Archivar en agosto 25, 2019

Lo antes descrito representa un mecanismo de control, que solo permite que se inicien investigaciones contra Diputados en Panamá, sólo cuando las pruebas aportadas precisen que es posible que se haya cometido un hecho con apariencia de punible.

La prueba idónea requiere la existencia de elementos de conocimiento que surjan de la comisión de un delito y que guarde relación con la persona denunciada o que se pretende que se investigue.

Sobre el tema ut supra (antes escrito), el Pleno de la Corte cuando otrora dijo que no era la misma, contraria a la Constitución, expresó que es: “una prerrogativa que no opera individualmente de forma caprichosa, sino que se adquiere atendiendo a las funciones propias del cargo. Tal beneficio representa un mecanismo de control que evita interrumpir el normal desempeño de un Órgano del Estado, en tanto, no se verifica que dicha prerrogativa sea abusiva o represente una arbitrariedad frente a las demás personas”. (Ver fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de noviembre de 2017).

Por lo antes dicho, soy de la opinión, que la eliminación de la prueba idónea, como sistema de beneficio hacia los diputados, para evitar conflictos de interpretación procesal en el futuro, podría incluirse en las modificaciones a la Carta Magna, más NO, en una reforma legal.

Hoy en día, algunos diputados esbozan la posibilidad, de que la señora procuradora general de la nación, pudiera ser citada a la Asamblea Nacional, para que “RINDIERA CUENTAS”.

Esa posibilidad sería inconstitucional, ya que ella, el Procurador de la Administración y los Magistrados de la Corte, ni son nombrados ni muchos menos ratificados por la Asamblea. Solo son aprobados o improbados, por los padres de la patria. Corolario de lo anterior, tal citación, infringiría de manera grave, el principio de independencia judicial, en rango constitucional.

Constitución

ARTICULO 210. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos.

Jurisprudencia.

“Y es que los Magistrados de la Corte integran, como sus autoridades superiores, uno de los Órganos del Estado, a diferencia de los Directores Generales o Gerentes de las Entidades Autónomas, Semiautónomas, Organismos Descentralizados, Empresas Industriales o Comerciales del Estado, que son autoridades importantes del Órgano Ejecutivo, pero no son las autoridades superiores de ese Órgano del Estado. En el presente caso el que está siendo citado es el Representante del Órgano Judicial. Además el nombramiento de los Magistrados de la Corte, normalmente exceden el término de duración de una Asamblea Legislativa, en tanto que los Directores Generales o Gerentes de Instituciones Autónomas se designan generalmente por el mismo término de duración de la Asamblea Legislativa que los ratifica.” Sentencia del 24 de noviembre de 1995 de la Sala Tercera.

Establecer reuniones periódicas, con el Ministerio Público, por medio de las fiscalías anticorrupción y los auditores y asesores legales de la Contraloría, con el objeto de eliminar errores en los informes y en los procedimientos del ente fiscalizador.

Establecer reuniones periódicas entre el personal de la Contraloría (fiscalizadores, ingenieros y asesores legales) con los entes fiscalizados, con el objeto de aclararles sus dudas, para minimizar los errores administrativos.

Adecuar las Guías de Fiscalización, a fin de que todos los fiscalizadores, apliquen un solo librito para fiscalizar las entidades.

Practicar la rendición de cuentas con la ciudadanía.

Cumplir con eficacia, el control previo. Un buen ejercicio de éste evita los contratos con sobrecostos y fortalece la buena administración de la cosa pública.

Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afectaron patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas, pero abarcando tanto las acciones de los gobiernos anteriores y como el presente, conforme lo permita el tiempo de prescripción para la investigación.

Conforme al artículo 161 constitucional, es la Asamblea Nacional la que tiene la potestad exclusiva de nombrar al Contralor General de la República.

¿Cuál podría ser el perfil de un buen contralor?

Características.

1. Que se comprometa públicamente a ejercer con eficacia, el control previo.
2. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un trancador de actos administrativos a ultranza.
3. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un avalador libre de actos administrativos del Órgano Ejecutivo.
4. Que tenga sobrada solvencia moral. Es inadmisible que haya candidatos para tan digno cargo, que estén en la picota pública, por actos cuestionables de su pasado.
5. Que tenga ejecutorias probadas. La ciudadanía merece conocer la trayectoria pública y privada del candidato. Deseamos saber, por ejemplo, su pensamiento o filosofía, para no ser sorprendidos en nuestra buena fe.
6. Que se perciba que tiene independencia de criterio. La independencia no radica en pertenecer o no a algún colectivo político, sino más bien a no estar ligado a cualquier factor real de poder de la sociedad, para que pueda ejercer su función de manera objetiva y transparente.
7. Que conozca las funciones que desarrolla la Contraloría General de la República a nivel constitucional y legal, para que pueda hacer una reingeniería en esa entidad, desde el inicio del ejercicio del cargo.