Todas las entradas de en admin

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (Órgano Judicial y Ministerio Público) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma por el camino de la integridad?

1. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.
2. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.
3. Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.
4. Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados y tribunales. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.
5. Que se procure la unificación de criterios.
6. Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.
7. De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crease un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados.

Sería bueno, crear una galería de los diputados, con realce en su
actuación en el tiempo, así:

• Sección del Tránsfuga. Destinado para aquellos que decidieron inscribirse en un partido político, al cual no pertenecían cuando fueron electos.
• Sección del Arlequín. Destinado para aquellos que se caracterizaron por sus gracias exteriorizadas.
• Sección del Yes Man. Destinado para todos aquellos que se la pasaron aprobando las líneas que les mandaban, sin pensar en el electorado.
• Sección del Inculto. Destinado para aquellos diputados que no se expresaban bien en sus intervenciones, destruyendo el idioma de Cervantes.
• Sección del Vulgar. Destinado para aquellos que promovieron obscenidades.
• Sección del Ausente. Destinado para aquellos que faltaban a la Asamblea, pero que cobraban puntualmente su sueldo.
• Sección del Negociante. Destinado para aquellos que habiendo invertido una fortuna en sus campañas, sólo decían que cobraban únicamente, su salario y para a los que se les descubrió, según auditorias, un retorno de los salarios y/o honorarios en sus cuentas personales, de sus nombrados en planillas y contratos.
• Sección del Mudo. Destinado para aquellos, que pudiendo hablar, nunca se
  les oyó hablar en la Asamblea nada.
• Sección del Pendenciero. Destinado para aquellos que fueron notables, por
  la violencia que practicaron.
• Sección del Opositor. Destinado para aquellos que se oponían a toda idea
  que no viniera de su partido, aunque fuera buena la misma.
• Sección del Acaudalado. Destinado para aquellos, que se la pasaban
  regalando bienes, a cuanto elector hubiese en su circuito.
• Sección del Olvidadizo. Destinado para aquellos diputados que nunca
  propusieron ni una sola ley seria, aunque el elector los eligió para hacer normas.
• Sección de Los Eternos. Destinado a aquellos padres de la patria que llevan décadas siendo diputados.
• Sección de Los Viajeros. Destinado para aquellos que si aprovecharonlos viajes en “misiones oficiales”.
• Sección del Juega Vivo. Destinado para los que administraron fondos públicos y no enseñaron ni una sola factura.
• Sección de los Inmunes. Destinado para todos los diputados que recibieron denuncias serias en su contra, pero quedaron ilesos porque el sistema los blindó.

El funcionario al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Por tal razón, resulta inadmisible que haya servidores públicos que se molesten por las críticas que hacen algunos periodistas, en su misión de informar

En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del once (11) de abril de dos mil catorce (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

La corte dijo:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante”.

Por lo antes expuesto, resulta inadmisible que haya funcionarios que aprovechándose de los  cargos que ocupan, divulguen información no pública, con el ánimo de desprestigiar a sus fiscalizadores.

La función principal de un Diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).

Es cuestionable que históricamente los gobiernos le hayan dado canonjías, a los integrantes del primer Órgano del Estado, con el deseo de mantenerlos sujetos al desiderátum del Poder Ejecutivo.

No es procedente, que los diputados tengan la posibilidad de apoyar a las personas como antes se hacía con las llamadas partidas circuitales, por medio ahora de planillas y/o contratos, con la finalidad de catapultarse en los futuros comicios, por un lado, y por el otro, no hay la certeza de que las labores asignadas,  cumplan el fin propuesto, por la falta de controles efectivos.

A continuación, el perfil de los malos políticos de Panamá, que no debieran repetir en los próximos comicios del 2019.

• El que promete cosas que nunca cumple.
• El que regala, para mantenerse en vigencia, pues no tiene ninguna propuesta seria.
• El que se la pasa viajando con fondos públicos a cualquier lugar del planeta.
• El que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado y ahora se viste de íntegro.
• El que recoge plata de donde sea, para sus intereses propios, sin importarle la ilicitud del mismo.
• El político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.
• El que ve en el servicio público, una fuente para hacer negocios.
• El que abandonó un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido.
• El político que vive pensando que estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca estará de acuerdo con el relevo generacional.
• Es que divulga una clase de proyectos irreales para cumplir, que entran dentro del género de la fantasía.
• Es que acepta un nombramiento y cobra, sin prestar el servicio al cual ha sido designado.

¿Hay algunos actos en donde el investigado debe estar presente de manera obligatoria?

Si, cuando por ejemplo, se le quisiera imputar cargos, si se desea proponer una medida cautelar personal, los de la etapa intermedia.

Código procesal penal

Artículo 278.

…

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

Esto es un tipo de recurso que tiene la Contraloría General de la República, para evitar refrendar un acto administrativo, si considera que el mismo aunque esté en firme, se emitió en presunta violación del orden jurídico existente.
También procede cuando emerjan motivos económicos, en donde la institución que emitió el acto no cuenta con el recurso económico disponible,  para afrontar una obligación contenida en el acto administrativo materializado.

El fundamento jurídico del mismo descansa en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República de Panamá [1].
[2] El artículo 77 lex cit. dice que la Contraloría  improbará toda orden de pago contra un tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que amerite tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla  o de éste. La Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.

El libertinaje de expresión, no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

Estos actos, debilitan algunos principios fundamentales, que se detallan a continuación:

• No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
• No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

El libertinaje consabido, es evidencia del debilitamiento ético de nuestra sociedad.

En fallo del 17 de abril de 2018, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró que no son inconstitucionales varios de los artículos de la Ley 82 de 2013, que faculta al Ministerio de Gobierno a multar a los medios de comunicación, hasta con B/.3,000.00, cuando a su juicio incurran en discriminación o violencia contra las mujeres.

Dijo la Corte que los artículos impugnados dispusieron algunas medidas de prevención contra la violencia en las mujeres. Además, los mismos tienen un objetivo legítimo y por otro lado, tales limitaciones son necesarias en una democracia.

En tres votos razonados de la Magistrados, se apela a que el Ministerio de Gobierno aplique el procedimiento de la Ley 38 de 2000, que garantiza un debido proceso, al momento de iniciar el trámite sancionador cuando corresponda, ya que la norma de marras, guarda silencio sobre el tema.