Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción y sobre todo, los que han sido denunciados por supuestos hechos irregulares.
Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos y que haga las auditorías en forma expedita.
Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
servicios y soslayar en gran medida, las compras directas.
Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
valores, en la comunidad.
Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
principal núcleo en la sociedad.
Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad
propositiva, en las políticas de Estado.
Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.
Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan
seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentren de manera veraz, objetiva y bajo la libertad de prensa.
Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia resuelva las causas, de manera más rápida.
Modificar la Constitución, a fin de incluir en el texto constitucional, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Calificar la evasión fiscal como delito.
Diseñar un plan conjunto contra la corrupción, en donde de participen los integrantes de la sociedad civil.
Eliminar de la Asamblea Nacional la posibilidad de otorgar, subsidios o donativos.
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