Medios de comunicación informan que miembros de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático se presentaron ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados y solicitaron una investigación contra el presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, por su presunta vinculación, junto a otros funcionarios panameños, en el escándalo de supuesto pago de sobornos por parte de empresas italianas.
Piden la separación del cargo de Martinelli, para la realización de “investigaciones prístinas” por parte de una comisión legislativa conformada por diputados de todas las bancadas.
Como prueba, adjuntaron reseñas de publicaciones periodísticas sobre el llamado caso Lavitola.
Legalmente, la acción en comentario, no se adecua a la legalidad, por lo siguiente.
El código judicial, en el artículo 2478 y siguiente, (que contiene el ritual para el juzgamiento del presidente), no contempla la figura de la separación del cargo del denunciado y sabido es, que donde la ley no distingue, no le es dable al hombre el distinguir.
Como el caso en Italia, esta en una etapa incipiente, mal se puede presentar una denuncia a la Asamblea Nacional de Diputados, debido a que atentaría, contra el principio de presunción de inocencia, que está recogido en el artículo 22 de la Constitución. Deben los interesados esperar el resultado final de caso en Italia, para que con el veredicto y las pruebas del negocio jurídico, puedan proceder, con la presentación de las acciones debidas, si el caso lo amerita.
Los recortes de los diarios del caso Lavítola, no hacen prueba sumaria, pues no recogen la certeza de un expediente foráneo, que está hoy, bajo la protección de la reserva del sumario.
Iniciar una investigación, motivados por recortes de diarios, no solo es irresponsable, sino atentatorio del debido proceso, toda vez que cualquiera pudiera hacer publicar una información inexacta, contra alguien, de mala fe, para que sea procesado, sin que se hubiese valorado por autoridad competente primero, el descargo del afectado.
El código judicial, no consagra la creación de una comisión especial conformada por los diputados de todas las bancadas, para que pueda ser investigado un presidente. Valorar este pedido hoy, sería un atentado contra la democracia y contra el poder constituido. ¡Así tampoco es la cosa¡
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