Archivar en octubre 21, 2018

En los próximos días, el Consejo de Gabinete tendrá la tarea de escoger dentro de las postulaciones recibidas,  a los candidatos finales, para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Se hace viable considerar muy bien el perfil de los próximos Magistrados de la Corte, para que procuren levantarle la imagen al Órgano Judicial.

Sería inadmisible lo siguiente:

• Que las bancadas en la Asamblea Nacional de Diputados, por el sólo hecho de mostrar su músculo político, objetaran las designaciones con argumentos baladíes.
• Que la ciudadanía no cumpliera con su papel fiscalizador y se divorciara del análisis previo, que debiera dar de los seleccionados a Magistrados.
• Que se reemplazara al magistrado Jerónimo Mejía antes de que culminara el mismo, con las etapas intermedias de las investigaciones que pudieran estar adscritas a su despacho.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Séneca

¿Que alguien me explique por favor, por qué  a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención unos y otros investigados no?

¿Que alguien me explique por favor, por qué  los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas, que los de alto perfil investigados?

¿Que alguien me explique por favor, por qué  los casos contra los Diputados, en la Corte Suprema de Justicia, se demoran en exceso y no existen condenados?

¿Que alguien me explique por favor, por qué algunas personas de alto perfil, cuestionados en la presente administración pública, no son sometidas a los rigores procesales, que tuvieron los de la administración pasada, en similares causas?

Posibles causas.

La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Sistema procesal defectuoso.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

Los ciudadanos tenemos que fiscalizar para que la aprobación de la ley que permite elevar el gasto público por parte de los diputados, no se convierta en un intercambio en favor de éstos, para con el aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional en millones de dólares, que les permitiría ejecutar prácticas cuestionables en tiempos electorales.

La función principal de un diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).

No es procedente, que los diputados tengan la posibilidad de apoyar a las personas, por medio de planillas y/o contratos, con la finalidad de catapultarse en los futuros comicios, por un lado, y por el otro, no hay la certeza de que las labores asignadas,  cumplan el fin propuesto, por la falta de controles efectivos.

Adicional, los cuestionados contratos radiales en materia de publicidad, encontrarían un soporte monetario al aumentarse el presupuesto de la Asamblea Nacional, para seguir desarrollándose en completa libertad.

Desde mi óptica legal, nuestro país no necesita que la Asamblea Nacional modifique la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública,  para que se impida contratar con empresas corruptas, habida cuenta de que ya existe una norma legal que posibilita la inhabilitación y la terminación contractual, si gravita el deseo gubernamental para tal fin.

La Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, permite la inhabilitación de empresas cuestionadas por actos de corrupción.

Veamos.

Artículo 34 Ibídem.  Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Partes podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

El alto nivel de opacidad de nuestra administración de justicia (Órgano Judicial y Ministerio Público) no es de ahora, ya que trasciende los años, por diversos factores.

¿Qué debiera hacerse de inmediato, para que transite la misma por el camino de la integridad?

1. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.
2. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen de manera expedita, sin temor, ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.
3. Que se fortalezca la capacidad cognoscitiva de los organismos encargados de administrar la justicia.
4. Que comiencen las auditorías forenses en los despachos de los magistrados, juzgados y tribunales. Podría practicarse de manera aleatoria, en sus inicios.
5. Que se procure la unificación de criterios.
6. Que se haga frecuente la rendición de cuentas de las autoridades hacía la ciudadanía, en temas puntuales.
7. De manera próxima, debiera fortalecerse el nivel presupuestario para que se haga funcional la carrera judicial y los nombramientos permanentes de los diversos funcionarios.

Por su parte, con una reforma constitucional podría crearse un Tribunal Constitucional independiente en un futuro;  crearse nuevas jurisdicciones pero en rango supremo y establecer una fórmula más transparente, para la escogencia de los nuevos magistrados. No es admisible que la Corte pueda seguir juzgando a los diputados y viceversa.

Nuestra administración de justicia tiene problemas detectados.

La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

La falta de capacidad en algunos de los organismos encargados de administrar la justicia.

La falta de unificación en los organismos rectores, para la ejecución de algunas medidas.

La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.

Deficiente presupuesto otorgado.

Carencia de integridad en algunos funcionarios.

La mora judicial.

La falta de estabilidad, en algunos operadores judiciales.

¿Qué debiera hacerse de inmediato?

Que la corte, los tribunales y los juzgados se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar internamente los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado o juez, se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.

Que comiencen las auditorías forenses en los juzgados y tribunales.

 “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Séneca

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá, y es en
absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas
que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas
o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y
Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

¿Qué es un Periodista?  A continuación, la respuesta bajo mi óptica.

Persona dedicada a transmitir una noticia de manera veraz.

Emprendedor laborioso  que procura difundir la información oportuna.

Resuelto a vencer los obstáculos, para lograr el cumplimiento de sus metas.

Ingenioso en la defensa por los derechos humanos.

Objetivo en el análisis y en la elaboración de la noticia.

Decidido a luchar por el derecho que tiene toda persona a recibir información.

Idealista que procura trabajar en todo tiempo por vocación.

Sabedor de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo de la sociedad.

Tenaz fiscalizador del manejo de la cosa pública.

Abnegado servidor que cree que el derecho a la información, es necesario
para el  fortalecimiento de la democracia.

¿Que no deben hacer, los gobernantes? El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos)

Los problemas de las personas, por las publicaciones inexactas en los medios, se resolverían pacíficamente, de dos maneras (respetando la libertad de prensa y expresión) en mi concepto:

1. Ajustando el derecho a réplica. El derecho réplica, es la garantía que tiene toda persona afectada, por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión y que se dirijan al público en general, para exigir su rectificación ante el mismo órgano de difusión. El derecho en cuestión, está consagrado, en el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, de manera imperfecta, ya que no obliga al medio, que emitió la noticia defectuosa, a publicar la corrección, con la misma prominencia, con que publicó su error. Se debe modificar la normativa en el sentido de incluir la preponderancia en cita, de manera obligatoria y además, que el desagravio por una publicación, se satisface únicamente de ésta manera.

2. Modificar el código judicial, estableciendo que para que se admita una demanda civil contra un medio de comunicación o un periodista, por una información emitida, el demandante deberá probar previamente, que se le negó el derecho a réplica, conforme a los términos expuestos.

A raíz del caso de la empresa ODEBRECHT, surge la interrogante si Panama podría inhabilitar al grupo empresarial antes descrito, por los hechos públicos y notorios, y rescindir sus contratos,  o si se requiere de la modificación de la ley actual de contratación pública para ello.

Desde mi óptica legal, nuestro país no necesita que la Asamblea Nacional modifique la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública,  habida cuenta de que ya existe una norma legal que posibilita la inhabilitación y la terminación contractual, si gravita el deseo gubernamental para tal fin.

La Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, permite la inhabilitación de empresas cuestionadas por actos de corrupción.

Veamos.

Artículo 34 Ibídem.  Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

¿Cómo se podría concretar la terminación contractual?

Emitiéndose un acto administrativo, que invoque  el artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ut supra (antes citado) y la relación probatoria de los actos irregulares cometidos por la empresa.

Para ello, sólo se requiere de la voluntad política del Poder Ejecutivo, y no la modificación de la Ley 22 de 2006 antes plasmada.