Archivar en marzo 31, 2012

Los medios de comunicación en Panamá, recogen la noticia de que el pleno de la Asamblea Nacional sería convocado por el Órgano Ejecutivo a sesiones extraordinarias en el periodo de receso que se inicia el próximo 1 de mayo.

Triste es, que los diputados de mi País, no le hayan dado la importancia que el tema requiere.

Temas que deberán ser ponderados del paquete de reformas, al momento de debatirlas, en segundo debate.

1. La labor del Tribunal Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales televisados en cadena nacional.
2.. El concepto del Voto Adelantado para amparar: el voto de los panameños desde el exterior, el de los privados de libertad, el de los miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y los discapacitados, ya que por el giro de sus funciones se han visto limitados para el ejercicio del sufragio.
3. La inclusión de los tesoreros municipales, entre aquellos que deben renunciar a sus cargos, siempre y cuando opten por un cargo dentro del mismo distrito en donde ejercen funciones.
4. La obligación para el tribunal Electoral de ejecutar programas de educación cívica electoral, dirigidos al sistema educativo, en coordinación con las respectivas autoridades, y a la sociedad en general, con el objetivo de promover los valores democráticos.
5. El reconocimiento del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismos de consulta permanente ante el Tribunal Electoral.
6. La prohibición de la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.
7. La consagración de la filosofía de cada votante un voto.
8. El tema de la segunda vuelta electoral.
9. La eliminación o no del porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.
10. El asunto de los firmantes o adherentes, según el caso, para las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, Alcaldes y representantes de Corregimientos.
11. Lo tocante a la sección del financiamiento privado que tenía el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
12. El tema de la Paridad.

Muchos han criticado la idea de pagarle la beca universal, ha estudiantes que han reprobado. Los que critican esto, lo hacen sin comprender que la comentada beca, más bien es un subsidio del Estado y no una beca por excelencia. En tal sentido, la beca universal, se compadece del artículo 95 de la Constitución, que reza:

ARTICULO 95. La educación oficial es gratuita en todos los niveles pre-universitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general.
La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general.
La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.

La finalidad de la beca universal, no es forjar la excelencia en el estudio, sino la promoción de otros valores. El artículo 3 del Decreto Ejecutivo 1 de 2011, lo define con precisión, en los siguientes términos:

ARTICULO 3. Finalidad: El Programa de Beca Universal tiene como finalidad contrarrestar la deserci6n escolar y elevar considerablemente los índices de inscripción y asistencia de niños, niñas y adolescentes en los procesos educativos. Su uso esta destinado para la adquisici6n de uniformes, libros, útiles escolares y alimentos para los estudiantes beneficiados. El uso distinto de los dineros otorgados a través de la Beca Universal, será puesto en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales correspondientes, para lo que en derecho corresponda.

Por mi parte, otorgo una caricia positiva a la presente administración, por cumplir un mandato constitucional, históricamente soslayado.

Por este medio te adjunto copia de la petición que hoy le hice al Ministro del Mef, para que desista de vender los terrenos de la Zona Libre de Colón y copia de la denuncia que interpuse ante la Contraloría, por lo de la ambulancia pernoctando en la casa del diputado Salerno.

http://ernestocedeno.com/publicaciones/Peticion_MEF.pdf

http://ernestocedeno.com/publicaciones/Denuncia_ante_Contraloria.pdf

http://ernestocedeno.com/publicaciones/Peticion_MEF.pdf

http://ernestocedeno.com/publicaciones/Denuncia_ante_Contraloria.pdf

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL ALTO COSTO DE LA VIDA EN PANAMÁ.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Doctor en derecho

El gobierno panameño impulsa a mayor escala, las Jumbo tiendas y las Jumbo Ferias para paliar los efectos de los problemas que hay en la canasta básica en Panamá.

Estos mecanismos serán insuficientes a mi parecer, si no se toman otros correctivos sobre el tema.

Acto seguido propongo mis correctivos, sobre el tema:

1. Que se impulse en Panamá una ley para limitar la extranjerización de tierras.

Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) advirtió hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya ha reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.
La nueva norma no afectaría a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras. Igual medida existe en USA y Canadá.
Si no lo hacemos hoy, nos exponemos a que no haya tierras para la producción nacional mañana.

2. Modificar las leyes 24 y 25 de 2001, que impulsa el beneficio de los productores patrios, para eliminar la excesiva burocracia que gravita en ellas y les pueda llegar por tanto la ayuda, a los necesitados, de manera expedita.

3. Cambiar el derrotero fiscal nacional, impulsando normativas parecidas a la Regla Buffet o mejorarla, que impulsa Barack Obama en USA, en donde los que ganan más de millón de dólares al año tendrán una tasa impositiva no menor al 30%.

4. Debe descargarse el yugo que pesa hoy sobre la clase media a la que les asfixia el 7%, la ley de portabilidad numérica, el 911 y ahora pretenden cargarle el peso de la soterración de cables en Panamá.

5.. Fijar los precios de los artículos de primera necesidad, como lo permite el artículo 284 constitucional.

6. Establecer una buena línea de crédito al productor nacional con préstamos blandos.

7. Como prioridad de Estado, hacer reuniones con los productores y comerciantes para poder recibir propuestas, sobre como bajar el alto costo de la vida en Panamá.

8. Fortalecer las instituciones para que se respete siempre la seguridad jurídica. Esto también tiene que ver con la correcta escogencia de los operadores de justicia y del respeto a la separación de poderes en Panamá, como pilar de la democracia, ya que esto atraería inversionistas.

Medios de comunicación social, transmitieron que en la residencia del Diputado Noriel Salerno, pernocta una ambulancia que al parecer, es del Estado, o sea, pagado con fondos públicos. “Existe logo del gobierno”). De haberse adquirido la ambulancia con fondos estatales, se estaría violando, a mi juicio, la ley material, debido a que la Circular No. 90-2005-DC-DFG de la Contraloría, de 25 de agosto de 2005, publicado en la gaceta oficial No. 25,379 de 6 de septiembre de 2005 en su numeral 6, prohíbe estacionar vehículos oficiales en residencias particulares.
La circular de marras, analizada en conjunto con el artículo octavo y el duodécimo, del Decreto Ejecutivo No. 124 de 27 de noviembre de 1996, obliga a imponerle al Diputado en mención, en mi concepto, al menos B/.100.00 de multa, para iniciar y obliga a la Contraloría, a levantar un informe que pudiera ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, para que se analice si es procedente o no, el iniciar unas sumarias en contra del Diputado. La Contraloría tiene la última palabra en esto y deberá decir, si autorizó al Diputado en mención, a vulnerar las disposiciones transcritas. El Diputado, a su vez debe rendir cuenta, sobre el particular y tiene derecho a que se presuma su inocencia. (Dura lex, sed lex). Dura es lea ley, pero es la ley.

Medios de comunicación social, transmitieron que en la residencia del Diputado Noriel Salerno, pernocta una ambulancia que al parecer, es del Estado, o sea, pagado con fondos públicos. “Existe logo del gobierno”). Esto a mi juicio, viola la ley material, debido a que la Circular No. 90-2005-DC-DFG de la Contraloría, de 25 de agosto de 2005, publicado en la gaceta oficial No. 25,379 de 6 de septiembre de 2005 en su numeral 6, prohíbe estacionar vehículos oficiales en residencias particulares.
La circular de marras, analizada en conjunto con el artículo octavo y el duodécimo, del Decreto Ejecutivo No. 124 de 27 de noviembre de 1996, obliga a imponerle al Diputado en mención, al menos B/.100.00 de multa, para iniciar y obliga a la Contraloría, a levantar un informe que pudiera ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, para que se analice si es procedente o no, el iniciar unas sumarias en contra del Diputado, por posible comisión de peculado de uso. La Contraloría tiene la última palabra en esto y deberá decir, si autorizó al Diputado en mención, a vulnerar las disposiciones transcritas. (Dura lex, sed lex). Dura es lea ley, pero es la ley.

Es harto conocido que la mayoría de los terrenos, en donde están las empresas de la Zona Libre de Colón, son rellenos hechos sobre lecho de mar, en consecuencia, se encuentran insertos, en cuanto a su apropiación privada, dentro de la prohibición constitucional que reza el artículo 258 de la Constitución Política panameña y sabido es, que lo accesorio, sigue la suerte de lo principal.

Es incomprensible que hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas, tenga un plan de cabildeo y de toma de acuerdos con terceros, para poder incorporar al Tesoro Nacional, los haberes que salgan del producto de unas ventas, que a todas luces serían inconstitucionales.

La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afecto un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.

¿Cuál es la jerarquía de las normas en Panamá?

Ley 38 de 2000

Artículo 35. En las decisiones y demás actos que profieran, celebren o adopten las entidades públicas, el orden jerárquico de las disposiciones que deben ser aplicadas será: la Constitución Política, las leyes o decretos con valor de ley y los reglamentos.

En el ámbito municipal, el orden de prioridad de las disposiciones jurídicas será: la Constitución Política, las leyes, decretos leyes, los decretos de gabinete, los decretos ejecutivos, las resoluciones de gabinete, los acuerdos municipales y los decretos alcaldicios.

A nivel de las juntas comunales y las juntas locales debe aplicarse el siguiente orden jerárquico: la Constitución Política, leyes, decretos leyes, decretos de Gabinete, los decretos ejecutivos, las resoluciones de gabinete, los acuerdos municipales, decretos alcaldicios y los reglamentos que dicten las juntas comunales.

Constitución Política

Articulo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.
Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Articulo 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.

De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.
…
Debido a la importancia que implica lo anterior, una norma de cualquier rango legal no debe transformar los bienes de dominio público, en privados.”

Desconozco, el porque algunas de nuestras autoridades, insisten en querer violar la Carta Magna, de manera cruel, con aquello de la iniciativa de la venta bajo estudio, pero lo que si es cierto, es que esos actos, impropios, desde el momento en que se materialicen, provocarán un cúmulo de acciones legales en su contra y también en contra de los que concibieron la idea.

“Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.” (Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de diciembre de 2004)

Abanicar la imprudente idea de vender los terrenos, rellenados de la Zona Libre de Colón, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio publico que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:
1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.
2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.
3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.
4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.
5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”

Sobra añadir que los Diputados, no deben siquiera abordar un tipo de ley como ésta, por que les está vedado el hacerlo, de acuerdo al Artículo 163 numeral 1 de la Constitución, que reza: “Es prohibido a la Asamblea Nacional:
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de ésta Constitución.

Ha salido en los medios de comunicación social, que se pretende vender los terrenos de la zona libre de Colón. En el evento de que éstos sean rellenos hechos, sobre alguno de los bienes de dominio público, detallados en la Carta Magna, en su artículo 258; los mismos no debieran desafectarse, para venderse en el comercio.

Si bien es cierto, en sentencia de 5 de diciembre de 1997, de la Sala Tercera de la Corte, y en otros fallos de ésta Sala, se contempla la figura jurídica de la desafectación, que hace viable que bienes del domino publico puedan ser transferidos al patrimonio privado, no obstante, ésta FIGURA, debiera implementarse siempre que los bienes bajo ejecución, no sean de los contemplados estrictamente, en el artículo constitucional plasmado.

“Como ya lo hemos indicado, el Dominio Público tiene características muy propias que lo excluyen del comercio; sin embargo, existe una figura jurídica que permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y esta es `la desafectación’, la cual opera por voluntad del Estado a través de un acto público, emitido por el Poder Legislativo, es decir, que sólo a través de una Ley se puede desafectar un bien de dominio público y convertirlo en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación”. (Sentencia del 5 de diciembre de 1997, Sala Tercera)

Dejo claro que en sentencia del PLENO de la Corte Suprema del 30 de diciembre de 2004, que tiene más peso que los fallos de la Sala Tercera de la Corte, por aquello de que son los del Pleno, los que integran el Bloque de la Constitucionalidad y no los de la Sala Tercera, se indicó sobre el tema lo que sigue:

“Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

Debido a la importancia que implica lo anterior, una norma de cualquier rango legal no debe transformar los bienes de dominio público, en privados.”

Se avecina una batalla legal innecesaria, a mi juicio, ya que los terrenos de la Zona Libre de Colón, debieran seguir siendo del Estado, para preservar los bienes en beneficio de las futuras generaciones, que obtendrían el beneficio indirecto del arriendo de tales bienes.

Se ha comentado en la ciudadanía que podrían ser inconstitucionales, leyes o normativas que jubilan a sus trabajadores, por edad, ya sea por 65, 75 años, etc. (ejemplo: La Universidad de Panamá, y otras iniciativas, en ciernes.)
El caso de la jubilación por edad, ya fue discutido otrora en la Corte Suprema de Justicia, PLENO, y se definió que por este tema, no sería inconstitucional, ninguna medida sobre la jubilación.

Sentencia de 16 de julio de 1999 (sobre la ley conocida como “Ley Faúndez”)

“La mencionada Ley de manera alguna está adoptando medidas de destitución de un servidor público concreto, puesto que introduce una norma de alcance aplicable a un número indeterminado de personas, y ni siquiera está regulando lo relativo a la remoción, sino un aspecto relacionado con un derecho que asiste, por el transcurso del tiempo, a todo servidor público que ha llegado a un determinado período vital, es decir, la jubilación, que no es destitución o remoción del cargo que ocupa dicho servidor público, sino, por el contrario, el ingreso a las clases pasivas.”

Conforme al fallo en cita, una ley podría ser inconstitucional, por asuntos de edad, sólo si por ejemplo prohíba, que un jubilado a la postre, pueda ser contratado.

La corte afirmó: “El ingreso a la situación de jubilado, por otra parte, en modo alguno prohíbe que el servidor público sea contratado o brinde sus servicios a terceros, como ha tenido ocasión de señalar este Pleno en conexión con el derecho al trabajo, como tuvo ocasión de puntualizar en su Vista la Procuradora de la Administración.”

Mi criterio es que las personas de avanzada edad, deberían abrirle paso a las nuevas generaciones, siempre que éstas, reúnan, para los puestos, los requisitos legales establecidos. Debe existir el relevo generacional.