Ya se ha hecho una norma que los gobernantes actuales, autoricen el inicio de trámites migratorios de legalización, a través de procesos de regularización migratoria extraordinaria.
Estos eventos son delicados, a mi juicio por ilegales y hasta inconsistentes. Veamos.
1. Se está interpretando erróneamente el artículo 171 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 2008 que faculta a migración para tomar medidas humanitarias, excepcionalmente en algunos casos; no obstante, al programarse el IX proceso de regularización de este tipo, ha iniciarse próximamente en Panamá, el 18 de junio del año en curso, se está haciendo una regla la medida, más que una excepción, dejando al proceso en estudio de esta forma, huérfano de un sustento legal sano.
2. Se esta permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un mayor privilegio que los extranjeros que legamente arribaron a nuestro territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento de los requisitos que a los otros se les pide. En algunos casos hasta se les permite trabajar sin cumplir con los rigores del código laboral patrio.
3. Se está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que no tienen los recursos per se para poder subsistir. Se desconoce si es una presión empresarial, para obtener una mano de obra barata. En otros países las leyes migratorias son flexibles para los extranjeros intelectuales y técnicos. No es el caso panameño.
4. Se le está privando a la Asamblea Nacional de Diputados, el derecho constitucional de legislar sobre esta materia.
5. En el IX proceso se le esta exigiendo a los indocumentados que presenten para su trámite, el Record Policivo de su país de origen a diferencia de los otros procesos efectuados anteriormente, sin rendirle cuentas al país del por que del cambio; es decir para saber, si en los anteriores se filtraron gente del mal vivir en Panamá y sobre las medidas que se tomaron al respecto y sobre las sanciones que se ejecutaron contra los funcionarios que inventaron estos procesos, sin mayor control.
Mi deseo es que la sensatez llegue a la mente de los servidores públicos que insisten en seguir un derrotero peligroso para la paz social de los panameños.
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