Archivar en noviembre 4, 2015

El arzobispo metropolitano de Panamá, en la reflexión del Te Deum planteó puntos importantes de nuestro sistema de justicia, que merecen la ponderación inmediata de nacionales y extraños.

Dijo confiar que el Ministerio Publico actué con el más estricto apego a la ley con las garantías de ofrecerles a los investigados, procesados e imputados el respeto pleno a sus derechos individuales. Sin embargo, su optimismo en mi concepto, discrepa en la forma en que el MP impone hoy, las medidas cautelares personales a su prudente arbitrio, a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.

Concuerdo con la preocupación del Monseñor que aboga por los miles de detenidos aún sin que se les hayan iniciado sus procesos.

“Tenemos un 60 por ciento de los privados de libertad que no han recibido condenas”, dijo el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien aseguró además que Panamá tiene la posición número uno en la aplicación de la detención preventiva y la tercera en cuanto a hacinamiento penitenciario. (Las palabras del ministro Henríquez se dieron en la Comisión de Gobierno en el marco de la aprobación en primer debate el Proyecto de Ley No. 245).

En lo que si pudiera apartarme de la línea clerical, es que considero que no es injusto que haya detención preventiva sin juicio ni condena, ya que la ley lo permite en los casos en que existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas; cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo; y cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

Lo que sí me parece aberrante y contrario a los derechos humanos, es que gravite, por nuestro deteriorado sistema de justicia, un alto índice en detenciones preventivas y una falta de control oportuno, para las medidas cautelares severas.

En la Comisión de Reformas Electorales, el Tribunal Electoral ha planteado una iniciativa perturbadora de la libertad de expresión.

Se trata de un artículo nuevo que pretende se convierta en ley de la república, dentro del código electoral patrio, en un futuro.

Artículo nuevo.

Artículo 198-L. Las sanciones por las violaciones a las prohibiciones dispuestas en este título, serán las siguientes:

1. Al medio, el cierre inmediato por 24 horas; y, en caso de reincidencia, el cierre por 72 horas, en cada caso.

2. Si el que pautó es un candidato, su inhabilitación, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 28 de este código.

3. Si el que pautó es un partido o un tercero, multa de diez veces el valor de la pauta; y en caso de reincidencia, multa de cien veces por cada caso.

No es comprensible que del Tribunal Electoral haya salido una iniciativa que pudiera afectar la libertad expresión, la libre empresa y la propiedad privada, en rango constitucional.

CONSTITUCIÓN

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

ARTICULO 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

…

El Consejo de Gabinete se ha querido autorregular, estableciendo un método para la selección de los magistrados de la corte suprema; consistente en recibir todas las hojas de vida de los aspirantes, hacer una lista corta y pasarlo a algunos integrantes de la sociedad civil organizada, para su ponderación.

A mi parecer este método ya se prostituyó; cuenta habida de que ya existen dirigentes de grupo, que han manifestado a los medios de comunicación, que si no aparecen algunos nombres en la lista corta del Gabinete, que ellos consideran potables, cuestionarían el porqué de la ausencia (ejemplo el dirigente del colegio de abogados), por tal razón, la idea noble del Consejo de Gabinete, se ha tergiversado y no fortalecería la democracia en el evento de que los otros gremios a ser consultados, sigan con similares agendas.

Abogaría mejor que la lista corta ut supra (antes citada), sea consultada por todos los integrantes de la sociedad, vía web; previo a la decisión final y se elimine la consulta a algunos gremios, debido a lo expuesto.