Los representantes del Frente Amplio por Colón (FAC) anunciaron que, hasta que no sean liberados los 21 trabajadores detenidos en la ciudad capital en las protestas contra la polémica Ley 72, el diálogo que se adelanta con el Gobierno en la provincia de Colón permanecerá suspendido.
Se expresó, que el Ministerio Público (MP) no ha mostrado la mejor de las diligencias para poner en libertad a estos obreros miembros del Suntracs.
La medida del FAC no tiene coherencia jurídica, por lo siguiente:
1. La labor del Ministerio Público es independiente a las atribuciones que la Carta Magna le dispensa al órgano ejecutivo; por ende, nada tiene que afectar, la presunta demora del MP, con las resultas del diálogo de Colón.
2. Es un hecho público y notorio que en los eventos acaecidos, por lo de la ZLC hubo delitos que se cometieron, en tal sentido, mal pudieran liberarse a los investigados, si no se han agotados las investigaciones del caso. Se deben respetar los derechos de los terceros afectados por los delitos y hasta el Estado.
3. Se concretaría una desigualdad jurídica en beneficio de los investigados por lo de la ZLC, en detrimento de otros procesados, por otros delitos comunes, que si siguen hoy, bajo el rigor procesal.
4. La medida del FAC impulsa en alguna medida al ejecutivo, a entrometerse en las atribuciones, de otro Organo del Estado (Ministerio Público) (si le pide el archivo de los procesos) y si lo hace, tal actitud sería inconstitucional, a la luz del artículo 2 del Estatuto Fundamental.
5. La decisión del FAC, en comento, no apunta al desarrollo integral de la provincia de Colón, sino más bien a los intereses particulares de los manifestantes y sabido es, que el interés particular, debe ceder al general.
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