En Panamá hay una clase especial que tiende a permanecer separado de los demás, en cuanto a privilegios. Me refiero a los diputados.
Hechos de importancia, que sustenta el planteamiento.
- Cada miembro de la Asamblea Nacional tiene acceso a nombrar personal por contratos, hasta por 30 mil dólares mensuales. Aseveración hecha por el presidente de la Asamblea Nacional.
- Nadie los procesa por supuestos delitos electorales. La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral, en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, no obstante la jurisdicción electoral, no hace nada al respecto hoy.
- No ha habido en Panamá, ninguna sentencia contra algún diputado, conforme a las nuevas normas procesales penales vigentes, aunque existen denuncias en curso hoy.
- Los casos contra los diputados en la Corte no avanzan. Ejemplo: el 13 de julio del 2015, presenté una denuncia contra 29 diputados suplentes que cobran remuneración de la Asamblea, pero que además cobran sueldo en el sector público, en violación de la Constitución y ni si siquiera se ha admitido esto aún.
- Le he pedido formalmente al Contralor General que audite las partidas circuitales que administraron los señores diputados en el quinquenio anterior y no lo ha querido hacer. Pedido que hice en el año 2015. Se administraron B/ 403,496,332.00
- Algunos diputados no asisten a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.
- La Asamblea Nacional con la Resolución No. 1 de 2 de julio de 2014, concedió licencia a algunos diputados y diputadas, para ejercer la profesión de abogados y poder seguir cobrando el sueldo como diputados.
- Una integrante de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), denuncia por supuesto tráfico de influencias a un diputado y ninguna autoridad competente se pronuncia sobe el tema.
Como Nación, necesitamos con urgencia, un cambio de timón sobre el tema de la rendición de cuentas, para evitar una explosión social.
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