QUEJA PRESENTADA POR EL DOCTOR JOSEGUILLERMO BATALLA CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ADÁN ARJONA, WINSTON SPADAFORA Y ARTURO HOYOS. PONENTE: ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO. -PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL SIETE (2007)
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala: Pleno
Ponente: Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha: 21 de Marzo de 2007
Materia: Tribunal de Instancia
Queja
Expediente: 762-04
VISTOS:
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la QUEJA formalizada por JOSÉ GUILLERMO BATALLARIVERA en contra de los miembros de la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, integrada por los Magistrados WINSTON SPADAFORA, ARTURO HOYOS y ADÁN ARNULFO ARJONA, “debido a que la sentencia de estos Magistrados del día 26 de Diciembre de 2002, proferida en mi contra determinó mi destitución, como Odontólogo de la Caja de Seguro Social… Dicha sentencia… violó la Ley y nuestra Constitución Política, lo cual es inadmicible (sic) (f.1).
De manera preliminar,es necesario referirnos al conocimiento por parte del PLENO DE LA CORTE SUPREMA de la QUEJA presentada en contra de miembros de esta Corporación de Justicia, en este caso, contra los Magistrados WINSTON SPADAFORA, ADÁN ARNULFO ARJONA y el ex-Magistrado ARTURO HOYOS dela SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE LA CORTE SUPREMA, este último como miembro de la Sala hasta el 31 de diciembre de 2005.
Cabe indicar que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ, en el TITULO VI establece que le corresponde al ÓRGANO EJECUTIVO designar a un Magistrado de la Corte Suprema, pero no se le atribuye la facultad de investigar y sancionar por la supuesta comisión de delitos o faltas. Por otro lado, el artículo 160 del texto constitucional, regula la FUNCIÓN JUDICIAL de LA ASAMBLEA NACIONAL asignándole el conocimiento de “… las acusaciones o denuncias que se presentan contra… los Magistrados de la Corte Suprema…”. Respecto de esta disposición no existe jurisprudencia reiterada y constante sobre la materia a atender, que señale si sólo se limita al ámbito penal o cabe incluir temas administrativos, como por ejemplo los Procesos de Tránsito.
Por lo que, atendidas las disposiciones constitucionales que regulan LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, nos abocamos a resolver la presente queja. En tal sentido, el artículo 208, hoy 211 constitucional, claramente expresa que los Jueces y Magistrados sólo serán depuestos, suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.
Para los efectos de esta causa, la LEY es el Código Judicial, que contiene, entre otros aspectos, las reglas generales aplicables a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, el artículo 69 del Código Judicial seZala textualmente lo siguiente:
“La Corte Suprema de Justicia ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la República y tendrá su asiento en la ciudad de Panamá. Por graves motivos de orden público podrá ella misma trasladarlo a cualquier otro sitio del territorio nacional, dando previo aviso al Órgano Ejecutivo” (el énfasis es nuestro).
Dicha norma legal, debemos relacionarla con el segundo párrafo del antiguo artículo 62 del Código Judicial (ahora artículo 61), que destaca que los funcionarios judiciales solamente podrá comparecer “…ante autoridades administrativas dentro del territorio donde ejerce su jurisdicción…”. Por lo que, los Magistrados de la Corte Suprema a este tenor les correspondería comparecer ante una autoridad administrativa que tenga la misma jerarquía que ellos, que se constituye en el Pleno de la Corte.
Sin embargo y ante la ausencia de normas específicas para abordar el tema es oportuno indicar lo que en materia de jurisprudencia se ha planteado al respecto. En resolución de 3 de mayo de 1993, en la cual el Pleno de la Corte Suprema reconoció tener competencia para conocer de los procesos administrativos contra Magistrados de esta Corporación de Justicia. Si bien la decisión jurisdiccional estaba dirigida a examinar las funciones del Consejo Judicial en cuanto a su competencia, DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 441 y 449 del texto original del Código Judicial, específicamente la función delCONSEJO JUDICIALde juzgar por faltas a la ética a agentes del Ministerio Público, a Magistrados y Jueces, porque esa atribución corresponde al superior o al organismo jerárquicamente superior para el servidor judicial de quien se trate, en atención al sistema vertical de gobierno que rige dentro del Órgano Judicial.
Como aclaración, respecto a la situación de los Magistrados de la Corte en la resolución citada se dice expresamente que:
“En acatamiento del artículo 62 del Código Judicial antes citado; en ejercicio de las funciones administrativas otorgadas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por el artículo 90 del Código Judicial; y de acuerdo con el principio constitucional y legal recogido en nuestro ordenamiento jurídico, que otorga al superior jerárquico la jurisdicción disciplinaria para investigar y sancionar al inferior, el Pleno de la Corte Suprema ha venido conociendo de las faltas administrativas imputadas a los Magistrados que lo integran. Además, compete al Presidente de la Corte y a los Presidentes de Salas conocer de ciertas faltas a la ética en que incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tales como no asistir puntualmente al despacho y no asistir a las sesiones y audiencias…; y compete al Pleno sancionar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que faltando a sus deberes, estorben la marcha de dicha corporación.
Queda claro, por tanto que compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocer de las faltas a la ética judicial que se impute a los Magistrados que la integran, en su calidad de superior jerárquico.” (REGISTRO JUDICIAL. MAYO 1993. Pág. 102). El resaltado es del Pleno.
Con esta sentencia se declararon inconstitucional sólo los artículo 441 y 449 del Código Judicial, sin alterar los restantes artículos contenidos en la sección 2º, Capítulo II, Título XVI del Libro Primero del Código Judicial, y que guardan relación con los procedimientos a seguir una vez que el Consejo Judicial aprehendía el conocimiento de la causa por supuestas faltas a la Ética Judicial de Jueces, Magistrados o Agentes del Ministerio Público. Resultaba contrario a derecho que si el Consejo Judicial carecía de competencia para la sustanciación de estas causas, pudiera imprimirle la tramitación a la que aludían estos artículos, razón por lo que también fueron declarados inconstitucionales, mediante resolución de 11 de julio de 1994, reforzando los argumentos planteados en la anterior declaratoria de inconstitucionalidad de 1993.
Sin embargo, el tema sobre la autoridad competente para conocer de las faltas administrativas cometidas por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no ha dejado de estar en constante debate, con jurisprudencia variada pues los integrantes de esta Corporación constituidos en cuerpo colegiado, en el que rige el principio de uno entre iguales reservándose la superioridad jerárquica para el resto de la organización judicial.
Así vemos como mediante resolución de 22 de diciembre de 2003 el Pleno señaló no ser competente para sancionar disciplinariamente a un magistrado, sobre la base que: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser suspendidos, depuestos o trasladados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo las formalidades que disponga la Ley (artículo 208 de la Constitución). Son nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, por lo que es a este Órgano de Poder a quien le corresponde atender las denuncias o acusaciones que se presenten en contra de los mismos (numeral 1 del artículo 154 de la Constitución).”
Otros pronunciamientos más recientes de este cuerpo colegiado, sentencia de 14 de enero de 2005, establece que: “la Constitución Política y le texto del Código Judicial de Panamá, no le atribuye al Pleno de la Corte Suprema la competencia para investigar e imponerle a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia la sanción que corresponda, por incurrir en un falta disciplinaria o en una falta a la ética judicial.”
De lo anterior se desprende que el tema requiere de un debate profundo a fin de sentar una jurisprudencia uniforme, pues con la declaratoria de inconstitucionalidad de los citados artículos, no existe norma legal que taxativamente regule la autoridad competente para conocer de las faltas administrativas en los casos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, situación jurídica que deberá convocar a los entes encargados de hacer las propuestas de regulación.
Sin embargo, persiste la necesidad de atender las reclamaciones de la ciudadanía que por derecho le asiste y ofrecer la decisión que corresponda, como responsabilidad de todo funcionario público de rendir cuentas sobre su gestión y responder si a ello diera lugar la queja por falta disciplinaria o faltas a la ética. Es por lo que en estas circunstancias el Pleno de esta Corporación está obligada a conocer la queja que nos ocupa, y que se pasa a examinarla en detalle.
En ejercicio de esa obligación, el Pleno procedió a darle curso a la queja presentada contra los magistrados. En vista que los tres magistrados denunciados formaban parte de este cuerpo colegiado, en el proceso de lectura del proyecto de resolución se fueron presentando las manifestaciones de impedimentos de cada uno de ellos, en su momento, requiriéndose separarlos del conocimiento de la presente queja. Lo que retrazó el curso de normal este proceso disciplinario.
El escrito de queja presentado por el señor JOSE GUILLERMO BATALLA plantea siete temas, a saber: 1. Los supuestos, 2. Génesis de la destitución, 3. Cronología de la destitución de su cargo, 4. Informe de conducta del director del C.S.S., 5. Perjuicios ocasionados por el fallo de la Corte, Sala Contencioso Administrativa, 6. Opinión de la Procuraduría de la Administración, 7. Sugerencia o solicitud (Fs. 1-7). Sin embargo no adjunta material probatorio que permita fundamentar las argumentaciones correspondientes a la comprobación de los hechos denunciados.
Al examinar cada uno de los argumentos que sirven de base a las alegaciones del quejoso, se desprende que la queja no se relaciona o vincula con alguna conducta que en las diez (10) faltas disciplinarias se tipifican y por las que legalmente se puede imponer sanciones a los servidores judiciales, tal como lo dispone el artículo 286 del Código Judicial.
Lo que se observa es que JOSÉ GUILLERMO BATALLA utiliza el proceso de queja para censurar la decisión jurisdiccional de 26 de diciembre de 2002 que es final, definitiva y obligatoria, emitida por los Magistrados integrantes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y mediante la cual dicha Sala resolvió no conceder el derecho dentro del proceso de plena jurisdicción incoado por BATALLA, en contra de la resolución No. 2094-2001 de 12 de julio de 2001, proferida por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, y que ordena la destitución de BATALLA por acoso sexual y falta a la ética.
En resumen, los argumentos que expone el ciudadano quejoso no explican con claridad cuál es el cargo, o cuál es la falta imputada en la que supuestamente incurrieron los funcionarios judiciales acusados, requisito mínimo que exige la ley, para la admisión de una queja disciplinaria o por faltas a la ética, pues se requiereque, al momento de presentarse queja o solicitud de corrección disciplinaria contra un funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público, se debe precisar en cuál de las diez causales o faltas que enumera el artículo 286 o las veintidós obligaciones señalados en el artículo 447 del Código Judicial considera el quejoso ha incurrido el o los funcionarios acusados.
Ante este escenario jurídico, resulta palmario que la presente queja incumple con esta exigencia procesal “sine qua non” en apego estricto al principio de legalidad, indicando una o más de las causales enumeradas el artículo 286 del Código Judicial, y que subsuma la conducta que se le imputa a los Magistrados WINSTON SPADAFORA, ADÁN ARNULFO ARJONA. En cuanto al ex-Magistrado ARTURO HOYOS, su periodoconcluyó el 31 de diciembre de 2005, dejando de ser miembro de esta Corporación de Justicia y por ende “servidor Judicial”, por lo que respecto del mismo no corresponde pronunciamiento por haberse producido el fenómeno de sustracción de materia.
Por lo antes expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la QUEJA formalizada por JOSÉ GUILLERMO BATALLA RIVERA en contra de los miembros los Magistrados WINSTON SPADAFORA, ADÁN ARNULFO ARJONA, y SUSTRACCIÓN DE MATERIA respecto al ex magistrado ARTURO HOYOS.
Notifíquese y archívese.
ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO
VICTOR L. BENAVIDES P. — ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ — GRACIELA J. DIXON C. — HARLEY J. MITCHELL D. — ANÍBAL SALAS CÉSPEDES — JACINTO CARDENAS — JOSÉ A. TROYANO — HIPÓLITO GILL SUAZO
YANIXSA YUEN (Secretaria General)