Archivar en agosto 29, 2013

El gobierno si pondera la
posibilidad de resolverle el contrato a la empresa MI BUS, en base a
lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de
concesión No. 21-10, en sus cláusulas trigésima y trigésima primera, debe
comprender, que al resolverle el contrato de marras, no podrá poner a otro concesionario
inmediatamente a brindar el servicio, a lo legal, debido a que la fiadora del
contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00
y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o
subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo
efectuar el contrato a sus expensas.

¿Este proceso
de resolución (extinción) traumaría el sistema?

En lo más
mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes,
buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la
prestación del servicio público de transporte. El Estado, por
justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario,
mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que
subyacen en la adenda 2.

No son aislados los casos de
personas que han sido despojadas de sus bienes inmuebles, debido a fraudes inmobiliarios,
haciendo tedioso y largo el proceso, para procurar, a la postre, la recuperación
de los bienes en cuestión.

Actualmente quien suscribe,
tramita varios casos en ese sentido y testifico que son procesos desgastadores y
en donde uno ni sabe a ciencia cierta, si el operador judicial finalmente, va a
hacer justicia efectiva.

¿Qué tienen en común todos los
fraudes?

Respuesta. La comparecencia de un
notario público, sin el cual nada se podría inscribir, en el Registro Público

¿Bajo qué normas civiles, principalmente
se escudan algunos notarios?

Respuesta: en los artículos 1739
y 1740 del código civil, que no los obliga a auscultar la legitimidad de un título
a transferirse, ni la aptitud legal de las partes.

Código Civil

Artículo 1739.

Los notarios responden de la parte formal y no de la sustancia de los
actos y contratos que autorizan.

Con todo, cuando algún acto o
contrato, o cuando alguna cláusula del acto o contrato le pareciere ilegal,
deberá advertirlo a las partes, sin rehusar en ningún caso la autorización.

Artículo 1740.

No responden tampoco los notarios de la capacidad o aptitud legal de las
partes para ejecutar el acto o celebrar el contrato que solemnizan; pero sí
responden de que los testigos instrumentales, y en su caso los de abono, reúnen
las cualidades que la ley exige.

¿Sabía usted que podría amanecer mañana,
sin ser propietario de un bien inmueble, que no ha enajenado?

¡Que propongo al respecto ¡

Que se abra al menos a debate,
en la Asamblea Nacional, una reforma al código civil en el sentido de exigirle
a los notarios, que antes de cerrar una escritura, sobre la transferencia de un
bien inmueble, accedan primero, a la base de datos del Registro Público y del Registro
Civil, (que se puede hacer hoy en día y está en línea virtual) e investiguen los
datos que allí reposan y los cotejen con las generalidades de las minutas y
luego impriman la captura de la información virtual con la fecha de ésta y la incorporen
en el archivo pertinente.  

Esto podría evitar errores.

Algunos Beneficios

Algunos Peligros.

Inquietudes sobre el Etanol.

El uso del Etanol en el combustible, se aprobó para Panamá desde el año 2011 con la ley 42, y desde allí se determinó que empezaría a implementarse  escalonadamente en Panamá, desde el año 2013, luego entonces, no se explican las protestas, hoy en día, sobre el tema.

Algunos Beneficios

Algunos Peligros.

Inquietudes sobre el Etanol.

El uso del Etanol en el combustible, se aprobó para Panamá desde el año
2011 con la ley 42, y desde allí se determinó que empezaría a implementarse  escalonadamente en Panamá, desde el año 2013,
luego entonces, no se explican las protestas, hoy en día, sobre el tema.

Los representantes de los países participantes en la primera
reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, del  12 al 15 de agosto de 2013, firmaron el CONSENSO
DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO, en donde se destacan algunos
derechos generales y en los que resalto, unos que pudieran ser la punta de
lazan para que se pretenda variar puntos importantes Supremos en Panamá,
flagelando los valores éticos y morales de la mayoría de los panameños, y esto no
pudiera darse, debido a que el poder emana del pueblo, en base a lo que dispone
el artículo 2 constitucional.

Consenso

…

36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar
la discriminación basada en la  orientación
sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su  manifestación;

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud
sexual y salud reproductiva de calidad,  tomando
en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes
y  jóvenes, personas LGTB, personas
mayores y personas con discapacidad, prestando particular  atención a personas en condición de
vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y  remotas y promoviendo la participación
ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

Debe quedar
claro, que la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual segura y
satisfactoria, la capacidad de tener
hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué
frecuencia (derechos reproductivos). (La
enciclopedia libre.)

No
objeto la elección de vida que haya hecho una persona en especial; opino que se
debe respetar esto en derecho, no obstante, lo que me preocupa  y RECHAZO, es la interpretación que pudiera esgrimirse sobre el
consenso antes descrito, en el sentido de procurar, el cambio de la normas legales
y/o constitucionales vigentes, que hagan viable el matrimonio entre personas
del mismo género y la adopción de personas, en uniones homosexuales.

Definitivamente
que estos cambios, si se dieran, atentarían contra la moral cristina, inspiradora
de nuestro derecho constitucional y legal y de la cual, yo soy partidario – defensor.

Constitución

ARTICULO
35. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de
todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión
católica es la de la mayoría de los panameños.

He leído con detenimiento el Contrato
No. 028/2012 de la ATP con la empresa PENSAMONICA y manifiesto que sería irresponsable
de mi parte, endilgarle responsabilidad absoluta al administrador del ente
público, como invocan algunos, primordialmente por que el instrumento legal,
fue avalado por aproximadamente 14 personas, previo al refrendo adicional de la
Contralora General.

Ellos revisaron todo y lo
encontraron conforme.

El Consejo Nacional de Turismo,
está  integrado por nueve miembros y sus
respectivos suplentes, así:

1. El Ministro de Comercio e Industrias o quien él delegue.

2. El Ministro de Economía y Finanzas o quien él delegue.

3. El Ministro de Gobierno y Justicia o quien él delegue.

4. El Ministro de Obras Públicas o quien él delegue.

5. El Ministro de Relaciones Exteriores o quien él delegue.

6. Cuatro representantes
principales y sus suplentes, miembros de la Cámara de Turismo de  Panamá, escogidos de ternas presentadas por la
Cámara al Órgano Ejecutivo.

El CENA lo integra el sector económico
y financiero del gobierno así: S.E. Frank De Lima Gercich, Ministro de Economía
y Finanzas y Presidente del Consejo Económico Nacional; S.E. Omar Castillo, Viceministro
de Economía y Secretario Técnico del Consejo Económico Nacional; S.E. Ricardo
Quijano, Ministro de Comercio e Industrias; S.E. Jaime Ford Castro Ministro de
Obras Públicas (Área Social); Lic. Dario Berbey, Gerente General del Banco
Nacional de Panamá y Lic. Gioconoda Torres de Bianchini Contralora General de
la República, (con derecho a voz, esta última).

No puedo referirme al ítem
económico del contrato, debido a que quien suscribe, es lego en guarismos
informáticos, no obstante, salvo prueba en contrario, el contrato debiera seguir
su curso en legalidad, cuenta habida, que el mismo fue sujeto a la aprobación del
sector económico y financiero del administrador del Estado.

Lo que si sería inadmisible, es que
un futuro, quisieran seguir dándole contratación directa, al mismo contratista,
a manera de monopolio a perpetuidad, ya que por un lado, esto colisionaría con
el artículo 266 constitucional, y por el otro, ya el argumento primario que
privó, para contratar a PENSAMONICA, que fue el de seguir dándole continuidad contractual
inmediata, al que manejaba, en términos generales, la cuenta turística del País,
no tendría cabida, toda vez, que la ATP tiene hogaño, todo el tiempo necesario
para hacer un buen proceso de selección de contratista, para el rubro y se podría
señalar además, que hay varias empresas que manejan el tema, hoy en día.

Podría ser una desviación de poder,
el volver a contratar directamente con el mismo proveedor, para el mismo rubro
y debido a esto, la actuación, sería ilegal, de acuerdo a la Ley 38 de 2000.

La libertad de expresión es el derecho que tiene
la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Ahora  bien, el libertinaje de expresión,
es la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones
diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle
lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

En mi país, galopan algunos sobre la cabalgadura
del libertinaje de expresión, cuando
a menudo, se percata uno, en los diversos medios de comunicación social, que
hay personas, que por medio de éstos, denigran la imagen y la honra de otros
congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas
ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la
Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de
los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

Ésta práctica es corrupta, no edifica y
debiera cesar.