Archivar en mayo 23, 2015

El coimero es el que acepta soborno.

Por razones que desconocemos, la Asamblea Nacional de Diputados ha penalizado esta figura de la manera más suave posible, que hasta incentiva el mal accionar del funcionario.

¿Sabía usted que la máxima sanción para un coimero, es de cuatro años de prisión y conforme al código penal, ésta se puede convertir en días-multa, para obviar la cárcel?

Los diputados deben jugar su papel de forma digna y promover las leyes que lleven un mensaje contundente al destinatario, a saber; “la corrupción no será tolerada en Panamá”.

Sanción del coimero.

Código penal

Artículo 345. Será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.

2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado.

Reemplazo de la pena de prisión.

Código penal

Artículo 102. El Juez de Conocimiento, al dictar sentencia definitiva, podrá reemplazar las penas cortas privativas de la libertad, siempre que se trate de delincuente primario, por una de las siguientes:

1. La pena de prisión no mayor de cuatro años, por arresto de fines de semana, días-multa o trabajo comunitario.

2. La pena de arresto de fines de semana por trabajo comunitario o días-multa y viceversa.

Si la pena de prisión impuesta no excede de un año, podrá ser reemplazada por reprensión pública o privada.

Para los efectos de la ley penal, será considerado delincuente primario quien no ha sido sancionado o sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los últimos diez años.

Mi criterio es que el magistrado Jerónimo Mejía honró el debido proceso, con su decisión de inhibirse sobre la petición de nulidad pedida por la defensa del expresidente Martinelli, ya que de haber fallado otra cosa, hubiese podido ser procesado por extralimitación de funciones.

El código procesal penal dice que las nulidades se fallan en la etapa intermedia y no en la etapa de investigación. (Artículos 342 y 345 del código procesal penal). Corolario de lo anterior, en sentencia del 11 de octubre de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este criterio.

Se está mal interpretado la sentencia del 31 de marzo de 2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel González. En este caso se resolvió, que no se aplicaba el código procesal penal, sino el código judicial, por que el proceso se inició con la vigencia de la excerta judicial y no la procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la investigación) con la vigencia del código procesal penal, por lo que no se aplica a mi juicio, el código judicial, como argumenta su defensa.

Código procesal penal

Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación.

Cómo los jueces hablan con sus fallos, no se les oirá en los medios aclarando sus conceptos exteriorizados, como se vio en el caso Moncada Luna, pues los diputados son políticos.

Mi diagnostico procesal del por qué la defensa de Martinelli está pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto. Estrategia.

Mi criterio es que el magistrado Jerónimo Mejía honró el debido proceso, con su decisión de inhibirse sobre la petición de nulidad pedida por la defensa del expresidente Martinelli, ya que de haber fallado otra cosa, hubiese podido ser procesado por extralimitación de funciones.

El código procesal penal dice que las nulidades se fallan en la etapa intermedia y no en la etapa de investigación. (Artículos 342 y 345 del código procesal penal). Corolario de lo anterior, en sentencia del 11 de enero de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este criterio.

Se está mal interpretado la sentencia del 31 de marzo de 2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel González. En este caso se resolvió, que no se aplicaba el código procesal penal, sino el código judicial, por que el proceso se inició con la vigencia de la excerta judicial y no la procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la investigación) con la vigencia del código procesal penal, por lo que no se aplica a mi juicio, el código judicial, como argumenta su defensa.

Código procesal penal

Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación.

Cómo los jueces hablan con sus fallos, no se les oirá en los medios aclarando sus conceptos exteriorizados, como se vio en el caso Moncada Luna, pues los diputados son políticos.

Mi diagnostico procesal del por qué la defensa de Martinelli está pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto. Estrategia.

Creo firmemente que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no debieran esperar hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que pudieran aclarar a la mayor brevedad posible, los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

No obstante, me parece inoportuno y peligroso, que se hubiera admitido una denuncia penal contra el magistrado de la corte suprema de justicia, Víctor Benavides, con tan solo existir un relato de un recluso. Esto abre la puerta para permitir, en el futuro, la apertura de investigaciones contra sus homólogos y hasta contra el presidente de la república o la vicepresidenta, pues se aplica para todos, el mismo procedimiento que consta en el código procesal penal. (Artículos 467 y siguientes).

Debió exigirse la prueba sumaria para admitir la investigación, en acatamiento a lo que dispone el código judicial; es mi opinión.

No resulta comprensible exigir en un sistema, la prueba sumaria, para poder investigar a cualquier servidor público, pero no es necesaria, cuando se trata de investigaciones contra un magistrado de la corte suprema de justicia y/o presidente o vicepresidente de la República, cómo parece haber dictaminado la Asamblea con la admisión en cita.

Código judicial

Artículo 2464.

Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, y de que resarzan los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con excepción de los que tienen señalado un procedimiento especial en este Código.

Artículo 2467.

El que promueva querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2464, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.

La transparencia en el Estado, significa dar a conocer la información de carácter público que radica en cada ente público. De igual forma, tiene que ver con la rendición de cuenta gubernamental.

¿Por qué no somos transparentes, como humanos?

Porque tenemos algo que esconder y en el Estado la omisión, afecta la imagen fuertemente.

Huella en los diversos órganos.

En el Órgano Ejecutivo.

El nepotismo, provocó la repulsa ciudadana, cuando la conoció a través de los medios.

En el Órgano Legislativo.

La falta de deseo de eliminar la ley del blindaje.

Por otro lado, no quisieron restablecer los tiempos de prescripción de las penas para los delitos contra la administración pública. La anterior Asamblea, redujo el plazo para la prescripción de los delitos contra la administración pública: peculado, enriquecimiento injustificado y delitos contra el patrimonio estatal.

En el Órgano Judicial.

Ninguno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, le ha aclarado a la sociedad, estos temas de forma amplia.

Tampoco la corte se ha autorregulado, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Razones de la falta de transparencia, pueden ser varias, como por ejemplo; el miedo, arrogancia, ponderación de valores, ignorancia, dificultad para cumplir las metas, etc., pero lo que sí es cierto, que esta falencia, puede generar “actos de corrupción” que debe evitarse.

La honestidad debe obligar a tomar medidas radicales ya.