Categoría en Uncategorized

La extradición de expresidente Ricardo Martinelli, es viable en base a dos normas jurídicas diferentes, desde mi óptica: La Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica y la Ley 4 de 1938 que aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933.

¿Qué consecuencia importante trae aparejada la extradición?

Respuesta: la de no juzgarlo por causas previas a la extradición.

Conforme a las consabidas normas legales, ninguna persona entregada, podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.

 

Ley 75 de 1904

Art. VIII.- Ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra, podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregada, hasta tanto que no haya tenido oportunidad para regresar al país de que ha sido extraída.

 

Ley 4 de 1938

Art. 17.- Concedida la extradición, el Estado requiriente se obliga: a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido el, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho.

 

Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.

 

En tal sentido, el periodista conforme lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene deberes que debe honrar, para no abusar del ejercicio de la libertad de expresión e irrespetar por tanto, a las personas que reciben la información del comunicador.

 

Cita textual del fallo de la Corte.

“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos.

En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.

(CASO KIMEL VS. ARGENTINA, página 279)

Algunas personas, están enviando, en las redes sociales, información ofensiva, vulgar, familiar-íntima, etc.

 

Lo anterior se debe considerar, como actos propios de un libertinaje de expresión, que no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones
sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

 

Estos actos, debilitan algunos principios fundamentales, que se detallan a continuación:

 

• No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

 

• No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

 

El libertinaje consabido, es evidencia del debilitamiento ético de nuestra sociedad.

 

Las investigaciones que se hacen en donde se ha mencionado al
expresidente Ricardo Martinelli, se sujetan a los términos del código procesal
penal.

 

Interrogantes sobre el caso.

 

1. ¿Cuál es el estado actual del expresidente a lo legal, hoy?

 

El de inocencia.

Código procesal penal

Artículo 8. Inocencia. Toda persona debe ser tratada y considerada  como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.

…

2. ¿Se puede juzgar en ausencia?

 

No. El código lo prohíbe.

Código procesal penal

Artículo 93. Derechos de la persona imputada. A la persona imputada se le asegurarán todos los derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá y las leyes, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra hasta la conclusión del proceso. Entre ellos, los siguientes:

…

12. No ser juzgada en ausencia.

…

3. ¿Cuándo se hace indispensable la presencia del expresidente en la investigación?

 

Cuando es requerido.

Código procesal penal

Artículo 158. Imputado de paradero desconocido. La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera.

…

 

4. ¿Hay algunos actos en donde el investigado debe estar presentes de manera obligatoria?

 

Si, cuando por ejemplo, se le quisiera imputar cargos, si se desea proponer una medida cautelar personal, los de la etapa intermedia.

Código procesal penal

Artículo 278.

…

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

 

 

5. ¿Qué pasa cuando el investigado requerido, no acude a la investigación?

 

Se le hace comparecer a la fuerza y mientras tanto, se suspende la prescripción de la acción penal.

Código procesal penal

Artículo 158.

…

La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca.

…

 

6. ¿Cómo son los actos procesales?

 

Orales.

Código procesal penal

Artículo 128. Oralidad. Los actos procesales serán orales. Los asuntos debatidos serán resueltos en la misma audiencia, y los presentes se considerarán notificados por el pronunciamiento oral de la decisión judicial.

 

7. ¿La omisión de la imputación de cargos en el tema de los “pinchazos” anula todo el caso?

Por supuesto que no, ya que en la audiencia de acusación, (etapa intermedia) se puede anular la acusación dada sin imputación de cargos, tal cual lo permite el artículo 345 del código procesal penal, pero para ello, el expresidente Martinelli debe estar presente en la audiencia.

Al Juez de Garantías, le compete este tema. Anulada la acusación, podría proceder la imputación de cargos, sin problema alguno.

Código procesal penal

Artículo 345. Audiencia. El Juez de Garantías le dará la palabra a la defensa, al Fiscal y al querellante para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones. Si el querellante no asiste, se tendrá por desistida su acción penal…

 

Artículo 278.

…

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

 

8. ¿Es viable la extradición del expresidente Martinelli?

 

Si es viable en base a dos normas jurídicas diferentes, desde mí óptica: La Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica y la ley 4 de 1938 que aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 2016, expediente No. 9-12, con ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, determinó la finalidad que tiene la participación ciudadana en nuestra sociedad, así:

“Y es que la participación ciudadana, no tiene como finalidad única informar al ciudadano de una gestión pública o saber su opinión en la adopción, sino que constituye un mecanismo de integración en los asuntos que les afectan como ciudadanos y como comunidad; un método de concienciación y evaluación de las opciones y decisiones que se pretenden adoptar; una forma de apoyo y seguimiento en la ejecución de la decisión y su efectivo cumplimiento; un medio para la educación sobre un tema en particular de interés general y sus distintas afectaciones; un espacio para que el ciudadano exprese y adopte su visión, lográndose niveles de consenso, compromiso y aceptación; y también lograr el objetivo de la transparencia en las decisiones que se adopten en un gobierno, facilitándose en cierta forma el desarrollo y una democracia participativa”.

En nuestra legislación, la participación ciudadana se encuentra regulada en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, cuyo objetivo es hacer viable la transparencia en el ejercicio de la gestión pública.

De acuerdo la doctrina jurisprudencial de marras, la ley arriba citada, deja un amplio margen para que la Administración y la ciudadanía evalúen y precisen al momento de la realización de su gestión, cuáles otros actos debe imprimírsele este trámite obligante de participación ciudadana,  contando como parámetro que la temática suponga una posible afectación a los intereses y derechos de la colectividad.

 

 

Después de un análisis normativo concluyo que la extradición contra el expresidente  Ricardo Martienlli cómo panameño residente en USA, es viable en base a dos normas jurídicas diferentes, desde mi óptica:

 

1. La Ley 75 de 1904, aprobó la convención de extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica.

El listado de los delitos por las cuales se puede extraditar a un nacional, que consagra el artículo segundo del tratado en cita, contempla los siguiente delitos: el delito de malversación cometida por empleados públicos, el soborno, homicidio y/o crímenes, robo, falsificación de valores, algunos tipos de fraude, perjurio, violación, rapto, sustracción de personas, delitos en el mar, incendio, pero no las interceptaciones.

 

La acusación que hizo el magistrado Harry Díaz contra Ricardo Martinelli Berrocal contempla supuestos delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, pero también, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracción o “malversación” y peculado de uso.

 

2. La ley 4 de 1938 aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. Usa y Panamá lo han ratificado, entre otros países.

Aquí si incluye todos los delitos con pena mayor de un año, por lo tanto, contempla las interceptaciones.

Convención Multilateral  sobre Extradición

Art. 1.- Cuando uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Que el Estado requiriente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado. b) Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad.

 

Código penal panameño.

 

Artículo 167. Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Artículo 168. Quien, sin contar con la autorización correspondiente,  practique seguimiento, persecución o vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos.

 

Por su parte, y a guisa de ejemplo,  Estados Unidos mantiene un enfrentamiento con Julian  Assange, debido a las filtraciones hechas por WikiLeaks y pretende enfrentarlo antes su justicia por la tipificación penal de las interceptaciones, señal de que su legislación censura la conducta.

Se deja claro que el hecho de que se extradite a un nacional como el prenombrado,  no significa que sea culpable de algo, sólo que se han cumplido los requisitos de ley para hacerlo comparecer al proceso a rendir cuentas del caso.

 

¿Sabía usted que conforme al informe oficial que me entregó el MEF, por medio de su titular el señor ministro Dulcidio de la Guardia, todos los diputados del quinquenio 2009-2014 recibieron partidas circuitales?

¿Cuándo nos van a rendir cuentas sobre el uso de este fondo?

 

DISTRIBUCION DE PARTIDAS CIRCUITALES

			403,496,332.00
YANIBEL DE ABREGO			9,356,000.00
	JC EL CACAO	7,880,000.00
	PAN	1,326,000.00
	JC DE LÍDICE	150,000.00
CRISPIANO ADAMES			4,955,000.00
	PAN	930,000.00
	JC DE SAN FELIPE	825,000.00
	JC DE BETANIA	850,000.00
	JC DE RUFINA ALFARO	350,000.00
	JC EL EMPALME	325,000.00
	JC DE CALIDONIA	550,000.00
	JC DE ANCÓN	1,125,000.00
CARLOS AFÚ			8,591,520.00
	PAN	3,298,000.00
	MUNICIPIO DE PEDASÍ	8,911.00
	MUNICIPIO DE GUARARÉ	4,600.00
	M UNIC. DE LOS SANTOS	8,009.00
	JC DE LAS TABLAS	122,000.00
	JC DE PURIO	2,000.00
	JC DE LA ENEA	5,000.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	5,143,000.00
FRANCISCO ALEMÁN			8,920,000.00
	PAN	1,000,000.00
	JC DE BAHÍA HONDA	920,000.00
	JC DE AMELIA DENIS	2,300,000.00
	JC DE COSTA HERMOSA	800,000.00
	JC DE VICTORIANO LORENZO	3,140,000.00
	JC DE LAS HUACAS	200,000.00
	JC DE MATEO ITURRALDE	560,000.00
MIGUEL ALEMÁN			1,740,000.00
	PAN	800,000.00
	MUNIC. DE SAN MIGUELITO	100,000.00
	JC AMELIA DENIS DE ICAZA	840,000.00
ABELARDO ANTONIO			6,230,000.00
	PAN	2,660,000.00
	MUNIC. DE SANTA ISABEL	2,790,000.00
	JC DE MARIABÉ	780,000.00
HÉCTOR APARICIO
	MUNIC. DE LA MESA	250,000.00	7,638,705.00
	JC DE SONÁ	91,700.00
	JC DE BETANIA	10,000.00
	JC DE RODEO VIEJO	3,888,000.00
	JC DE PLAYA LEONA	64,000.00
	MUNIC. DE LAS PALMAS	2,000.00
	PAN	3,333,005.00
RONY ARAÚZ			7,579,403.00
	PAN	4,079,525.00
	MUNIC. DE BARÚ	550,000.00
	JC DE GÓMEZ	2,949,878.00
DENIS ARCE			730,000.00
	PAN	370,000.00
	JC DE CHIRIQUÍ	180,000.00
	JC DE GUACÁ	180,000.00
LEOPOLDO ARCHIBOLD			8,560,000.00
	JC DE RÍO CHIRIQUÍ	4,340,000.00
	PAN	4,220,000.00
JUAN CARLOS AROSEMENA			470,000.00
	PAN	400,000.00
	JC DE SAN FRANCISCO	70,000.00
JORGE I. ARROCHA			3,070,000.00
	PAN	1,550,000.00
	JC EL COCO	210,000.00
	JC DE RÍO INDIO	885,000.00
	JC DE COCLÉ	95,000.00
	JC DE PAJONAL	305,000.00
	MUNICIPIO DE PENONOME	25,000.00
LEANDRO AVILA			2,430,000.00
	PAN	870,000.00
	JC DE RUFINA ALFARO	1,135,000.00
	JC JOSÉ DOMINGO ESPINAR	200,000.00
	JC DE RÍO ABAJO	225,000.00
ROGELIO BARUCO			7,495,509.00
	PAN	3,375,509.00
	JC DE SAN PABLO VIEJO	995,000.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	250,000.00
	JC DE GÓMEZ	2,375,000.00
	JC DE POTRERILLOS ABAJO	500,000.00
DALIA BERNAL			6,640,300.00
	PAN	3,103,500.00
	JC DE ARNULFO ARIAS	3,361,800.00
	JC DE RUFINA ALFARO	175,000.00
JOSÉ I. BLANDÓN F.			4,083,000.00
	PAN	1,175,000.00
	MUNIC. DE PANAMÁ	250,000.00
	JC DE BELLAVISTA	2,658,000.00
FRANCISCO BREA			6,646,996.00
	PAN	3,125,000.00
	JC DE CERRO PLATA	275,000.00
	JC DE CORRAL FALSO	380,000.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	2,775,437.00
	JC ELCOCLA	20,000.00
	JC DE CALOBRE	71,559.00
FERNANDO CARRILLO			5,967,545.00
	PAN	5,547,545.00
	JC DE CHILIBRE	420,000.00
DANA CASTAÑEDAS			11,178,920.00
	JC DE LA PINTADA	747,925.00
	JC EL POTRERO	125,000.00
	JC DE PIEDRAS GORDAS	6,568,495.00
	JC EL HARINO	20,000.00
	JC DE LLANO GRANDE	160,000.00
	JC EL CAÑO	20,000.00
	JC DE GUZMÁN	10,000.00
	MUNIC. DE NATA	110,000.00
	JC DE NATÁ	70,000.00
	JC DE TOZA	10,000.00
	JC EL PICACHO	25,000.00
	PAN	3,312,500.00
ELIAS CASTILLO			1,465,000.00
	PAN	895,000.00
	JC DE RÍO ABAJO	185,000.00
	JC DE SAN FRANCISCO	70,000.00
	JC DE AMELIA DENIS	315,000.00
MANUEL COHEN S			12,815,000.00
	JC DE LA ARENA	10,380,000.00
	JC DE LA VILLA DE LOS SANTOS	920,000.00
	JC DE SAN JUAN BAUTISTA	10,000.00
	JC DE LLANO BONITO	10,000.00
	PAN	1,495,000.00
LUIS CORBILLÓN			5,350,750.00
	PAN	2,145,750.00
	JC EL COCO	3,205,000.00
IRASEMA DE DALE			2,070,000.00
	PAN	900,000.00
	JC DE BARRIO SUR	470,000.00
	JC DE BARRIO NORTE	450,000.00
	JC DE SANTA ROSA	250,000.00
ARISTIDES DE ICAZA			7,050,000.00
	PAN	7,050,000.00
RUBEN DE LEON			2,915,000.00
	PAN	620,000.00
	JC DE LA PEÑA	445,000.00
	MUNIC. DE SANTIAGO	40,000.00
	JC DE PARRILLA	500,000.00
	JC DE GUARUMAL	900,000.00
	MUNIC. DE RIO DE JESÚS	100,000.00
	JC DE EDWIN FÁBREGA	50,000.00
	JC DE SONÁ	60,000.00
	JC DE URRACA	200,000.00
HERNÁN DELGADO			8,360,000.00
	JC DE TORTÍ	7,660,000.00
	JC DE PLAYA LEONA	200,000.00
	PAN	500,000.00
REANULD DOMINGUEZ			1,985,000.00
	PAN	1,000,000.00
	JC DE DAVID	200,000.00
	JC DE RUFINA ALFARO	705,000.00
	JC DE RÍO GRANDE	60,000.00
	JC DETOABRÉ	20,000.00
JOSE LUIS FABREGA			1,485,000.00
	PAN	370,000.00
	JC DE SAN FRANCISCO	1,115,000.00
MIGUEL FANOVICH			5,755,200.00
	PAN	1,124,200.00
	JC DE TIJERAS	3,510,000.00
	JC DE SAN PABLO NUEVO	790,000.00
	JC DE BIJAGUAL	331,000.00
RUBÉN FRÍAS			8,307,500.00
	PAN	4,835,000.00
	JC DE SANTA RITA	575,000.00
	JC DE PLAYA LEONA	2,855,000.00
	JC DE PUERTO CAIMITO	35,000.00
	JC DE BARRIO BALBOA	7,500.00
	JC DE LA REPRESA	40,000.00
	JC DE LOS DÍAZ	20,000.00
IRENE GALLEGOS			842,000.00
	PAN	350,000.00
	JC DE GUARUMAL	242,000.00
	JC DE MADUNGANDÍ	250,000.00
SERGIO GÁLVEZ			7,710,000.00
	JC DE EL CHORRILLO	1,500,000.00
	PAN	6,210,000.00
VIDAL GARCÍA			7,880,000.00
	JC DE CHILIBRE	5,930,000.00
	MUNICIPIO DE PANAMÁ	100,000.00
	PAN	1,850,000.00
OSMÁN GÓMEZ			6,003,000.00
	PAN	2,380,000.00
	JC DE PUERTO ARMUELLES	1,970,000.00
	JC RODOLFO AGUILAR	215,000.00
	JC DE SAN CARLOS,CH	20,000.00
	JC DE LIMONES	100,000.00
	JC DE TIJERAS	1,018,000.00
	JC DE BACO	300,000.00
MARCOS GONZÁLEZ			8,005,000.00
	JC DE VICTORIANO LORENZO	80,000.00
	JC EL ARADO	800,000.00
	JC DE AMELIA DENIS	1,635,000.00
	JC DE ARNULFO ARIAS	1,920,000.00
	JC DE PLAYA LEONA	850,000.00
	JC DE DOS RÍOS	138,000.00
	MUNIC. DE OCÚ	32,000.00
	PAN	2,550,000.00
RAUL HERNANDEZ			8,507,175.00
	JC DE RÍO HATO	5,748,000.00
	MUNIC. DE ANTÓN	212,500.00
	PAN	2,546,675.00
ABSALÓN HERRERA			6,040,000.00
	PAN	2,030,000.00
	JC DE PLAYA LEONA	4,010,000.00
JOSÉ M. HERRERA			8,205,453.00
	PAN	1,832,500.00
	JC DE CHAME	9,000.00
	J DE PUNTA CHAME	12,000.00
	JC DE BEJUCO	5,956,853.00
	JC DE CHICÁ	26,000.00
	MUNIC. DE CHAME	6,000.00
	JC DE CABUYA	17,000.00
	JC EL HIGO	79,500.00
	JC DE EL ESPINO	92,000.00
	JC LAS UVAS	10,000.00
	JC DE LAS LAJAS	17,000.00
	JC DE SORÁ	26,300.00
	JC SAN JOSÉ	16,000.00
	JC LA ERMITA	72,500.00
	JC DE GUAYABITO	17,800.00
	JC DE SAJALICES	5,000.00
	JC DE BUENOS AIRES	10,000.00
NELSON JACKSON			8,155,000.00
	PAN	2,765,000.00
	JC DE NOMBRE DE DIOS	5,175,000.00
	JC DE MIGUEL DE LA BORDA	75,000.00
	JC DE PALMAS BELLAS	60,000.00
	JC DE SALUD	80,000.00
VICTOR JULIAO			6,596,680.00
	PAN	4,853,976.00
	JC DE SANTA ANA	450,000.00
	JC DE SANTA RITA	150,000.00
	JC DE BELLA VISTA	1,142,704.00
MARIO LAZARUS			6,350,000.00
	PAN	5,720,000.00
	JC DE NUEVO SAN JUAN	20,000.00
	JC DE CRISTÓBAL	110,000.00
	JC DE NUEVA PROVIDENCIA	250,000.00
	JC DE MARÍA CHIQUITA	250,000.00
LUIS LAY			4,655,000.00
	PAN	4,120,000.00
	JC DE BETANIANA	310,000.00
	JC DE BEJUCO	25,000.00
	JC DE SANTA A	200,000.00
JOSÉ LOZADA			7,950,000.00
	PAN	6,920,000.00
	MUNIC. DE ALANJE	980,000.00
	JC DE GUAYABAL	40,000.00
	JC DE MONTE LIRIO	10,000.00
ABRAHAM MARTÍNEZ			8,130,000.00
	PAN	2,770,000.00
	JC DE ARNULFO ARIAS	1,385,000.00
	JC DE BELISARIO PORRAS	350,000.00
	JC DE MATEO ITURRALDE	175,000.00
	JC DE OMAR TORRIJOS	400,000.00
	JC DE CAPIRA	400,000.00
	JC DE CIRI DE LOS SOTOS	2,650,000.00
JUAN A. MARTÍNEZ			6,275,000.00
	PAN	2,205,000.00
	JC DE RUFINA ALFARO	2,560,000.00
	JC DE MADUGANDÍ	810,000.00
	JC DE SANTA RITA	200,000.00
	JC DE LA VILLA DE LOS SANTOS	500,000.00
GABRIEL MÉNDEZ			7,810,000.00
	PAN	4,050,000.00
	JC DE PARQUE LEFEVRE	3,760,000.00
MARIO MILLER			9,171,000.00
	PAN	4,381,000.00
	JC DE BASTIMENTOS	4,790,000.00
HUGO MORENO			2,153,000.00
	PAN	1,145,000.00
	JC DE RINCÓN	525,000.00
	JC DE HORNITO	303,000.00
	JC DE PALMIRA	100,000.00
	JC DE DOLEGA	80,000.00
JOSÉ MUÑOZ			15,745,000.00
	JC DE TOCUMEN	9,990,000.00
	JC DE MAÑANITAS	1,810,000.00
	PAN	3,945,000.00
ROGELIO PAREDES			1,555,000.00
	PAN	790,000.00
	JA EL ARADO	50,000.00
	JC DE JUAN D. AROSEMENA	665,000.00
	JC DE ARRAIJÁN	50,000.00
RAÙL PINEDA			3,733,000.00
	PAN	2,340,000.00
	JC RUFINA ALFARO	1,093,000.00
	JC DE SAN FRANCISCO	100,000.00
	JC DE BELISARIO FRÌAS	50,000.00
	JC DE ARNULFO ARIAS	75,000.00
	JC DE OMAR TORRIJOS	75,000.00
CRESCENCIA PRADOS			1,685,000.00
	PAN	965,000.00
	MUNIC. DE ÑURUM	720,000.00
JASSIR PURCAITT			470,000.00
	PAN	320,000.00
	JC DE CHILIBRE	75,000.00
	JC DE CALIDONIA	75,000.00
LUIS E. QUIRÓZ			2,984,000.00
	JC DE PARQUE LEFEVRE	1,420,000.00
	JC DE SAN FRANCISCO	600,000.00
	PAN	964,000.00
SALVADOR REAL			7,195,000.00
	PAN	3,470,000.00
	JC EL ARADO	15,000.00
	JC DE YAVIZA	25,000.00
	JC DE BETANIA	3,420,000.00
	JC EL REAL DE STA. MARÍA	5,000.00
	JC DE SANTA ANA	260,000.00
JUAN M. RÍOS			3,012,800.00
	PAN	2,110,800.00
	JC DE LOS LLANOS	435,000.00
	JC DE LLANO GRANDE	467,000.00
BENICIO ROBINSON			6,029,000.00
	PAN	820,000.00
	JC EL TERIBE	700,000.00
	JC EL EMPALME	2,815,000.00
	JC DE LAS TABLAS, BC	600,000.00
	JC DE GUABITO	745,000.00
	JC DE SAN MARTÍN DE PORRES	50,000.00
	MUNIC. DE CHIRIQUÍ GRANDE	299,000.00
TITO RODRÍGUEZ			7,065,000.00
	PAN	750,000.00
	JC DE CHILIBRE	200,000.00
	JC DE COSTA HERMOSA	2,630,000.00
	JC DE LAS HUACAS	275,000.00
	JC DE SAN ANTONIO	1,100,000.00
	JC DE PLAYA LEONA	1,760,000.00
	JC LOS CASTILLOS	350,000.00
JORGE A. ROSAS			3,552,950.00
	PAN	752,950.00
	PRODEC	80,000.00
	JC DE SAN JUAN	10,000.00
	MUNIC. DE TOLÉ	2,710,000.00
MIGUEL SALAS			3,361,933.00
	PAN	1,992,674.00
	JC DE BUENA VISTA	180,437.00
	JC DE CATIVA	40,000.00
	JC DE SABANITAS	618,822.00
	JC DE CIRICITO	530,000.00
NORIEL SALERNO			7,510,000.00
	PAN	3,057,000.00
	JC DE POCRÍ	321,500.00
	JC DE BARRIOS UNIDOS	371,500.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	3,660,000.00
	JC DE AGUADULCE	100,000.00
CARLOS SANTANA			2,559,880.00
	PAN	1,043,880.00
	MUNIC. DE MARIATO	1,516,000.00
FREIDI TORRES			2,129,500.00
	PAN	820,000.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	884,500.00
	JC DE SAN ANTONIO	200,000.00
	JC DE 14 DE NOV.	225,000.00
ADOLFO VALDERRAMA			3,325,000.00
	PAN	1,175,000.00
	JC DE BELLA VISTA	2,125,000.00
	JC DE BARRIOS UNIDOS	25,000.00
RICARDO VALENCIA			8,105,000.00
	PAN	2,555,000.00
	JC DE SANTA CLARA	15,000.00
	JC DE NUEVO EMPERADOR	5,370,000.00
	JC DE BURUNGA	165,000.00
MARILYN VALLARINO			8,020,773.00
	PAN	7,990,000.00
	JC DE TOCUMEN	20,000.00
	MUNIC. DE ARRAIJAN	10,773.00
JOSÉ LUIS VARELA			4,455,000.00
	JC DE LLANO LA CRUZ	1,380,000.00
	JC DE EL PÁJARO	1,925,000.00
	PAN	850,000.00
	PAN/OER	300,000.00
PABLO VARGAS			6,527,840.00
	PAN	2,087,840.00
	MUNIC. DE BARÚ	700,000.00
	JC EDWIN FÁBREGA	100,000.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	100,000.00
	JC DE SANTIAGO	100,000.00
	JC DE SAN PABLO VIEJO	2,625,000.00
	JC DE LAS PALMAS	340,000.00
	JC DE LA CONCEPCIÓN	475,000.00
ALCIBIADES VÁSQUEZ			3,855,000.00
	PAN	1,520,000.00
	JC DE SAN MARTÍN	795,000.00
	JC DE 24 DE DICIEMBRE	175,000.00
	MUNIC. DE PANAMÁ	480,000.00
	JC DE PEDREGAL	885,000.00
FRANCISCO VEGA			2,845,000.00
	PAN	870,000.00
	JC DE LLANO DE PIEDRA	355,000.00
	JC DE LAS PALMAS	740,000.00
	JC DE MACARACAS	100,000.00
	JC DE GUÁNICO	680,000.00
	JC DE SAN FELIPE	100,000.00
EDWIN ZÚÑIGA			7,495,000.00
	PAN	3,980,000.00
	JC DE SAN MARTÍN	655,000.00
	JC DE 24 DE DIC.	150,000.00
	MUNIC. DE RÍO DE JESÚS	2,710,000.00

 

El pasado martes 24 de mayo, el Consejo Municipal de Las Tablas derogó el Acuerdo Municipal No. 22 del 31 de julio de 1990 que declaraba zona protegida y parque nacional al cerro Canajagua.

Por presión de grupo se dijo a la postre, que no se continuaría con la tramitación del instrumento que derogaba el Acuerdo No. 22 de 31 de julio de 1990.

Ellos no tenían facultad para eliminar una zona protegida.

Violaron la ley 6 de 2002 en su artículo 24, que obliga a consultar a la ciudadanía asuntos que pudieran afectar los intereses y derecho de grupos de ciudadanos.

Se extralimitaron en sus funciones.

Ley 6 de 2002.

Capítulo VII Participación Ciudadana en las Decisiones Administrativas y sus Modalidades.

Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios.

 

La Sala Tercera de la Corte dijo en sentencia del 25 de mayo de 2016, Expediente No. 9-12, que la frase “entre otros” deja un amplio margen para que la Administración y la ciudadanía evalúen y precisen al momento de la realización de su gestión, cuales otros actos debe imprimírsele este trámite obligante, contando como parámetro que la temática suponga una posible afectación a los intereses y derechos de la colectividad.

 

Asimismo dijo la corte IBID que “la declaratoria de un área protegida, como cumplimiento de las políticas de protección, conservación del medio ambiente, en su conjunto afecta y beneficia a la ciudanía en general, así como los intereses y derechos de los ciudadanos que habitan o colindan con el área que se somete a protección.”

 

Estas cosas no pueden volver a suceder en democracia.

 

 

 

 

 

La Ley 75 de 1904, aprobó la convención de extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica.

Con la misma se conviene en entregarse mutuamente, las personas  que habiendo sido acusadas o condenadas por los delitos en el tratado descrito,  busquen asilo o se encuentren en territorio de la otra.

El listado de los delitos por las cuales se puede extraditar a un nacional, que consagra el artículo segundo del tratado en cita, contempla los siguiente delitos: el delito de malversación cometida por empleados públicos, el soborno, homicidio y/o crímenes, robo, falsificación de valores, algunos tipos de fraude, perjurio, violación, rapto, sustracción de personas, delitos en el mar e incendio.

Conforme al tratado, ninguna persona entregada, podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.

Conforme al tratado no se requiere de la imputación de cargos para extraditar a un nacional, ya que lo que basta conforme al Artículo III, es o la condena o la acusación.

 

 

A continuación, algunas sugerencias para elevar la imagen del llamado primer Órgano del Estado en Panamá.

1. Que los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se les confió la asignación de partidas circuitales en el pasado, le rindan cuentas al país, del manejo de dichos fondos.
2. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.
3. Que eleven el tono en sus discursos.
4. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.
5. Que practiquen la tolerancia.
6. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.
7. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda.
8. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.
9. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.
10. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.