgrimirse sobre el
consenso antes descrito, en el sentido de procurar, el cambio de la normas legales
y/o constitucionales vigentes, que hagan viable el matrimonio entre personas
del mismo género y la adopción de personas, en uniones homosexuales.

Definitivamente
que estos cambios, si se dieran, atentarían contra la moral cristina, inspiradora
de nuestro derecho constitucional y legal y de la cual, yo soy partidario – defensor.

Constitución

ARTICULO
35. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de
todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión
católica es la de la mayoría de los panameños.

He leído con detenimiento el Contrato
No. 028/2012 de la ATP con la empresa PENSAMONICA y manifiesto que sería irresponsable
de mi parte, endilgarle responsabilidad absoluta al administrador del ente
público, como invocan algunos, primordialmente por que el instrumento legal,
fue avalado por aproximadamente 14 personas, previo al refrendo adicional de la
Contralora General.

Ellos revisaron todo y lo
encontraron conforme.

El Consejo Nacional de Turismo,
está  integrado por nueve miembros y sus
respectivos suplentes, así:

1. El Ministro de Comercio e Industrias o quien él delegue.

2. El Ministro de Economía y Finanzas o quien él delegue.

3. El Ministro de Gobierno y Justicia o quien él delegue.

4. El Ministro de Obras Públicas o quien él delegue.

5. El Ministro de Relaciones Exteriores o quien él delegue.

6. Cuatro representantes
principales y sus suplentes, miembros de la Cámara de Turismo de  Panamá, escogidos de ternas presentadas por la
Cámara al Órgano Ejecutivo.

El CENA lo integra el sector económico
y financiero del gobierno así: S.E. Frank De Lima Gercich, Ministro de Economía
y Finanzas y Presidente del Consejo Económico Nacional; S.E. Omar Castillo, Viceministro
de Economía y Secretario Técnico del Consejo Económico Nacional; S.E. Ricardo
Quijano, Ministro de Comercio e Industrias; S.E. Jaime Ford Castro Ministro de
Obras Públicas (Área Social); Lic. Dario Berbey, Gerente General del Banco
Nacional de Panamá y Lic. Gioconoda Torres de Bianchini Contralora General de
la República, (con derecho a voz, esta última).

No puedo referirme al ítem
económico del contrato, debido a que quien suscribe, es lego en guarismos
informáticos, no obstante, salvo prueba en contrario, el contrato debiera seguir
su curso en legalidad, cuenta habida, que el mismo fue sujeto a la aprobación del
sector económico y financiero del administrador del Estado.

Lo que si sería inadmisible, es que
un futuro, quisieran seguir dándole contratación directa, al mismo contratista,
a manera de monopolio a perpetuidad, ya que por un lado, esto colisionaría con
el artículo 266 constitucional, y por el otro, ya el argumento primario que
privó, para contratar a PENSAMONICA, que fue el de seguir dándole continuidad contractual
inmediata, al que manejaba, en términos generales, la cuenta turística del País,
no tendría cabida, toda vez, que la ATP tiene hogaño, todo el tiempo necesario
para hacer un buen proceso de selección de contratista, para el rubro y se podría
señalar además, que hay varias empresas que manejan el tema, hoy en día.

Podría ser una desviación de poder,
el volver a contratar directamente con el mismo proveedor, para el mismo rubro
y debido a esto, la actuación, sería ilegal, de acuerdo a la Ley 38 de 2000.

La libertad de expresión es el derecho que tiene
la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Ahora  bien, el libertinaje de expresión,
es la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones
diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle
lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

En mi país, galopan algunos sobre la cabalgadura
del libertinaje de expresión, cuando
a menudo, se percata uno, en los diversos medios de comunicación social, que
hay personas, que por medio de éstos, denigran la imagen y la honra de otros
congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas
ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la
Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de
los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

Ésta práctica es corrupta, no edifica y
debiera cesar.

Según las
estadísticas consolidadas de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas,
que van desde el año 2007 al 2013, los casos que fallan en contra del Estado
son el 56% y a favor el 44%.

Esto ha sido
una constante desde que se creó el comentado Tribunal, que a mi juicio falla en
estricto derecho.  

Siendo así el
universo, ¿Por qué ahora es que son noticias los contratos públicos, si en administraciones
anteriores también había flagelaciones, del derecho interno? Tengo 18 viendo
este tema.

Desconozco la
respuesta, pero afirmo que algunas de las debilidades que he visto sobre el
tema en los gobiernos (plural), han sido las siguientes:

Según las estadísticas
consolidadas IBIDEM, los actos más recurridos, son de las siguientes entidades:

MEDUCA el 31%

CSS el 26%

Ministerio de
la Presidencia el 17%

MOP y el
Ministerio de Gobierno el 13%

Es justo comentar
que muchos de los errores en los actos públicos, se deben a las deficiencias del
personal operativo y no del representante legal de las instituciones, que sólo firma
los documentos, previa revisión de las firmas, de las personas responsables.

Es un hecho público y notorio que sólo los hombres, son los que aspiran
hoy, al cargo presidencial, en las próximas elecciones generales del 2014.

No obstante, como no se ha definido aún, la nómina presidencial, de los
candidatos; esbozo a continuación, 10 razones, por las cuales pienso, que una
mujer, podría ser una muy buena opción para ser considerada, como
vice-presidenta, en la fórmula a presentarse próximamente al Tribunal
Electoral.

La Constitución reza lo que sigue.

ARTICULO 69. Se reconoce el derecho de huelga. La Ley
reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los
servicios públicos que ella determine.

               

La huelga
docente no se ha reglamentado por ley, en su ejercicio, como mandata la
Constitución, por tanto, están sujetos a los descuentos que la administración
les quiera hacer, a los educadores que se arriesgan a practicarla.

El
funcionario en derecho administrativo, solo puede exigir el pago, por los días
efectivamente laborados.

La Corte
Suprema de Justicia, Sala Tercera, del 23 de agosto de 1994, ha avalado
 decisiones administrativas, sobre el tema de los descuentos laborales, a
los educadores huelguistas.

Veamos

“Existe una omisión legislativa
en el sentido de que no se ha regulado las restricciones especiales a que puede
someterse el derecho a huelga en los servicios públicos de educación. Mientras
esta ley no se dicte, rige el principio fundamental de derecho público de que
los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente los autoriza
(artículo 18 de la Constitución que establece el principio de la legalidad).
Los educadores de la República son servidores públicos y por tanto sus actos
tienen que realizarse única y exclusivamente conforme lo manda la ley y ésta
dispone que no pueden ausentarse de sus trabajos sin causa justificada
(artículo 797 del Código Administrativo), así como también son de aplicación
los artículos 803, 808 y 811 del mismo Código así como el artículo 144 de la
Ley 47 de 1946. Tales normas contienen implícitamente, las sanciones que las
autoridades administrativas pueden adoptar en caso de abandono del puesto por
parte de un servidor público, por lo que la actuación del Ministro de Educación
tiene pleno respaldo jurídico.

Mientras no se regule el derecho
de huelga de los servidores públicos de educación que no están
comprendidos entre los que menciona el artículo 486 del Código de Trabajo, que
establece qué servicios públicos pueden hacer uso del derecho de huelga,
conforme al artículo 485 del mismo Código, que regula las limitaciones de la
huelga en los servicios públicos, haciéndolo en estos casos más exigentes que
en las huelga de las empresas privadas, tendrán los educadores del país que
someterse a las regulaciones legales existentes, hasta tanto no se dicte la ley
a que se refiere el artículo 65 (hoy 69) de la Constitución Nacional, para los
casos de huelga, que repetimos sólo están regulados en los artículos 485 y 486
del Código de Trabajo y en el que no están incluidos el servicio
público de educación.”

He leído varios de los pliegos de cargos, de
los contratos cuestionados de esa entidad y aparece en ellos, una cualidad exigida
para el proveedor que pareciera que pocas empresas  pudieran cumplir en Panamá, a saber:

“Documentación que certifique que el
proponente ha realizado al menos cinco (5) contratos gubernamentales de
desarrollo empresarial, con montos mínimos de B/.165,000.00 cada uno y que
incluyan videos de negocio, durante los últimos 2 años”.

La Ministra, para evitarse problemas legales,
debiera mostrarle a la ciudadanía, que en el estudio previo en el mercado, que
debió hacer su entidad, al momento de hacer el pliego de cargos,  su entidad corroboró la existencia de varias
empresas que pudieran cumplir con ese perfil, pues de lo contrario, sería
pecaminosa la contratación, independientemente que hubiese hecho la licitación
pública; toda vez que el pliego de cargos, debe hacerse de manera objetiva y
transparente; procurando sobre todo, la participación de diversos oferentes, en
los actos, con el propósito de lograr la adquisición de un buen producto, a un
buen precio. (Véanse los artículos  18 y 25 de la ley 22 de 2006).