El diario La Prensa ha publicado que en los primeros siete meses de este año, la Presidencia de la República se ha gastado $8.3 millones en publicidad y promoción. Así lo revela un informe del Ministerio de la Presidencia al que tuvo acceso ese diario. Dijo que esta cifra no estaba prevista en el presupuesto del Palacio de las Garzas. De acuerdo al informe, la partida inicial para este renglón era de $2.9 millones para todo el año 2012. Pero la cifra se elevó a través de créditos extraordinarios y traslados de partidas.
De ser cierta estas afirmaciones, los panameños nos merecemos un informe adecuado sobre el porqué del gasto en este renglón y el carácter de su enfoque, debido a que en algunas propagandas, hasta pareciera pretenderse elevar, de alguna manera, la imagen de algún personero del Estado.
¿Cómo se lleva a la vida jurídica, un contrato de publicidad por la vía normal?
La unidad gestora la proyecta (Ministerio, etc.) y se lo pasa a la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO para que lo apruebe.
La Contraloría General no refrenda normalmente, ningún pago sobre pautas publicitarias, sin que la Secretaria comentada haya dado su visto bueno; y su sustento legal radica en la Circular No. 44-2006-DC-DFG de 10 de julio de 2006, reiterada en la Circular No. 60-Leg de 26 de agosto de 2006, vigentes hoy; en las que se dice que: “toda publicidad del Estado que sea pautada en los medios de comunicación o de información a nivel nacional, debe ser previamente aprobada por la Secretaría de Comunicación del Estado, con excepción de anuncios de edictos, licitaciones públicas y demás comunicados requeridos por ley.”
Aclaro que dentro del género de publicidad, se han incluido a las cuñas y las propagandas.
De manera anormal se puede llevar a cabo también, una publicidad y es cuando el ente público celebra un contrato de publicidad, sin el aval de la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO y la Contraloría lo paga. En este caso, el gestor junto con la Contraloría, serían los responsables por el gasto, ya que salió a la vida jurídica el contrato, sin que se honrara, el procedimiento previsto.
Por lo antes expuesto, como ciudadanos, nos merecemos al menos, una justificación real y efectiva, sobre el por qué se han avalado pautas, donde pareciera que se le está rindiendo culto a diversas personalidades del gobierno, con fondos del Estado.
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