Archivar en mayo 5, 2012

Medios de comunicación social, han informado a Panamá, que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) instaron al gobierno de Ricardo Martinelli a que apruebe en julio próximo el texto consensuado de las reformas al Código Electoral, y que de lo contrario no se haga nada y se trabaje con las actuales reglas de juego.
Peligro del planteamiento.
1. Las reformas consensuadas con la Comisión Nacional de Reformas Electorales, no todas fueron positivas; en el paquete habían errores serios, que de avalarse, perjudicarían a la democracia, en tanto que otros puntos no transformarían para nada el espectro electoral. Veamos.

 Establecieron un circuito nacional electoral, al margen de lo que permite la Carta Magna.

 De manera inconstitucional, decían que los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, que perdieran la elección, serian los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional de los partidos que los postulen o de la lista de libre postulación que conformen, sin haber corrido previamente en las primarias o en convenciones para el cargo.

 De marea inconstitucional planteaban, que cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. No se permite el libre voto del elector al candidato de se su simpatía.

 Establecen un sistema de paridad, contrario a las reglas, que dice la Constitución.

 Permitían solo la postulación para Presidente de hasta tres candidatos, y esto es un acto discriminatorio a la libre postulación.

 Sancionaba de manera ineficiente, al que no honraba el tope electoral, blindando al jefe de campaña, entre otros.

2. Las sesiones ordinarias inician en julio, pero esto no obliga a un ente independiente, por definición de la Constitución, del Ejecutivo, como la Asamblea Nacional, para que aprueba el paquete de reformas en ese mismo mes.
Para mí, lo ideal hubiese sido convocar a sesiones extraordinarias, pero solo para la discusión del paquete de reformas electorales, por lo siguiente: En las sesiones extraordinarias no se puede tocar, ningún otro punto que pudiesen proponer los Diputados; el hecho de que fueran convocados para tratar un tema, no los obligaba a aprobar, a tambor batiente, el paquete bajo estudio; no es inconstitucional, que no se apruebe en sesiones extraordinarias, un tema incluido para su debate, si fuere el caso.

Creo que la presión de grupo, empujó al Ejecutivo a no ponderar esta idea

Medios de comunicación han informado que Representantes de 34 empresas visitaron el terreno donde se proyecta construir el Centro de Convenciones en Amador, que se pretende hacer mediante una licitación con mejor valor, mediante la modalidad de llave en mano.

No obstante, lo antes expuesto, no corresponde con lo que dice el Plan Estratégico de Gobierno, publicado el 12 de enero de 2010, en la Gaceta Oficial No. 26445- A, en sus páginas 74 y 75 en donde se nos informa que la decisión del gobierno, era la de construir el nuevo centro de convenciones, mediante la modalidad de concesiones y asociaciones públicos- privadas, en donde el sector privado, invertiría con el capital por adelantado, cargando con casi la totalidad o la mayoría del riesgo.

No comprendemos por que se ha cambiando el derrotero sino se ha agotado la idea de impulsar un proyecto de la APP consensuado, con las empresas, para lograr el fin propuesto, máxime que el Nuevo Centro de Convenciones, según el documento en cuestión, esta valorado en 150 millones de dólares, conforme reza en la página 76.

Se necesita, que se le informe al país, sobre el porque del cambio, en el plan de gobierno ut supra (antes anotado) y sobre el monto final del proyecto, la urgencia del mismo y sobre de donde se van a recabar los dineros para la infraestructura.

Medios de comunicación informan que miembros de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático se presentaron ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados y solicitaron una investigación contra el presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, por su presunta vinculación, junto a otros funcionarios panameños, en el escándalo de supuesto pago de sobornos por parte de empresas italianas.

Piden la separación del cargo de Martinelli, para la realización de “investigaciones prístinas” por parte de una comisión legislativa conformada por diputados de todas las bancadas.

Como prueba, adjuntaron reseñas de publicaciones periodísticas sobre el llamado caso Lavitola.

Legalmente, la acción en comentario, no se adecua a la legalidad, por lo siguiente.

El código judicial, en el artículo 2478 y siguiente, (que contiene el ritual para el juzgamiento del presidente), no contempla la figura de la separación del cargo del denunciado y sabido es, que donde la ley no distingue, no le es dable al hombre el distinguir.
Como el caso en Italia, esta en una etapa incipiente, mal se puede presentar una denuncia a la Asamblea Nacional de Diputados, debido a que atentaría, contra el principio de presunción de inocencia, que está recogido en el artículo 22 de la Constitución. Deben los interesados esperar el resultado final de caso en Italia, para que con el veredicto y las pruebas del negocio jurídico, puedan proceder, con la presentación de las acciones debidas, si el caso lo amerita.
Los recortes de los diarios del caso Lavítola, no hacen prueba sumaria, pues no recogen la certeza de un expediente foráneo, que está hoy, bajo la protección de la reserva del sumario.
Iniciar una investigación, motivados por recortes de diarios, no solo es irresponsable, sino atentatorio del debido proceso, toda vez que cualquiera pudiera hacer publicar una información inexacta, contra alguien, de mala fe, para que sea procesado, sin que se hubiese valorado por autoridad competente primero, el descargo del afectado.
El código judicial, no consagra la creación de una comisión especial conformada por los diputados de todas las bancadas, para que pueda ser investigado un presidente. Valorar este pedido hoy, sería un atentado contra la democracia y contra el poder constituido. ¡Así tampoco es la cosa¡

Para el fortalecimiento de la democracia, el Estado debe encontrarse facultado para imponer un límite al financiamiento que está permitido invertir en el marco de una campaña electoral, un candidato a cargo de elección popular. Esto garantizaría que en los espacios políticos exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos de distintas organizaciones políticas e independientes, accedan a los cargos públicos de elección popular en condiciones de equidad. Se evita de esta manera, que los partidos que cuentan con fondos económicos, restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los partidos pequeños o de las nuevas fuerzas políticas, y evita que los candidatos, tengan que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.

En Colombia, el incumplimiento de los topes máximos de gastos de campañas, es sancionado con pérdida de la investidura o el cargo, exclusión del financiamiento por vía de reposición de votos, y multas. La Ley 130 de 1994, dispone que “…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares”.

En Argentina con la Ley 26.215 de 2007, los partidos políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por la ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza.

El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:
a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral.
b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.

En Panamá no existe el tope para el financiamiento privado. El proyecto de Ley 292, de reformas electorales, pretendía hacerlo, aunque de manera ineficiente e imperfecta. El artículo 190-D, decía que cada nómina presidencial, podría gastar en la campaña electoral, de fuentes privadas, una suma no mayor de 30% del monto del financiamiento público total, establecido por el Tribunal Electoral. Para los otros cargos de elección, también se regulaba el tope.

Lo risible de la reforma era la sanción que precisaba para los que violaban los topes.

El artículo 190 J del proyecto de ley en cita, multaba al candidato o al partido, según corresponda. Leamos.

Artículo 190 J. “La violación a los topes de donación y gastos de campaña, constituye falta electoral y será sancionada con multa impuesta al candidato o al partido, según corresponda, equivalente al doble del monto excedido e inhabilitación para el ejercicio de cargo público, para cargo directivo dentro de los partidos políticos, y para ser postulado a cualquier cargo en la siguiente elección. El candidato principal y suplente responderá solidariamente, por la multa impuesta, salvo que demuestre la responsabilidad de uno de los dos.”

Era absurda la redacción, por lo siguiente:

1. Blinda al candidato, ya que podrá decir que la violación la hizo el jefe de campaña y podrá acceder al cargo público sin problema. (En Panamá, ya hay antecedentes de este hecho).
2. Los encargados económico financieros de la campaña del candidato, no son penalizados por esta norma, de manera irresponsable. Solo se habla del candidato y del partido, que es una persona jurídica a la que no se le podrá impedir que participe en los comicios electorales, por virtud de la Constitución.
3. Los representantes de los partidos y los encargados económico financieros del candidato, sin problema alguno, podrían ocupar cargos públicos y hasta celebrar contratos con el Estado, producto de la victoria en los comicios del candidato.
4. Si un partido queda en el proceso investigativo como responsable, lo más que se podría sancionar al candidato, es a una multa, cuya pago representaría, un chiste cruel.

Definitivamente, aunque se veía la mano de la partidocracia, en la redacción inocua de la sanción prevista; más grave aún, es que se haya eliminado, en el primer debate, la figura del tope financiero en comentario, quedando los comicios electorales futuros, en manos de los privilegiados económicos del país, si no se ajusta el tema, en los próximos debates. ¡Que débil sigue quedando la democracia panameña.¡

Mediante la Ley 15 de 26 de abril de 2012, publicada en la gaceta oficial No. 27024-B de 27 de abril de 2012, el pueblo se obliga a partir del 28 de abril del año en curso, una tasa de 0.5% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica local, nacional, internacional, de comunicaciones personales, telefonía móvil celular, de transporte de telecomunicaciones, y de televisión pagada; pero sólo a los clientes, para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.

• La tasa será a perpetuidad.
• Se formará un fondo para cubrir los costos y la ejecución del soterramiento integrado por la tasa pagada por el pueblo. Las empresas concesionarias remitirán mensualmente los fondos de dicha tasa a una subcuenta.
• Las empresas concesionarias de los servicios mencionados conformarán una sociedad anónima, cuyo objetivo será la constitución de un fideicomiso para el soterramiento.
• Las empresas de distribución eléctrica de la zona a soterrar, serán la unidad gestora dentro del área de su concesión; de la tramitación de las ofertas y pliego de cargos y por la conducción de los actos públicos.
• El plan de soterramiento se desarrollara a nivel nacional.
• Las contrataciones que realicen las empresas de distribución eléctrica, para el proyecto de soterramiento del cableado, se regirá por el derecho privado, por lo que no se aplicará la licitación pública.

Criticas:

• Se estable una fórmula para que el soterramiento se haga de a dedo. Esto podría favorecer a empresas amigas, de la contratante.
• No incluye un plan de arborización al momento del reemplazo de los postes.
• No se fija un monto exacto en la norma, que deberán pagar los concesionarios que utilicen la infraestructura diseñada para el plan del soterramiento.
• Se impone una carga a la clase popular y a la media, adicional al pago de los tributos, que están pagando en un País, en donde gravita, un alto costo de la vida.
• Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.
• La ley no define, los beneficios que tendrán, los que tributarán por la tasa impuesta, ni por el soterrado proyectado

Con fecha del 25 de abril los representantes de los partidos políticos, rindieron a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe sobre el análisis del segundo bloque del paquete de reformas electorales.

Acto seguido esbozo mis comentarios, sobre los temas más relevantes, a mi juicio, DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS, NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY INICIAL.

1. Se está determinando que los ciudadanos se inscriban en los partidos políticos por una sola vez anualmente. Esto atenta contra la libertad de elegir y el libre albedrío del ciudadano. No tiene precedentes en la historia
2. Se establece que los partidos y candidatos registren sus contribuciones privadas, no obstante, su manejo será de acceso confidencial del Tribunal Electoral. Esto debilita el Artículo 7 de la Convención Contra La Corrupción, que ordena a hacer transparente el financiamiento. (Ley 15 de 2005)
3. Los partidos políticos reconocen a sus miembros el derecho a ser postulados hasta para tres cargos de elección popular. Esto fortalece el caudillismo.
4. Se autoriza a las autoridades de los partidos políticos, para no realizar primarias en algunas circunscripciones. Esto debilita la transparencia y fortalece la designación de a dedo.
5. Los candidatos a cargos de presidente y vicepresidente que hayan perdido en sus primarias, en un partido, podrían correr, luego por otro partido. Esto es avalar un anti-valor.
6. Se pretende que los representantes de partidos políticos, tengan dos días libres remunerados, al día siguiente de las elecciones o del día en que hubiesen cumplido con sus funciones. Esto debe asumirlo, los partidos, de su subsidio electoral o de otra forma, no el Estado ni la empresa privada. Fuera de lugar la idea.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
www.ernestocedeno.com
@ernestocedeno

La segunda vuelta electoral debe ser un caso cerrado, ya que el PLENO de la Corte Suprema de Justicia ya dijo otrora, que conforme a la Constitución, para acceder a la Presidencia del Páis, se requiere de la mayoría simple de los votos.

En sentencia de la Corte de 18 de abril de 1994 este ente dijo entorno a la posibilidad de exigir mayoría absoluta de los votos para obtener la Presidencia del País, que: “del examen objetivo de las normativas contenidas en los aludidos instrumentos legales, se colige, que el hecho de que tradicionalmente el legislador haya adoptado en la ley electoral “uno de los dos métodos conocidos para elegir al Presidente de la Republica, el de “mayoría simple” y no el de “mayoría absoluta”, ni contradice ni riñe con la Constitución Nacional; pues lo cierto es que en Panamá, en materia tan importante para el establecimiento de la democracia, el Presidente se elige constitucionalmente por votación directa y por simple mayoría.

En conclusión, a juicio del Pleno de la Corte Suprema, en este caso existe una costumbre constitucional de carácter interpretativo, en virtud de la cual el texto del artículo 172 (hoy 177) de la Constitución ha sido interpretado en el sentido anotado en esta sentencia. En efecto, por varias décadas los diversos órganos del Estado han entendido que obran conforme a la Constitución al reconocer y aceptar que el ciudadano que obtenga la mayoría simple de votos en una elección popular para ocupar el cargo de Presidente de la Republica se desempeñe en ese cargo y que actúa legítimamente en el mismo. La norma legal impugnada en este proceso constitucional es conforme, pues, con esta costumbre constitucional que se integra al bloque de constitucionalidad.

De donde resulta, que la Corte, en este proceso de inconstitucionalidad, como guardiana de la integridad de la Constitución Nacional, no encuentra ninguna razón constitucional válida para acceder a la declaración solicitada por el demandante, sobre todo en las actuales circunstancias en que el país se encuentra abocado a un proceso electoral, y cualquier cambio en el sistema electoral para elegir al Presidente de la Republica, lo único que traería para la Nación en su organización política es el desconcierto y la inseguridad jurídica.”

Aclaro yo, que del mencionado fallo transcrito, se intuye con claridad meridiana, que para incluir lo de la segunda vuelta electoral en Panamá, se requeire de un cambio constitucional y no uno legislativo, ya que la Constitución dice que se accede a la Presidencia, por la mayoría simple de votos.

A raíz de los escándalos de la empresa finmeccanica, ha salido en los medios de comunicación que el ministro de seguridad ha dicho que el Estado podría estudiar la posibilidad de rescindir los contratos celebrados, si el gobierno italiano no aclara la situación.
No obstante, vale la pena destacar que el Estado no puede anular los contratos públicos por si mismo, conforme lo ha dicho ya la Corte en el pasado.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre el tema lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010)

En este caso, el demandado era la A.T.T.T. que había eliminado per se, un certificado de operación a un administrado, la Alta Corporación de Justicia determinó, que la emisión del Certificado de Operación, genera derechos subjetivos, los cuales no pueden ser desconocidos de forma arbitraria ni unilateral.

La Corte declaró nula por ilegal, la actuación de la A.T.T.T. que consistió en anular su propio acto emitido y sentencio nítidamente que “Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren derechos.”

Si es Estado anula los contratos por su cuenta, sin haberlos demandado ante la Corte, como corresponde, podría enfrentar un proceso en su contra, que conlleve finalmente, el hacer el mismo pago concertado, más una condena por daños y perjuicios.

¡ Las cosas hay que hacerlas bien ¡

El administrador delegado de Finmeccanica, Giuseppe Orsi, fue acusado por el mismo tribunal de Nápoles que investiga a Lavitola- de corrupción internacional en un caso de venta de 12 helicópteros a India, informó este martes la prensa italiana.

Si esto es cierto, Panamá no debe mantener vigente con ese grupo hoy, los contratos, celebrados toda vez que podría estar violando el Artículo 266 constitucional, que ordena a buscar en toda la licitación, el mayor beneficio para el Estado.

Constitución Nacional
ARTÍCULO 266.

—–
La ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.

La Corte Suprema definió lo que se debe considerar como “mayor beneficio para el Estado” y asevera que el contratar con empresas sin credenciales de seriedad, rompe con ese principio.

“El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” (Las subrayas son mías) (Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08, Sala Tercera)

El hecho de que una empresa esté sumida en denuncias, en diversos países, le resta seriedad a su credencial de oferente, idónea para participar, al menos en este país, en una contratación pública.

La vía jurídica para anular los contratos, es la judicial, mediante la interposición de una demanda contenciosa administrativa de nulidad o de anulación de contrato, conforme lo permite el artículo 97 del código judicial, relacionado con el artículo 141, numeral 3 de la Ley 22 de 2006.

Con la interposición de la demanda, se podría pedir la suspensión de los contratos, ipso facto, alegando los daños que sufriría el Estado, si se pagaran los adelantos concebidos.

Los medios de comunicación en Panamá, recogen la noticia de que el pleno de la Asamblea Nacional, entrará en la discusión de las reformas al código electoral.

Temas que podrían ser inconstitucionales en el paquete de reformas.

1. La re-elección presidencial.
2. La paridad.
3. La segunda vuelta electoral.
4. La selección del voto por lista del partido, en los circuitos plurinominales.

Temas que deberán ser ponderados con urgencia.

1. Lo tocante a la sección del financiamiento privado que tenía el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
2. La prohibición de la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.
3. La consagración de la filosofía de cada votante un voto.
4. El asunto de los firmantes o adherentes, según el caso, para las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, Alcaldes y representantes de Corregimientos.
5. La eliminación o no del porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% propuesto inicialmente.