Archivar en enero 31, 2016

A continuación, algunas sugerencias para elevar la imagen del llamado primer Órgano del Estado en Panamá.

1. Que los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se les confió la asignación de partidas circuitales en el pasado, le rindan cuentas al país, del manejo de dichos fondos.
2. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.
3. Que eleven el tono en sus discursos.
4. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.
5. Que practiquen la tolerancia.
6. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.
7. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda. Actualmente aparentan ser una filial del Órgano Ejecutivo.
8. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.
9. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.
10. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.

En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones
supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante. Es decir, que el funcionario público al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo”.

Le Ley 75 de 1904, aprobó la convención de extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica.

Con la misma se conviene en entregarse mutuamente, las personas  que habiendo sido acusadas o condenadas por los delitos en el tratado descrito,  busquen asilo o se encuentren en territorio de la otra.

Dicho lo anterior, surge el siguiente planteamiento. ¿Puede algún panameño ser extraditado por las “Pinchadas” hacia Panamá, conforme al tratado antes citado?

La respuesta es NO, debido a que el tratado de marras, no contempla este delito.

El listado de los delitos por las cuales se puede extraditar a un nacional, que consagra el artículo segundo Ibídem, no contiene la figura en cuestión.

El tratado contempla, el delito de malversación cometida por empleados públicos, el soborno, homicidio y/o crímenes, robo, falsificación de valores, algunos tipos de fraude, perjurio, violación, rapto, sustracción de personas, delitos en el mar, incendio, pero no las interceptaciones.

Una extradición acelerada emitida por presión de grupo, según mi opinión, podría beneficiar el camino del extraditado (si tiene varias denuncias en Panamá), pues conforme al artículo octavo Ibíd., ninguna persona entregada, podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.

En todo proceso en lo penal, conforme al sistema penal acusatorio, debe haber imputación de cargos para vincular al denunciado con un  hecho incorrecto. “A partir de la formulación de imputación hay vinculación formal al proceso”. Artículo 280 final del código procesal penal. Sin formulación de cargos, no puede haber juicio. Artículo 5 Ibídem.

En reciente sentencia del Pleno de la Corte del 19 de noviembre de 2015, en donde se declaró inconstitucional el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012, (ley blindaje de los diputados), la corte en los ejemplos que dio, recalcó la existencia de la imputación de cargos contra los diputados vinculados, así:

“Veamos ahora el caso contrario, en el cual el Fiscal investiga bien, pero al final de su plazo, una o dos semanas antes, decide realizar una imputación.”

“¿Cómo puede satisfacerse el derecho a una defensa material, real y efectiva, si a un diputado le toca preparar sus descargos en una o dos semanas, porque el Fiscal decidió imputarle cargos una o dos semanas antes del vencimiento del plazo de los dos meses?

La corte dijo en la sentencia de marras, que no puede aceptarse que ninguna norma pretenda establecer que determinadas personas, tengan mayores y mejores posibilidades de no ser juzgadas.

Si no fuera necesaria la  imputación de cargos, no se hubiera dado los ejemplos transcritos.

El fallo fue unánime.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 de diciembre de 2015, bajo la ponencia del Mag. Abel Zamorano, determinó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, no puede atender los temas sobre productos medicamentosos, ya que no tiene competencia para ello a lo legal.

La Corte dijo: “De forma clara se indica en los precitados artículos  (Ley 1 de 2001) que dentro de este procedimiento administrativo especial no cabe recurso en la vía administrativa, al considerarse que la Acción de Reclamo no tiene cabida dentro de los procedimientos especiales de adquisición de medicamentos, equipos e insumos médico-quirúrgicos, ya que tal situación sería contraria al espíritu por el cual fue diseñada la norma que limita la competencia de la Ley de Contrataciones Públicas, ya que lo que se procura con la modificación de dicha Ley es que, por ser temas de salud pública que requieren de celeridad, sea la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa quien tenga la competencia para conocer de recursos y evitar así cualquier tipo de actividad recursiva o accionaria que dilate la adquisición de medicamentos, equipos e insumos médico-quirúrgicos”.

“Sobre la base de lo anterior, el PLENO estima que la Dirección General de Contrataciones Públicas carece de competencia para evaluar acciones de reclamo o recursos de impugnación en la vía gubernativa en materia de medicamentos e insumos médicos, como en el presente caso, en virtud de la facultad para presentar impugnaciones se encuentra adscrita de acuerdo al artículo 137 de la Ley No.1 de 10 de enero de 2001, a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo”.

Mi percepción como ciudadano, es que en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.

Los factores que la impulsan, a continuación:

1. La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.

4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial

Artículo 2140.

Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.

…

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.

Huelga añadir que el principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).

3. Pone en desventaja al candidato de las minorías partidarias e
independientes.

Las reformas electorales fueron presentadas por el Tribunal Electoral, el 18 de enero de 2016 ante la Asamblea Nacional. Es el Proyecto de Ley No. 292, a debatirse en los próximos días.

El instrumento contiene puntos muy interesantes, como por ejemplo, el límite (tope) en el financiamiento en las donaciones privadas, no obstante otros, por que se apartan del tenor constitucional, es que requieren hacerles los reparos correspondientes.

En Sentencia del 6 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que no se pueden establecer en una ley, requisitos que desconozcan el contenido constitucional, como fuente suprema del ordenamiento jurídico y rectora del desarrollo de las demás leyes.

Luego entonces sería a mi juicio contrario a la Carta Magna, lo que sigue a continuación.

· La alternancia de género en una lista.

La propuesta dice que: “La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres y el cincuenta por ciento (50%) de hombres y en delegaciones, nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y hombres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por género (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.

En las circunscripciones plurinominales, las postulaciones de precandidatos o precandidatas para todos los cargos a elegir serán cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres, para principal y suplente, utilizando el sistema de alternancia de género, de forma tal que personas de un mismo sexo no estén consecutivas en la lista.

En las circunscripciones uninominales, toda postulación de precandidatos y precandidatas y candidatos y candidatas estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género”.

En nuestro sistema electoral democrático, los votos se buscan en la calle, opina quien suscribe.

Huelga añadir, que la Corte en el fallo en cita, también planteó que todo requisito para el ejercicio de los derechos políticos, debe ser congruente con los mandatos, valores y principios constitucionales.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de septiembre del 2015, pero que está siendo notificada en los estrados de la Corte, a partir del viernes 15 de enero del año en curso, declaró INCONSTITUCIONAL, el pago obligatorio del soterramiento de cables decretado en la Ley 15 de 2012.

La sentencia es por motivo de la Demanda de Inconstitucionalidad, que el suscrito interpuso en el año 2012, en contra de dos artículos de la referida ley.

Lo Declarado Inconstitucional, a continuación.

Artículo 1. Se establece una tasa del 0.5% aplicable a los clientes en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica local M01), nacional (102), internacional (103), de comunicaciones personales (106), telefonía móvil celular (107), de transporte de telecomunicaciones (200) y de televisión pagada (904) para cubrir los costos y la ejecución del soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada. Se excluyen de la aplicación de esta tasa los servicios antes descritos prestados bajo la modalidad prepago.

Las Corte dijo:

“Así, el hecho que la tasa en cuestión imponga un gravamen tanto a los usuarios que forman parte de las áreas definidas a soterrar, que presentan problemas de saturación, seguridad o con fines del mejoramiento estético- urbanístico, como a los usuarios que no forman parte del plan y/o no presentan los problemas que la ley pretende aliviar con el soterramiento de redes, genera una desigualdad negativa pues mientras que unos verían incrementado el valor de sus inmuebles a consecuencia del mejoramiento del espacio urbano y la descontaminación visual, otros no se favorecerían en sus intereses y derechos con el plan de soterramiento, al no redundar directamente en la plusvalía de su propiedad”.

“Los planteamientos anteriores conducen al Pleno a considerar que el artículo 1 de la Ley 15 de 26 de abril de 2012 presenta un primer vicio de inconstitucionalidad en virtud de que impone una tasa por soterramiento de redes a los clientes de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada sin diferenciar entre aquellos que se encuentran o no dentro de las áreas definidas para el programa de soterramiento, y que, por tanto, se verán favorecidos o afectados, unos si y otros no, directa o indirectamente, en sus intereses y derechos de propiedad.”