Hacia la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

El Señor Procurador de la Administración, el 27 de octubre de 2016 con la Nota No. SIQ-177-2016, le solicitó al señor Contralor General un informe explicativo sobre el por qué no se ha hecho una auditoría a las partidas circuitales, no obstante, no se respondió a lo pedido.

Se ha soslayado la Constitución.

ARTICULO 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.

El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días.

Sabido es que los delitos electorales prescriben en tres años, por lo tanto, si no se audita, no se podría saber si la administración de los 403, 496,332 millones de dólares (de las partidas circuitales) se efectuó con apego a la ley o no, para proceder con lo conducente si corresponde, dentro del término de la ley.

Partidas circuitales transferidas a pedido de los diputados según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014. Monto total: 403, 496,332 millones de dólares.

Desglose.

PAN: 169, 558,829.00

JUNTAS COMUNALES: 207, 590, 282,00

MUNICIPIOS: 26, 347,221.00

PRODEC: 80.000,00

OER: 300,000.00

Panamá debiera abocarse en mi opinión, en la primera oportunidad de modificar la Constitución, a incluir en el texto constitucional, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para que los corruptos puedan ser perseguidos penalmente durante toda su vida y los delitos de corrupción pudieran ser investigados en todo tiempo.

Es un hecho público y notorio, por otro lado, que algunos investigados por la jurisdicción penal, eluden los procesos esperanzados en cambios políticos; otros, se benefician de tecnicismos y hasta por la complicidad de algunos; sin embargo, con la reforma bajo comentario, podrían solventarse las debilidades de nuestro sistema procesal, hasta contar con el personal independiente y capacitado para procesar a los infractores graves de la ley.