El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Gobierno a presentar ante la Asamblea Nacional una serie de modificaciones a la Ley 82 que otorgó facultad a esta institución para sancionar con multas a los medios de comunicación que publiquen noticias que puedan ser consideradas lesivas a la integridad de la mujer.
Los ministros aprobaron la iniciativa de trasladar esta facultad sancionadora a la administración de justicia.
Al parecer la solución del gobierno no es la derogar la normativa cuestionada, como corresponde, ya que el código penal tipifica la calumnia y la injuria contra el mal periodismo y los malos sujetos, sino la de mantener incólume el concepto, pero las sanciones las ha de imponer la esfera judicial; craso error en mi opinión.
La idea afecta la libertad de expresión y debe objetarse la medida.
La nueva idea gubernamental, flagelaría directamente el artículo 37 constitucional, habida cuenta que establece una especie de censura previa, hacia las informaciones catalogadas como “discriminación o violencia en contra de las mujeres”.
De consiguiente, habría una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse en un medio de comunicación, como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.
Debe quedar claro que el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que conforme a la Doctrina del Bloque de la Constitucionalidad, está en rango constitucional señala que la libertad de pensamiento y expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…”