Archivar en junio 21, 2013

La ley 44 de 2013,  modifica el código penal y sanciona con
prisión a quien sin autorización, ocupe total o parcialmente un inmueble o
terreno.

Esto lo veo incomprensible, y pareciera
que lo que hace es proteger la inversión de los grandes acaudalados, para que
no se estresen, en las corregidurías, al momento de pedir el lanzamiento por
intruso, del invasor.

Hoy en día hay mecanismos, para
lanzar al intruso, pero como demoran un poco, se les está facilitando la vida
en sociedad a los propietarios de inmuebles, para que se ahorren el subir y bajar
las escaleras, de algunas corregidurías, que a veces están,  hasta en mal estado.

No todo el que invade es delincuente.
Ahora lo tipifican como tal.

Por ser una norma absurda, a mi
juicio, quedará, en desuso como la ley carcelazo, ya que sería difícil
encarcelar a toda una familia invasora.

¿Quién asesora a algunos
políticos en Panamá?

El artículo medular de la Ley 44,
reza así:

 Artículo 1. Se adiciona el artículo 229-A al
Código Penal, así:

Artículo 229-A. Quien, sin
autorización, ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno  o  edificación
ajeno será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en  días-multa o arresto de fines de semana.

La sanción será de tres a seis
años de prisión a quien promueva, patrocine,  induzca, financie, facilite, colabore o incite
la ocupación del inmueble, terreno o  edificación
ajeno.

Cuando el hecho se cometa en
áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de  agua o en zona declarada como área protegida,
zona de preservación ambiental y  ecológica
dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen
su inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reservas para la construcción
de obras públicas, zonas de
contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de  fenómenos naturales adversos u otros
provocados por el hombre, la sanción se aumentará  de un tercio a la mitad. 

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, reiteró
que el espectro del narcotráfico está inmerso en la campaña electoral para el
año 2014

Las declaraciones del ministro de seguridad pública, sobre el
teme en referencia, ha causado preocupación, en las personas serias de Panamá.

¿Cómo se podría combatir esto?

Desde el punto de vista del pacto ético, que suscribieron
algunos colectivos, se hace viable  la
publicación de las donaciones, pero nadie lo ha hecho, porque no les conviene,
ni les interesa.

Leamos lo
pertinente del pacto.

II.
COMPROMISO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

…

5. Vigilar
la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones de personas
naturales o jurídicas en beneficio de los partidos políticos, así como de los
candidatos, para evitar el clientelismo; y que las donaciones y gastos
realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de los
medios impresos, radiales, televisivos e Internet, preferiblemente antes de las elecciones y a más tardar sesenta días
después de ellas.

Yo como ciudadano, me sentiría complacido de que todas las
donaciones y de todos los colectivos políticos, sin excepción, (firmantes del
pacto o no) se pudieran publicar en los medios o en la web, porque esto,
contribuiría a fortalecer la transparencia y la honestidad, de un torneo
electoral, desde su génesis interna.

Código Judicial

Artículo 1995.

El que, por cualquier medio,
tuviere noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio, está obligado a poner el hecho
en conocimiento del funcionario de instrucción más próximo al sitio en que se
hallare, y si se tratare de un delito infraganti, a la autoridad de policía o
al agente de la autoridad más próximo al sitio en que hubiere sido ejecutado.
En este supuesto, la autoridad de policía o el agente de la autoridad tomará
inmediatamente las medidas necesarias para poner al detenido, si lo hubiere, a disposición
del funcionario de instrucción competente.

Artículo 1996.

Todo empleado público
que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha
cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o
promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará
ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o
culpables.

 

Inquietud
ha causado la decisión de la Junta Directiva de la CSS, de decidir, ponerle el
nombre del señor Presidente, al nuevo complejo hospitalario en
construcción.

 

¿Será
ilegal esto?

 

Respuesta:
No. La CSS lo puede hacer, dentro del marco jurídico, a mi
juicio.

 

Explico.

 

La
ley 33 de 1941, en su artículo 1 prohíbe a los empleados públicos y a los
constructores de obras nacionales de cualquier clase, bautizarlas con nombres de
personas que aún existen. Esta facultad queda reservada al poder
legislativo.

…

 

Si
bien la norma de marras está vigente, la misma, ha sido superada por las
disposiciones de la LEY No. 51 de 27 de diciembre de 2005 de la CSS, y por tanto
ésta última, por ser posterior y especial priva, sobre la anterior del
41.

 

La
ley 51 de la CSS, reza:

 

Artículo
6. Facultad reglamentaria. La Caja de Seguro Social, a través
de su Junta Directiva, queda expresamente facultada para dictar sus
reglamentos.

La
iniciativa reglamentaria la ejercerá la Junta Directiva o la Dirección
General.

Las
normas que se emitan en virtud de esta potestad, se clasifican en reglamentos,
resoluciones normativas y procedimientos organizativos.

 

Artículo
22. Órganos Superiores de Gobierno. Los Órganos Superiores de
Gobierno de la Caja de Seguro Social son:

 

De
lo anterior se desprende con claridad meridiana, que aunque filosóficamente
pudiera objetarse la comentada decisión de la Junta Directiva, la misma goza del
principio de presunción de legitimidad y es acorde con la potestad que el
legislador le ha dispensado, a tan alto órgano dentro de la
CSS.

Marcos González, presidente de la Comisión de Transporte de
la Asamblea Nacional de Diputados, afirmó que el Gobierno Nacional debe
presentar un  ultimátum a la empresa Mi
Bus, administradora del servicio de Metrobús.

MI BUS no ha puesto de su parte y un sector importante de la
población, sufre inmisericordemente a diario.

Esto quiere decir, que la empresa de marras sigue
incumpliendo el contrato concedido, por lo que esto, hace tránsito al
inicio  del proceso de resolución
administrativa del contrato público, en base a lo que dispone la ley 22 de 2006
(de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus
cláusulas trigésima y trigésima primera.

La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento
de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el
sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera
ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de
mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El
Estado, por justicia,  le pagaría por los
bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de
contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.

El Estado podría administrar el sistema per se, o mediante
la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría
llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores.

Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer
efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los
bienes pasen al Estado,  podría sustituir
o subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo
efectuar el contrato a sus expensas.

Medios de comunicación impresos, informan que la práctica de
colocar fotografías de autoridades electas o designadas en oficinas públicas,
está prohibida por ley desde hace 72 años.

Como fundamento,  invocan la existencia de la Ley No. 33 de
1941, firmada por el expresidente Arnulfo Arias, que dice que “queda prohibida
la colocación en las oficinas públicas de retratos de autoridades en
ejercicio”.

Aclaro que el artículo en cuestión, fue derogado por la ley
60 de 2002, en su artículo 112, en tal sentido, nada impide la proliferación de
retratos de autoridades, en los despachos públicos.

Triste que no se hayan percatado de ello.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública.

Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

No obstante el planteamiento, la libertad de expresión, tiene limitaciones que se deben ponderar al momento de pensar ejecutar, cualesquiera acciones.

1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales pertinentes.

¿Qué supremo derecho tiene el comunicador?

El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

¿Que no deben hacer los gobernantes?

El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

El libertinaje de expresión en Panamá

El libertinaje de expresión, es el derecho de todo individuo a emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

En mi país, galopan algunos sobre la cabalgadura del libertinaje de expresión, cuando a menudo, se percata uno, en los diversos medios de comunicación social, que hay personas, que por medio de éstos, denigran la imagen y la honra de otros congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

Ésta práctica es corrupta, no edifica y la empresa privada y/o el gobierno, que pauta, en estos segmentos, debe comprender que se hace partícipe del abuso del comunicador, por lo que debe estimar que los ciudadanos honestos repeleremos, en su justa dimensión, tales actos, en el momento dado y sin contemplación alguna.

La libertad de
expresión y sus limitaciones

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la
libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública.

Es también condición para que la comunidad, a la hora de
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de
periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

No obstante el planteamiento, la libertad de expresión,
tiene limitaciones que se deben ponderar al momento de pensar ejecutar,
cualesquiera acciones.

1. No se debe afectar la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos).

2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de
los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o
religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la
violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos).

5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y
familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los
Derechos Humanos).

6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o
correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los
Derechos del Niño).

El que afecte las disposiciones transcritas, podría
afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales
pertinentes.

¿Qué supremo derecho tiene el comunicador?

El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier
medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos).

¿Que no deben hacer los gobernantes?

El restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

El libertinaje de
expresión en Panamá

El libertinaje de expresión, es el derecho de todo
individuo a emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas,
desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en
qué momento lo dicen.

En mi país, galopan algunos sobre la cabalgadura del
libertinaje de expresión, cuando a menudo, se percata uno, en los diversos
medios de comunicación social, que hay personas, que por medio de éstos,
denigran la imagen y la honra de otros congéneres, sin remordimiento alguno, y
peor aún, sin contar, en algunas ocasiones, con las pruebas que corroboren sus
dichos; violando con ello, la Convención Americana de los Derechos Humanos que
reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás”.
(Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

Ésta práctica es corrupta, no edifica y la empresa privada
y/o el gobierno, que pauta, en estos segmentos, debe comprender que se hace
partícipe del abuso del comunicador, por lo que debe estimar que los ciudadanos
honestos repeleremos, en su justa dimensión, tales actos, en el momento dado y
sin contemplación alguna.

Datos del Servicio Nacional de
Migración informan que de los procesos de regularización extraordinaria de extranjeros
se han legalizado más de B/.35, 000 foráneos.

No obstante, medios de comunicación
social, detallaron que  los funcionarios
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) que participan en la
jornada de regularización de extranjeros denominada Crisol de Razas, que se
desarrolló en la Arena Roberto Durán, no habían tenido mucha actividad.

¿Por qué?

Debido a lo una parte importante
de los regularizados, se dedica a la economía informal, prevista por Constitución
a los panameños. Sin embargo, ninguna autoridad hace nada.

¿Qué efectos que podría tener
esta regularización extraordinaria, (crisol de razas) a corto o a mediano
plazo, en Panamá?

Que colapse el sistema de salud,
por la atención a los menesterosos foráneos.

Que haya una competencia desleal
laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.

Que nuestras tradiciones se vayan
perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.

Que se vayan practicando, nuevas
figuras delictivas.

Que vaya aumentando el comercio
informal, en manos ahora de un grupo de extranjeros.

Que aumente la población en el
país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.