Archivar en junio 29, 2019

• Que su gobierno, cumpla con la mayoría de sus promesas de campaña.

• Que ejecute planes que permita a Panamá transitar, en la bonanza financiera.

• Que impulse restricciones gubernativas, a fin de que no se elaboren contratos directos, para favorecer exclusivamente a empresas o a personas definidas.

• Que administre los bienes del Estado, como buen padre de familia.

• Que impulse normas para el fortalecimiento de la transparencia en el uso de la cosa pública y la consecuente rendición de cuenta de los funcionarios nombrados. El gobierno no es una finca privada del que dirige, para contratar y/o nombrar, a la parentela del ala gobernante.

• Que nombre a personas íntegras y alejadas del amiguismo, dentro de la administración de justicia, que hagan viable que éstas cumplan su papel, con independencia, transparencia y eficacia.

• Que permita el ejercicio sin censura, de la libertad de expresión, en todas sus facetas, sin improperios a los comunicadores sociales y a los periodistas que desempeñan sus funciones.

• Que respete con sus acciones, la separación de los otros poderes del Estado.

• Que impulse una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

La Contraloría General de la República, por definición, es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión principal es la de fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos.

Debiera actuar siempre con sabiduría, prudencia e independencia.

No obstante, lo antes dicho, este ente juega un papel preponderante en la buena ejecución del presupuesto general del Estado. Si no labora eficazmente, se convierte en una entidad obstaculizadora a ultranza.

Uno no debe trancar la administración pública, por ignorancia, o por ínfulas de poder o por instrucciones, etc.

Otrora, un Contralor pretendía, de manera abusiva, intervenir en la aprobación o desaprobación de los pliegos de cargos y especificaciones de los actos públicos de todas las entidades del Estado, como co-administrador y la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera le dijo, que no tenía facultades para ello. (Véase la sentencia del 13 de octubre de 1993).

La Contraloría sólo puede objetar documentos de afectación fiscal por dos razones, por temas legales y económicos y nada más.

Ley 32 de 1984.

Artículo 77. La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida.

…

Artículo 74. Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier otro tesoro público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría verificará: a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia; b) Que está debidamente imputada al presupuesto; c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la erogación; ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente prestados, salvo las excepciones establecidas en la ley; y, d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito.