El legislativo no puede derogar la estructura orgánica del ejecutivo, sin el aval de éste, como contrariamente lo han hecho creer, algunos políticos en algunos medios de comunicación, en torno a la derogatoria de la Ley 72 de la Zona Libre de Colón.
¿Que dice la Constitución?
ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
…
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
Ahora bien ¿que puede hacer el legislativo en torno a la estructura orgánica creada en el ejecutivo?
La Corte lo ha definido con buen tino, diciendo que la puede modificar.
“La estructuración de la administración pública, por lo tanto, establece el Órgano Legislativo, pero sobre la base de un proyecto de ley cuya iniciativa le corresponde en forma privativa al Órgano Ejecutivo. No obstante, estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las funciones, asegure la eficacia de la administración pública, ya creada, cuyo establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere al acto fundacional de una entidad pública, sin que, una vez creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir (o redistribuir) entre ellos las funciones y negocios de la administración.” (Criterio recogido en sentencia del cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) del Pleno de la Corte.
Ahora bien, ¿puede el Legislativo eliminar una estructura administrativa del Ejecutivo, sin la aquiescencia de éste?
No, lo puede hacer, a mi juicio, pues sería atentar contra de la separación de los poderes del Estado. Decir lo contrario, abriría las puertas para que mañana, al cambiar la composición de fuerzas del legislativo, pudiera éste, por política, eliminar, mediante una ley, todas las entidades creadas a favor del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el artículo 2 de la Constitución Política establece lo siguiente:
“Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.
La norma constitucional citada establece y señala adecuadamente el principio de separación de poderes del Estado.
La armónica colaboración de los Órganos del Estado se reglamenta precisamente en las leyes que sean expedidas por la Asamblea Nacional, pero no puede perderse de vista que este principio opera como un factor equilibrante de las funciones de gobierno, instituido sabiamente por el constituyente, mediante la separación de los poderes públicos.
En ese sentido, el Órgano Legislativo no puede exceder los límites que le ha impuesto el poder constituyente; lo mismo ocurre con el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.
Por otro lado, la Corte ha sentado un precedente, en torno a la no eliminación de estructuras de otros órganos del Estado, por parte del Legislativo, cuando declaró inconstitucional la ley que derogo la Sala V; y al respecto dijo.
“…lo cual reafirma, una vez más, que la Constitución Política en ningún momento le otorga atribución al Órgano Legislativo para suprimir ni para derogar ninguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco para dejar sin efecto el nombramiento de los Magistrados que la integran. De esta forma, la Corte considera necesario establecer de forma categórica, y sin lugar a dudas, que no es posible que por Ley se pueda derogar una o más Salas de la Corte Suprema de Justicia, porque tal hecho – evidentemente contrario a la Constitución – atentaría, además, contra la estabilidad judicial e independencia de uno de los tres Órganos del Estado, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. (Sentencia del Pleno de la Corte del martes, 25 de enero de 2011).
Por lo antes expuesto, afirmo que el paso adecuado para derogar la Ley de la Zona Libre de Colón debe nacer del Poder Ejecutivo, el cual a su vez determinaría cual es el ordenamiento de la estructura orgánica que reemplazará a la derogada.