Archivar en agosto 4, 2014

Decimos que amamos al país; pero no les enseñamos valores a nuestros hijos y ni practicamos los mismos.

Decimos que amamos al país; pero deseamos acceder a un cargo púbico, únicamente para ver, cómo podemos resolver ilícitamente, nuestras necesidades.

Decimos que amamos al país; pero no valoramos al semejante.

Decimos que amamos al país; pero practicamos la cultura del juega vivo en nuestras acciones.

Decimos que amamos al país; pero sembramos cizaña, en los medios de comunicación y en las redes sociales, indignamente.

Decimos que amamos al país; pero nos hacemos los dormidos en los colectivos para no brindar cortesía, a las damas y a los adultos mayores.

Decimos que amamos al país; pero arrojamos basura en las calles de manera desagradable.

Decimos que amamos al país; pero nos da igual cuando izan o arrían la bandera o cuando cantan el himno nacional.

Decimos que amamos al país; pero no nos interesan los actos cívicos.

Decimos que amamos al país; pero juzgamos a los demás, según las apariencias y no con justo juicio.

Decimos que amamos al país; pero no respetamos los bienes ajenos.

Decimos que amamos al país; pero no nos interesa participar en los procesos, de toma de decisiones.

Decimos que amamos al país; pero nos resistimos a cumplir las leyes.

Decimos que amamos al país; pero no pagamos los impuestos.

Decimos que amamos al país; pero no mantenemos nuestras tradiciones culturales.

Decimos que amamos al país; pero no respetamos sus instituciones.

Decimos que amamos al país; pero no vigilamos el correcto desempeño, de los funcionarios que hemos elegido.

Decimos que amamos al país; pero no damos buenos ejemplos con nuestra conducta.

Decimos que amamos al país; pero practicamos las mimas acciones negativas que le censuramos a los otros.

Decimos que amamos al país; pero no deseamos rendirle cuentas a nadie.

Decimos que amamos al país; pero a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo, por simple interés.

Decimos que amamos al país; pero aceptamos como ciudadanos, el manejo tradicional de las partidas circuitales, como botín político exacerbado.

Es un hecho público y notorio que el Consejo de Gabinete, en la Resolución No. 140 de 22 de julio de 2014, autorizó el desistimiento de la querella interpuesta, otrora, en favor de algunos dirigentes sindicales, por la comisión del supuesto delito contra la administración pública.

El fundamento para el desistimiento de marras, lo precisaron en el artículo 1092 del código judicial, que es una norma general, que reza así:

Artículo 1092.
Los representantes del Estado, de los Municipios y de cualquiera otra institución descentralizada, autónoma o semiautónoma, no pueden desistir de los procesos o de las pretensiones que hayan entablado o ejercitado o de la oposición a la demanda que contra dichas entidades se haya entablado o ejecutado, sin autorización del Consejo de Gabinete, del Consejo Municipal, o del organismo o corporación que deba darla según la Ley.

No obstante, la norma ut supra (antes descrita) no aplica para el caso en cuestión, a mi criterio, por la interpretación a contrario sensu del artículo 1965 Ibídem, que es especial.

Es decir, como el siguiente artículo especial del código judicial, no contempla el delito contra la administración pública, no le debe ser dable al juez, el admitir un desistimiento, por ese delito, (delito contra la administración pública) ya que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé. (Principio de estricta legalidad, en rango constitucional).

Artículo 1965.
Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en los delitos de hurto; lesiones y homicidio por imprudencia; lesiones personales; estafa; apropiación indebida; usurpación, siempre que en su ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad; daños; incumplimiento de deberes familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con armas o por dos o más personas; contra la inviolabilidad del secreto y otros fraudes contemplados en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal. El desistimiento podrá realizarse por la persona ofendida, su heredero declarado o representante legal, si el imputado no registra antecedentes penales y se hubiere convenido en la reparación del daño.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá aplicarse en el caso del delito de homicidio culposo cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Cuando el causante se encontrare bajo los efectos de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica;
2. Cuando el agente abandone, sin justa causa, el lugar de la comisión de los hechos; y
3. Cuando la persona hubiere sido favorecida con este beneficio dentro de los cinco años anteriores.

Amanecerá y veremos como decide el juez de la causa, finalmente el pedido.

El MEF informó de la convocatoria a una licitación abreviada para contratar auditorías especializadas que permitan esclarecer la ruta del dinero e identificar el uso que se le dio a cada dólar de los fondos públicos, y los posibles responsables de las irregularidades cometidas entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014.

El acto público anunciado a mi juicio podría considerarse desde ya, sin sustento legal, debido a que la contralora Gioconda Torres de Bianchini giró instrucciones en esos instantes, para auditar las juntas comunales y alcaldías desde el periodo de 2004 al 2014, previa solicitud de la procuradora general de la nación, Ana I. Belfon. Informaron los medios.

Con el inicio de esta auditoría se da respuesta a la solicitud que realizó Belfon el 16 de junio, cuando abrió de oficio una investigación penal por la utilización de fondos del Estado en las juntas comunales, municipios y alcaldías del país por un periodo de 2004 a 2009 y 2009 a 2014.

La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 20188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.

Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley.”

No puede una empresa privada entrometerse en las funciones de un ente estatal, con rango constitucional, que ya está investigando un caso, en acatamiento de lo que le pidió, el Ministerio Público.

El contrato que devenga del acto público anunciado por el MEF, NO DEBE SER REFRENDADO POR CONTRALORIA, por razones obvias.

Lo que debe hacer el MEF de manera inmediata, a mi criterio, es cancelar el acto público anunciado.