Archivar en octubre 22, 2012

 

En el pasado se ha contratado como Estado, sobre áreas de fondo de mar, pero se ha optado por la modalidad del contrato de concesión, porque la venta no está permitida por virtud de lo que dispone el artículo 258 de la Constitución.

En el año 2008 se dio en concesión un área de relleno de fondo de mar, con una superficie de 9,410 Mts2, para que la empresa MIRAMAR  construyera 331 estacionamientos y le diera mantenimiento, por un periodo de 20 años.

El contrato No. 095 dice en su cláusula cuarta que al final de los 20 años, la concesionaria tendría el derecho a la primera opción para que se le otorgue una nueva concesión sobre ésta área, previo cumplimiento de  las formalidades de ley.

¿Por qué no se explora esta posibilidad o en su defecto, sólo se deja un aumento previsto en la Ley No. 72 para el arriendo, en el caso de la Zona Libre de Colón?

Huelga añadir que el Estado en las concesiones, recibe un canon mensual por esto.

La Corte Suprema de Justicia, avaló la concesión del MIRAMAR en la sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, con la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega.

De los ingresos por las ventas que perciba la Zona Libre de Colón, el 35% será destinado para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón, el cual será depositado en el fideicomiso creado para tales efectos. Los fondos restantes deberán ingresar a la cuenta del Tesoro Nacional.

Los fondos del fideicomiso solo podrán ser utilizados para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón aprobados por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón y no podrán ser desarrollados por la modalidad llave en mano. El fideicomiso será de carácter irrevocable, se escogerá a un fiduciario que cuente con la licencia respectiva emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. El fideicomitente será la Zona Libre de Colón y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Todos los pagos de los proyectos serán ejecutados por medio de instrucción de orden de pago al fiduciario, previa aprobación de la entidad técnica y ejecutora a la que le corresponda el proyecto y del Ministerio de Economía y Finanzas y el refrendo de la Contraloría General de la República. Dentro de las responsabilidades que serán irrevocables para el fiduciario estarán la verificación de los documentos necesarios para cada pago, la administración y fiscalización de los activos.

Los contratistas deberán ser escogidos de conformidad con los procesos de selección de contratista que establece la legislación vigente en materia de contratación pública.

Para mí esta estructura para las obras sociales de Colón, no es la mejor fórmula, por lo siguiente:

“Todo fideicomiso será considerado oneroso, salvo que en el instrumento de fideicomiso se establezca expresamente que el fiduciario no recibirá remuneración por sus servicios.

La remuneración del fiduciario será la que señala el instrumento de fideicomiso y, a falta de ellos, será igual a la que se pague usualmente en el domicilio donde se constituye el fideicomiso.” (Art. 8 ut supra).

La experiencia que tengo en compras del Estado, me informa que el fideicomiso es una figura típica del derecho privado y en el Estado (derecho público) se ha visto, mas bien para el manejo de bienes inmuebles del  y/o para el Estado, pero lo de Colón será un manejo de un bien mueble activo (dinero). Pienso que pudo haberse destinado el dinero, en una cuenta especial de Estado, que no sea de manejo general del gobierno central, e idónea,  solo para ser utilizado en el fin ideado y con la contrafirma de la Contraloría, y bajo la fiscalización ciudadana, hasta  en línea, del manejo mensual del gasto.

Amanecerá y veremos.

Ningún relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional. Ha trascendido que los terrenos de la a Zona Libre de Colón, son rellenos de fondo de mar, por lo tanto no se deben vender.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”

JURISPRUDENCIA

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

En Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, como parte de los terrenos de la Zona Libre de Colón, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (no se habló de VENTA).

El proyecto de Ley 529, hace viable la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón, a través de la figura de la desafectación.

La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afectó un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley o peor, aún el Consejo de Gabinete,  puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.

De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

Abanicar la idea de vender los terrenos, rellenados de la Zona Libre de Colón, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio publico que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

La ley 70 de 2012, salió a la vida jurídica en Panamá, en la Gaceta Oficial No. 27145-A de 18 de octubre de 2012, para proteger a los animales domésticos. Los puntos más relevantes:

El animal doméstico que el hombre haya escogido como mascota tendrá derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, mediante su atención, cuidado y protección; en consecuencia, no deberá ser sometido a malos tratos ni a actos de crueldad.

En caso de que resulte necesaria la muerte de un animal, esta medida deberá ser aplicada por un médico veterinario idóneo utilizando un método instantáneo, indoloro y no generador de angustia.

Obligaciones del propietario

l. Recolectar el excremento del animal doméstico cuando este defeque en la vía pública

o predios privados.

2. Mantener libre el acceso al agua y alimentos a los animales dentro del hogar o sitio donde se destinen.

3. Cuando el animal esté amarrado por razones de seguridad, mantener la cadena o soga a una distancia prudencial que le permita moverse, acceder a su fuente de alimentación, descansar y defecar sin tener contacto directo con las heces.

4. Mantener al día ya la vista su registro de vacunación o control veterinario.

5. Disponer de manera higiénica del cadáver de su animal cuando este muera.

6. Los propietarios de perros y gatos deberán identificarlos con placas o cualquier elemento distintivo, que incluyan el nombre del animal y el número de teléfono del propietario.

Constituyen faltas o delitos contra los animales domésticos las siguientes conductas:

l.  Causar lesiones o la muerte a un animal doméstico.

2. Practicar o propiciar actos de zoofilia.

3. Abandonar a un animal doméstico.

4. No proveer alimento o agua a un animal doméstico o proveerle poca cantidad y baja

calidad.

5. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas, no proveerle tratamiento médico veterinario en caso de ser necesario, y no protegerlo contra las inclemencias del tiempo.

6. Mantener a los animales domésticos enjaulas inadecuadas según su especie y tamaño.

7. Contravenir el propietario o responsable del animal doméstico las disposiciones de esta Ley.

Las faltas se sancionan con multa y con trabajo comunitario

Corresponderá a las autoridades de policía aplicar las sanciones previstas en esta Ley.

Panamá se ha convertido en el sueño americano, para muchas nacionalidades, sin duda. Los panameños somos un pueblo noble y como tal, le hemos dispensado hospitalidad a los extranjeros que residen junto a nosotros.

Esto no quiere decir que debemos aceptar, sin cuestionar, todas las normas que el gobierno establezca, sobre temas migratorios, ya que ni siquiera nos explican como ciudadanos, el por que de las mismas y mucho menos, sobre cual es el camino a tomar, en materia de extranjerización, hacia el futuro.

Normas aprobadas, que ameritan, al menos, una explicación a la ciudadana.

1. Por que existe una limitación constitucional, para vender los rellenos de fondo de mar.  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

2. Por que no se nos ha explicado como ciudadanos, cuales son los planes que se tienen para el 75% restante de los ingresos extraordinarios que perciba la Zona Libre de Colón.

3. Por que no se nos ha explicado, por que se ha descartado la fórmula de la concesión administrativa, comos se hizo otrora, en el caso de los estacionamientos soterrados del Hotel Miramar, que fueron hechos sobre rellenos de fondo de mar.

4. Por que no se nos ha explicado, si con un aumento del canon actual del arriendo de los terrenos de la zona libre, se puede solventar en alguna medida, las necesidades de Colón.

5. Por que nos estamos despojando de un activo del Estado lucrativo, sin una explicación convincente al respecto, debido a que según lo que dice el proyecto de ley, sólo el 25%, de los ingresos extraordinarios que perciba la Zona Libre de Colón, son los que serán destinados para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón, sin embargo el grueso del haber, no será para Colón.

     A raíz de las intenciones de vender terrenos de la Zona Libre de Colón, que son relleno de fondo de mar, surge la inquietud sobre si esas tierras se pueden vender.

     A mi juicio No, cuenta habida de que pareciera que gravita una limitación constitucional que existe al respecto. No hay jurisprudencia, al menos hoy, que valide el tema de la venta de los rellenos de fondo de mar.

   

    Abanicar la idea de vender los terrenos, rellenados de la Zona Libre de Colón, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio público que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley y/o la desafectación que haga el Consejo de Gabinete, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

! Que dice la Carta Magna al respecto ¡

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”

    ¡ Que dice la jurisprudencia patria, sobre el tema del fondo de mar ¡

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

Por otro lado, se afirma que la Corte (ver sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012) en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, como parte de los terrenos de la Zona Libre de Colón, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (no se habló de VENTA).

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

No es ocioso afirmar, digo yo,  que la figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afecto un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que el Consejo de Gabinete puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, podría debilitar la jerarquización de las normas que privan en Panamá.

Por otro lado, se afirma que la Corte (ver sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012) en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, como parte de los terrenos de la Zona Libre de Colón, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos. Por lo expuesto, la figura más saludable de disposición seria ésta, a mi juicio, en vez de VENTA, para evitar problemas legales.