El Consejo de Gabinete aprobó una reforma al Código Penal en la que endurece las sanciones a aquellos que participen de la invasión de terrenos particulares y/o estatales.
La iniciativa fue sustentada en Gabinete por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias.
Su propuesta consiste en que todo aquel que promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o permita la invasión de terrenos o edificaciones u organice una parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas en terrenos privados o estatales, sin la debida autorización del propietario o autoridad competente, según sea el caso, será sancionado con prisión de seis a ocho años.
Según el Ministro, la sanción se aumentará a la mitad si la parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas se efectúan en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, áreas protegidas, áreas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.
En dicha propuesta se establece asimismo que todo servidor público con mando y jurisdicción que avale o incite las invasiones de terrenos o edificaciones de propiedad privada o estatal, o que se abstenga de realizar los lanzamientos a los que haya lugar cumplido el debido proceso, será sancionado con prisión de seis a ocho años.
Esto me parece una idea desacertada, pues lo que se debiera hacer es fortalecer jurídicamente el proceso de lanzamiento por intruso que existe hoy en manos de los corregidores. Esto da la idea que se hace para beneficiar al poder económico empresarial del país de manera absurda más que por una función social y contrasta con el pensamiento de uno de los diputados del país que quería legalizar a los invasores por aquello de la función social de la tierra. Del presunto socialismo al capitalismo extremo.
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