Con la Resolución del 12 de marzo de 2015, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, exteriorizó que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las llamadas partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto.

La Corte Ibídem dijo igualmente que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

¿Cuándo nos van a rendir cuentas sobre el uso de este fondo?

DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS PARTIDAS CIRCUITALES.  Sustento legal:  Informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014.

La galería de los Honorables Diputados de la República de Panamá, es la siguiente, en mi opinión:

1. El Diputado Proselitista. Aquel que aprovecha una obra o servicio estatal, para promover su figura libremente.
2. Diputado Arlequín. Se caracteriza por sus gracias permanentes.
3. Diputado Yes Man. Se la pasa aprobando la línea que le mandan, sin pensar en el electorado.
4. El Diputado Inculto. Es aquel que no se expresa bien en sus intervenciones, destruyendo el idioma de Cervantes.
5. El Diputado Irrespetuoso. Aquel que promovió irrespeto a los ciudadanos, sin importar los valores.
6. El Diputado Paviolo. Faltaban al parlamento, pero cobraban puntualmente sus sueldos.
7. El Diputado Negociante. Habiendo invertido una fortuna en su campaña, sólo dice que cobra únicamente, su salario mensual.
8. El Diputado “Trabajador Honrado”. Es el padre de la patria, que si cumple su misión de hacer leyes adecuadas para el país.
9. El Diputado Mudo. Es aquel que pudiendo hablar, nunca se le oye hablar en el parlamento nada.
10. El Diputado Pendenciero. Fue notable, por la violencia que practicó.
11. El Diputado Opositor. Es aquel que simplemente se opone a toda idea que no viene de su partido.
12. El Diputado Acaudalado. Se acostumbra a regalar bienes, a cuanto elector hay en su circuito, pero es escuálido en la producción de normas.
13. Los Diputados Eternos. Son los que llevan décadas siendo diputados y no creen en el relevo generacional.
14. Los Diputados olvidadizos. Son aquellos que se les ha olvidado rendirle cuentas al país, por la administración de las llamadas “partidas circuitales”.
15. El Diputado Alfombra Persa. Es aquel que está dispuesto a que le pasen por encima, con el sólo propósito de obtener algún beneficio de otro poder del Estado.

Lo bueno.

1. Condena los hechos de corrupción, a través del pago de sobornos en Panamá, por parte del Grupo Odebrecht.
2. Procura garantizarse un pago en concepto de compensación, en favor del Estado.
3. Se anuncia que se adoptaran medidas provisionales de importancia, contra el Grupo Odebrecht, como por ejemplo, el buscar el desistimiento de algunos procesos de precalificación.

Lo malo.

1. No pretende inhabilitar a la empresa, para las futuras contrataciones con el Estado.

Lo feo.

1. La presente administración se blinda de futuras investigaciones sobre las obras en ejecución con el Grupo Odebrecht, ya que exige informes de cada entidad: “sobre su cumplimiento de los términos contratados, el cual deberá ser avalado por la Contraloría General de la República (CGR)”. O sea, la CGR expedirá una especie de finiquito de las obras y las cuentas, que haría difícil que en el día de mañana, se cuestionen los contratos ejecutados en el ámbito procesal.

Sobre el finiquito, la Corte ha dicho lo que sigue:

“Aceptar una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre un finiquito otorgado por ella misma, conllevaría al desconocimiento de aquella función constitucional privativa de dicho ente público de fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, establecida en el numeral 3 del artículo 280 de la constitución. Por tanto, resulta de importancia recordar que determinada cuenta luego de ser examinada a satisfacción se le debe dar por terminada o concluida, es decir, se fenece la cuenta. La seguridad jurídica que este proceso representa, debe ser preservado, máxime cuando proviene de una facultad constitucional. Aunado a ello, debe resaltarse que al expedirse un finiquito, se está emitiendo una especie de certificación o constancia que las cuentas se encuentran a satisfacción”. (Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 27 de octubre de 2010).

2. Se entromete en las funciones independientes del Órgano Judicial, cuando lo insta a actuar con firmeza y celeridad.

Conforme a los medios de comunicación, la constructora brasileña Odebrecht, pagó millones de dólares en sobornos en países de Latinoamérica y África, incluyendo a Panamá, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según el documento oficial, dicen los medios, los pagos a funcionarios corruptos e intermediarios se realizaron entre 2010 y 2014, durante la administración del anterior presidente y con los contratos obtenidos la empresa logró 175 millones de beneficios.

Siendo este el horizonte, Panama no debiera contratar con la empresa en mención, hasta que el Ministerio Público de Panamá esclarezca esta situación, conforme a las leyes de nuestra República. Además debiera dejar suspendidos, los contratos en ejecución con esta empresa en mi opinión.

Conforme a la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá no debiera mantener una relación contractual con personas naturales o jurídicas con cuestionamientos sobre corrupción, en el ámbito local e internacional.

Veamos.

Artículo 34 Ibídem.  Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Por su parte, nuestro Ministerio Público debe hacer llegar a los expedientes, las pruebas que corroboran el señalamiento foráneo, para hacer comparecer ante la justicia criolla, a los ex funcionarios o particulares que en principio, participaron de las supuestas coimas.

Dentro de la demanda de inconstitucionalidad que interpuse contra el Decreto N° 441-2016-DMySC de 25 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República, por el cual se aprueba el documento titulado “Requisitos y Controles para otorgar Apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá (Donativos y Subsidios)”, publicada en la Gaceta Oficial N° 28151-A de 25 de octubre de 2016, la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÖN, con la Vista N° 36 opina que es inconstitucional lo demandado por el suscrito.

La Procuradora  dice:

“La naturaleza jurídica de dicho Órgano del Estado panameño (Asamblea Nacional), según se extrae del contenido y estudio de las normas constitucionales relativas a su existencia, revelan que no está destinada a tal actividad, sino más bien hacia la labor legislativa (expedir leyes judiciales); judicial, cuando le corresponda juzgar al Presidente de la República o a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y administrativa (artículo 161). Más aún, le está vedado inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de otros Órganos del Estado (numeral 2 del artículo 163 de la Constitución Política).

RECOMENDACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En el marco de los hechos cuya relación hemos expuesto en los párrafos precedentes, recomiendo a los Honorables Magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se sirvan declarar que es inconstitucional el Decreto Número 441-2016-DMySC de 25 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República, por el cual se aprueba el documento titulado “Requisitos y Controles para otorgar Apoyos en el Asamblea Nacional de Panamá (Donativos y Subsidios)”, publicada en la Gaceta Oficial N° 28,151-A de 25 de octubre de 2016”.

El proceso constitucional está en el trámite de alegatos y si el PLENO de la Corte avala las posturas antes expuestas, se adecentaría una parte de la política dentro de la Asamblea. Los diputados deben destacarse y recordarse, por su labor legislativa y no por las prácticas del clientelismo.

Se han visto personas con camisetas de políticos, participando en las ferias del IMA. La presencia bajo comentario podría catalogarse como una especie de proselitismo político, a través de fondos públicos,  que debería investigarlo el fiscal electoral, inclusive, que si es competente para investigar incluso a los diputados, si fuere el caso.

La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional.

Así por ejemplo, en el expediente sobre el Diputado MIGUEL FANOVICH, dijo que: “tratándose de un proceso donde se tiene como fin establecer un posible delito electoral, le corresponde la competencia a la jurisdicción electoral, en atención a la norma magna, que es la regla o precepto de carácter fundamental, establecida para fijar los límites y define las filiaciones ente los poderes del Estado.”

En el caso de CARLOS AFÚ, la Corte no admitió la compulsa de copias,  por ser un proceso administrativo electoral concluido.

La jurisdicción electoral debe investigar a todos los supuestos infractores y no debe favorecer la IMPUNIDAD propia de los países del tercer mundo. Debe hacerlo en este caso y en los anteriores acaecidos en las elecciones generales pasadas, en mi concepto.

Se han visto personas con camisetas de políticos, participando en las ferias del IMA. La presencia bajo comentario podría catalogarse como una especie de proselitismo político, a través de fondos públicos,  que debiera investigarlo el fiscal electoral, inclusive, que si es competente parta investigar incluso a los diputados, si fuere el caso.

La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral,  en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional.

Así por ejemplo, en el expediente sobre el Diputado MIGUEL FANOVICH, dijo que: “tratándose de un proceso donde se tiene como fin establecer un posible delito electoral, le corresponde la competencia a la jurisdicción electoral, en atención a la norma magna, que es la regla o precepto de carácter fundamental, establecida para fijar los límites y define las filiaciones ente los poderes del Estado.”

En el caso de CARLOS AFU, la Corte no admitió la compulsa de copias,  por ser un proceso administrativo electoral concluido.

La jurisdicción electoral debe investigar a todos los supuestos infractores y no debe favorecer la IMPUNIDAD propia de los países del tercer mundo. Debe hacerlo en este caso y en los anteriores acaecidos en las elecciones generales pasadas, en mi concepto.

Así como otrora, la prensa internacional y los pueblos amantes de la libertad de expresión, se solidarizaron con el semanario “Charlie Hebdo” victimados por el fanatismo religioso; hoy nos debemos solidarizar, como en efecto nos solidarizamos,  con los diarios del Grupo GESE: El Siglo y La Estrella de Panamá, sujetos al vencimiento de la licencia de operaciones otorgada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La medida draconiana foránea, sin duda alguna, afecta la libertad de expresión en Panamá, ya que amenaza la libertad de prensa de unos medios de comunicación social.

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan, no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

En ese sentido, las acciones de nuestras autoridades debieran ir encaminadas no en solicitar la extensión de la comentada licencia en favor de los medios antes descritos, sino en la de pedir la eliminación de la medida severa que pesa sobre los mismos, en procura del fortalecimiento de la libertad de expresión en Panamá.

Evidencias:

A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

Incapacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

Inadecuada rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

La mora judicial.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal por parte de personas con influencias.

Rezago en la elaboración de las auditorías necesarias, para iniciar algunos procesos penales y/o electorales, si corresponde.

Ningún diputado está siendo procesado hoy por delitos electorales, aunque se anularon algunas elecciones circuitales por anomalías.

Al Ministerio Público se le nota ágil en algunas causas, pero en otras no.

La detención preventiva se está decretando, existiendo otras medidas cautelares que pudieran resultar más adecuadas.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Séneca

Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción y sobre todo, los que han sido denunciados por supuestos hechos irregulares.

Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos y que haga las auditorías en forma expedita.

Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
servicios y soslayar en gran medida, las compras directas.

Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los
valores, en la comunidad.

Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el
principal núcleo en la sociedad.

Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad
propositiva, en las políticas de Estado.

Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.

Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan
seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentren de manera veraz, objetiva y bajo la libertad de prensa.

Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia resuelva las causas, de manera más rápida.

Modificar la Constitución, a fin de incluir en el texto constitucional, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Calificar la evasión fiscal como delito.

Diseñar un plan conjunto contra la corrupción, en donde de participen los integrantes de la sociedad civil.

Eliminar de la Asamblea Nacional la posibilidad de otorgar, subsidios o donativos.