Balance sobre el ANTE- PROYECTO DE LEY DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
El Ante- proyecto de ley, de 163 artículos, esta siendo consultado con diversos sectores de la sociedad y el mismo pretende reestructurar el marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento de la República de Panamá.
BALANCE POSITIVO
1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo.
2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos.
3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales.
4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorias e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad.
5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado.
6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo.
7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión.
8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad.
9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda.
10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio.
11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos.
BALANCE NEGATIVO
1. No se detalla en que consisten las inversiones que tendrá la Autoridad, por el orden de los 800 millones, que se enuncia, en el considerando del ante-proyecto y como se van a obtener los ingresos.
2. La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.
3. La exigencia, del tiempo, para la renuncia del cargo, para los directores de la Autoridad, que desean optar a puestos de elección popular, NO coincide con lo que estipula el código electoral, para todas las demás personas.
4. El Ejecutivo tiene facultad plena de remover a los directores de la Autoridad, por comprobada incapacidad administrativa; esto es muy subjetivo.
5. No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.
6. El fiscalizador general de la Autoridad, sin ser abogado o CPA podrá, revisar las normas legales y hasta llevar a cabo auditorías.
7. No existe la estabilidad funcional, para el cargo de fiscalizador general.
8. No se incluye el principio de licitación pública, en las contrataciones de la Autoridad. Esto pudiera ser poco transparente.
9. La Autoridad no es responsable, ante terceros, como los demás entes públicos en el País, por las acciones abusivas de sus funcionarios.
10. No se incluye la función fiscalizadora previa de la Contraloría General, en las contrataciones y en el manejo de lo fondos públicos, de la Autoridad. Determina que la Contraloría llevará sólo la auditoria posterior. Esto es inconstitucional.
11. No se precisa para los funcionarios de la Autoridad, que se sujetarán, al régimen laboral y a los beneficios del código laboral.
12. No se le pone límites, a la contratación de extranjeros.
13. Se le pretende cobrar al pueblo, el costo de los medidores de consumo de agua y un cargo por su instalación.
14. Inconstitucionalmente se limita, a la CORTE Suprema de Justicia, en su función de suspender provisionalmente, los actos, de la Autoridad.