La Jefa del Ministerio Público le ha dicho a los medios de comunicación social que las auditorías que elaboró la Contraloría General a cinco obras que desarrolló el pasado gobierno, están firmadas por auditores de la Contraloría, pero que se contrató una firma de consultoría para el tema.
Si esto es así, tales auditorias podrían tener valor probatorio, en mi concepto, ya que fueron firmadas por los auditores de la Contraloría, como personal idóneo de éste ente, conforme lo ha ratificado la Corte Suprema.
Jurisprudencia
En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha a los programas del otrora FIS.
La Corte dijo:
“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad…”.
Esto quiere decir que la Contraloría ha prohijado el análisis del consultor, validando el trabajo, dentro del plano de la rigurosidad que ha dispensado el constituyente en el artículo 280 constitucional.
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