Archivar en junio 26, 2013

Hoy el PRD denunció a la faz del país  que el gobierno del presidente Ricardo
Martinelli arreció la persecución política contra los líderes y dirigentes del
opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD);  para ello mostró el Memorandum-PGN-SG-119-13,
del Ministerio Público, fechado del 13 de junio de 2013, en donde el secretario
general de la Procuraduría, Ramsés Barrera Paredes, solicitó al fiscal Álvaro
Fabián Miranda “requerir” a todas las Agencias de Instrucción de la
provincia de Colón, incluyendo la Fiscalía a su cargo, que en un plazo de 8
días, a partir del recibido, informen si instruyen o han instruido sumario
iniciado según denuncia o querella presentada en contra de los 10 miembros del
CEN del PRD, detallados por orden y cédula, denunció este martes 25 de junio el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del colectivo. 

No obstante, la Procuradora manifestó posteriormente, que lo
mostrado por el PRD, obedece a una petición, previa hecha por el propio PRD. Si
esto se compadece de la realidad, se pudieran haber cometido algunas
infracciones, incongruentes dentro del campo político.

Veamos

Código Penal

Injuria y Calumnia

Artículo 194. Quien atribuya falsamente a
una persona la comisión de un hecho punible será sancionado con noventa a
ciento ochenta días-multa.

Artículo 195. Cuando alguno de los
delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o
escrito o utilizando un sistema informático, será sancionado en caso de injuria
con prisión de seis a doce meses o su equivalente en días-multa, y tratándose
de calumnia, con prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente en
días-multa.

Pacto ético electoral

Se podrían estar debilitando los compromisos 1 y 7 de los partidos, que obliga los partidos, a basar su campaña
política, en principios y valores.

Como ciudadanos necesitamos
que se nos aclare con objetividad este punto denunciado, por el bien de la paz social,
pues la política levanta pasiones encontradas, que podría desencadenar, acciones típicas antijuridicas y culpables.

Ninguna persona seria, debe denunciar algo,  a sabiendas de que no se ha cometido ninguna infracción, pues podría estar incitando a cometer delitos.

Los partidos políticos, están dejando espacios libres para futuras alianzas
con independientes u otros partidos políticos.

¿Pero procederían las mismas?

Alianza con independientes.

Un partido no puede postular a candidatos de la libre postulación,
conforme a la ley electoral.

Código Electoral.

Artículo 257. Cada partido político
podrá postular un candidato a Alcalde y a Representante de Corregimiento.

Igualmente podrán presentarse
candidatos por libre postulación.

Dos o más partidos políticos podrán
postular a los mismos candidatos para principal y suplente a Alcaldes, y para
principal y suplente a Representante de Corregimiento, caso en el cual los
candidatos aparecerán en la columna de cada partido en la boleta única de
votación.

Los candidatos principales o
suplentes por libre postulación, no podrán ser postulados por partidos
políticos.

Por su parte, la ley 31 de 2013, dice
que sólo podrán ser postulados por los partidos políticos, los candidatos que
formen parte de la misma alianza nacional, hecha previamente, únicamente por
partidos.

La única posibilidad  de que un
partido pueda postular a un independiente, (para diputado, alcalde y/o
representante) es que éste, se inscriba en el colectivo y una vez inscrito, se
le puede revocar su mandato, si viola gravemente los estatutos del partido y la
plataforma ideológica, política o programática del partido que lo postuló. (Art.
361, 369 y 376-A Ibídem).

La ley 54 de 2012, permite la
postulación de un independiente por un partido, pero sólo para el cargo
presidencial y no para los otros cargos. (Art. 246-G óp. cit.)

Alianza con otros partidos.

De acuerdo a lo que reza la ley 31 de 2013, sólo podrán ser postulados
por los partidos políticos, los candidatos que formen parte de la misma alianza
nacional, constituida para postular candidatos comunes al cargo de Presidente y
Vicepresidente de la República, por lo que están vedadas las alianzas
circuitales o distritales, que se hacían otrora, para cargos específicos, si
los partidos, no postulan a la misma nómina presidencial.

Designaciones de a dedo.

Algunos colectivos, violando los principios democráticos internos, más
mínimos, pero si, conforme a su reglamento interno, están designando (dedocráticamente)
espacios a cargos de elección popular, a ciertas personas, sin que se tenga que
ir, a una elección primaria interna, para tal fin. Esto si bien lo permite el
código electoral, para todos los cargos, excepto para el presidencial, puede
producir lo siguientes efectos:

Un sobrecosto, también conocido como un incremento
de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado
que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación
del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia
Libre).

Gente a menudo, se le escucha argumentar
en algunos medios, supuestos sobrecostos, en algunas obras o proyectos del Estado.

Si hay sobrecostos o no, en
algunas obras o proyectos, no me consta, pero afirmo que si tuviera certeza de
eso (con pruebas), lo hubiese demandado, ante las autoridades competentes, pues
sería mi deber como ciudadano, el hacerlo, como individuo honesto.

¿Cómo se establece generalmente, el
precio de referencia, en un proyecto u obra?

Las unidades administrativas
suelen buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y
lo suben un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que participe en
los actos públicos programados.

La mayoría de las obras y/o
proyectos cuestionados, se están haciendo en licitaciones, esto quiere decir,
que el precio  proyectado y el pliego de
cargos, se subió previamente en la página virtual “PanamaCompra” y nadie
impugnó nada del acto, por ilegal, como se hubiese podido hacer. Es más, hasta
se han  hecho contratos; son refrendados,
por Controlaría y nadie los ha impugnado, ante la Sala Tercera de la Corte, como
se puede hacer, igualmente.

¿Pero estos actos serían ilegales?

Claro que no, hasta que la Corte
pudiera declararlos así.

¿Cambiarán las reglas del juego,
cuando venga el nuevo gobierno en el 2014?

Por supuesto que no, ya que los 3
magistrados de la Sala Tercera de hoy, permanecerán en el 2014, hasta que uno de
ellos, sea reemplazado a posteriori, o sea, seguirá, practicante la misma
composición tribunalicia, por lo que resulta contradictorio argumentar que en
el 2014 se actuará, por los mencionados sobrecostos, pudiéndolo hacer ahora,
claro está, aportando las evidencias de rigor, de existir las mismas.

¿Las adendas se pueden hacer?

Legalmente se pueden hacer, si gravita
la justificación adecuada del caso y son refrendadas, por Controlaría. La ley
22 de 2006, lo permite.

Aclaro que cualquier ciudadano pudiera
impugnar las adendas, por improcedentes, si es que no hay justificación para
ellas,  inclusive, de acuerdo al derecho
positivo.

Mi argumento es que si alguien tiene
pruebas de ilegalidades, sobre un acto público ensayado, o sobre alguna contratación
hecha, el deber impone, que se hagan las demandas y/o denuncias, que el caso
amerite, máxime, que los magistrados de la Sala Tercera permanecerán en sus
cargos, de acuerdo a lo que dicta la 

Constitución vigente.

(Deber de denunciar)

Código Judicial

Artículo 1995.

El que, por cualquier
medio, tuviere noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio,
está obligado a poner el hecho en conocimiento del funcionario de instrucción más
próximo al sitio en que se hallare, y si se tratare de un delito infraganti, a
la autoridad de policía o al agente de la autoridad más próximo al sitio en que
hubiere sido ejecutado. En este supuesto, la autoridad de policía o el agente
de la autoridad tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner al
detenido, si lo hubiere, a disposición del funcionario de instrucción
competente.

Finalmente digo, que una
contratación directa hecha, también se puede objetar, ante la Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia, por vicios descubiertos, sin ningún problema. Yo
lo he hecho en el pasado, con éxito.

El 15 de mayo de 2013 − La Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en el caso del supuesto intento
por parte del Departamento de Justicia de la casa Blanca, de requerir los
registros telefónicos de AP, se pronunció de la siguiente manera.

“La Relatoría
Especial advierte con preocupación que este tipo de prácticas puede perjudicar
el ejercicio de un periodismo libre y afectar el derecho de los periodistas a
mantener en secreto la identidad de sus fuentes, como está reflejado en el
Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la CIDH: “Todo
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información,
apuntes y archivos personales y profesionales”.

Tal como la
Relatoría Especial lo ha indicado en otras ocasiones, la importancia del
derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que en el ámbito de su
trabajo, y a fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer
su derecho a recibir información, los periodistas realizan un importante
servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería
divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida. La
confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas
y para el rol que cumplen en la sociedad de informar sobre asuntos de interés
público.

…

La Relatoría Especial recuerda
al Estado la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar
poner en peligro esta garantía fundamental para el ejercicio de un periodismo
libre.”

Las cuñas o propagandas estatales,  se ejecutan a través de contratos u órdenes de
compras.

¿Cómo se lleva a la vida jurídica, un
contrato de publicidad por la vía normal?

La unidad gestora la proyecta
(Ministerio, etc.) y se lo pasa a la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN
DEL ESTADO para que lo apruebe.

La Contraloría General no refrenda
normalmente, ningún pago sobre pautas publicitarias, sin que la Secretaria
comentada haya dado su visto bueno; y su sustento legal radica en la Circular
No. 44-2006-DC-DFG de 10 de julio de 2006, reiterada en la Circular No. 60-Leg
de 26 de agosto de 2006, vigentes hoy; en las que se dice que: “toda publicidad
del Estado que sea pautada en los medios de comunicación o de información a
nivel nacional,  debe ser previamente aprobada por la Secretaría de
Comunicación del Estado, con excepción de anuncios de edictos, licitaciones
públicas y demás comunicados requeridos por ley.”

Aclaro que dentro del género de publicidad,
se han incluido a las cuñas y las propagandas.

De manera anormal se puede llevar a
cabo también, una publicidad y es cuando el ente público celebra un contrato de
publicidad, sin el aval de la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO y la
Contraloría lo paga. En este caso, el gestor junto con la Contraloría, serían
los responsables por el gasto, ya que salió a la vida jurídica el contrato, sin
que se honrara, el procedimiento previsto.

Por
lo anterior, si un precandidato y/o candidato a cargo de elección popular, se
promociona por medio de la publicidad del Estado, los responsables de este
dislate serian: la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, la Contraloría
General de la República y el funcionario habilidoso, de manera solidaria o
individual, dependiendo de la participación de las personas en el acto
administrativo que generó el contrato u orden de compra, por lo que tendrán que
responder, por el uso adecuado del fondo público,  ante las
autoridades competentes.

¿Puede
el gobierno apoyar con propagandas, a un candidato a cargo de elección popular?

No.
Lo prohíbe la Carta Magna.

Constitución.

ARTICULO
136. Las
autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio.
Se prohíbe:

¿Hay un
tope, para el gasto en la publicidad estatal?

Si, de acuerdo a lo que se aprobó en la ley de presupuesto
general del Estado. En otras fuentes alternas, que pudiera haber sobre el financiamiento,
no.

El
Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señaló que en un futuro, América Latina
será la principal exportadora neta de alimentos en el mundo, ya que tenemos el
30 por ciento del agua del planeta además de tener regiones con tierras
agrícolas disponibles.

Agregó que para
utilizar estas tierras agrícolas, se requeriría inversiones en infraestructura
y desarrollo tecnológico que permitan su utilización sustentable.

Esta noticia demanda un reto para los candidatos presidenciales de Panamá:
la de impulsar una legislación sobre las ventas de tierras a extranjeros, para
que no nos quedemos sin insumos.

Argentina ha limitado la compra de tierras por empresas y gobiernos
extranjeros, inclusive

El Senado aprobó, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la
oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del
territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más
ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.

La Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) ya ha advertido, sobre la
creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica.

El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar
y Corea del Sur, han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y
Brasil para asegurarse la producción de alimentos.

Brasil ya había reaccionado ante esta situación con
una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.

Uruguay también analiza poner límites a la compra de
tierras por parte de Estados extranjeros.

Canadá, y  EE.UU., ya han
hecho lo propio.

Sin embargo en Panamá, no hay ninguna norma legal
que limite la adquisición de tierras estratégicas, por lo que se puede comprar
de todo

Como país, no tenemos visión de futuro, en este
sentido, como en otras latitudes, y a nadie le interesa al parecer, el futro de
nuestras generaciones que no tendrán, de seguir la política de venta abierta,
la oportunidad de adquirir, a la postre, alguna porción de tierra para
cultivar, para producir y hasta para vivir; ya que todo inmueble, podría estar
en manos de los acaudalados de hoy.

Cuentan algunos medios de comunicación, que se han girado
acciones, por parte del Ministerio Público, contra diarios; para que éstos, revelen
la fuente de su información.

Esta actitud, lo considero un acoso hacia la libre empresa
periodística y además, violatoria de las disposiciones legales pertinentes.

La ley 22 de 2005 reza; que el responsable de la información
o la noticia difundida por los medios de comunicación social, no estará
obligado a revelar la identidad de su fuente, sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurra por sus afirmaciones. (Artículo 4).

Por su parte, en la DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) se consagra, en el 8 principio que, todo
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información,
apuntes y archivos personales y profesionales.

De lo anterior transcrito, pareciera  quedar sin argumento el funcionario de
instrucción, para pretender forzar, la revelación de una fuente de información periodística.

Si en el dossier no gravita una intensión  abusiva o desleal del periodista, no debería siquiera
iniciarse, ningún proceso penal.

¿Qué piensa la Corte?

“Al
respecto, nuestra Constitución Política en su artículo 37, así como en los
Pactos y Convenios Internacionales sobre derechos humanos, imponen limitaciones
al ejercicio de la libertad de prensa, que guardan relación con la protección
de la Honra de la personas, entendiéndose que no se permite el ejercicio
abusivo de las libertades de información y de prensa es decir, que es imprescindible considerar en cada
Proceso si hubo una conducta desleal y abusiva, de parte del periodista…”  Sentencia del PLENO de la Corte Suprema de
Justicia, en el caso de los periodistas de TVN, Canal 2.

La libertad de información y
prensa, constituye un derecho fundamental, lo ha dicho la Corte Suprema, ibídem.

“La libertad de
información y prensa constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo
37 de la Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona
de poder emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por
cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra
la reputación o la honra, la seguridad social o el orden público.”