Archivar en octubre 25, 2013

En democracia, ha habido una evolución normativa en torno a las garantías de los miembros de la Policía Nacional, que han cometido faltas, por motivo del uso de la fuerza, por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber. (Artículos 127 y 128 de la ley de la Policía nacional)

1. Ley 18 de 1997, sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Aquí a los miembros de la Policía, no se le decretaba la suspensión provisional del cargo, mientras no se dictara la sentencia condenatoria. Se le podía decretar la detención preventiva, pero se cumplían dentro de las instalaciones policiales. Durante la detención preventiva, al sindicado se le asignaban funciones administrativas, dentro de las instalaciones policiales. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos, se cumplían en las instalaciones policiales.

2. Ley 74 de 2010, que subrogó los artículos pertinentes de la Ley 30 de 2010, sancionada por Ricardo Martinelli. Aquí no se decreta la detención preventiva. Sigue la misma garantía de la no suspensión del cargo hasta contar con la sentencia en firme y lo de la posibilidad de realizar funciones administrativas, hasta que haya condena en firme, pero ahora se aclara que las funciones se han de cumplir fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo.

Como se puede apreciar, no son sustanciales los cambios entre norma y norma; a mi juicio, debido a que la detención del policía, que permitía otrora la ley 18, era una especie de ripio legal, debido a que seguía en funciones administrativas en las instalaciones de la Policía, no obstante, por los hechos acaecidos, sobre abusos policiales, se abre el compás para debatir sobre si es viable mantener las garantías expresadas o no.

Las estadísticas que pudieran existir, sobre abusos policiales, nos podrían orientar, (si se publicaran éstas), en base a la cantidad de las mismas, para decidir lo que mejor conviene para los ciudadanos en justicia e igualdad, y poniendo al soslayo, el elemento político, que a veces daña el balance objetivo de los casos.

En democracia, ha habido una evolución normativa en torno a las garantías de los miembros de la Policía Nacional, que han cometido faltas, por motivo del uso de la fuerza, por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber. (Artículos 127 y 128 de la ley de la Policía nacional)

1. Ley 18 de 1997, sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Aquí a los miembros de la Policía, no se le decretaba la suspensión provisional del cargo, mientras no se dictara la sentencia condenatoria. Se le podía decretar la detención preventiva, pero se cumplían dentro de las instalaciones policiales. Durante la detención preventiva, al sindicado se le asignaban funciones administrativas, dentro de las instalaciones policiales. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos, se cumplían en las instalaciones policiales.

2. Ley 74 de 2010, que subrogó los artículos pertinentes de la Ley 30 de 2010, sancionada por Ricardo Martinelli. Aquí no se decreta la detención preventiva. Sigue la misma garantía de la no suspensión del cargo hasta contar con la sentencia en firme y lo de la posibilidad de realizar funciones administrativas, hasta que haya condena en firme, pero ahora se aclara que las funciones se han de cumplir fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos se deben cumplir en las instalaciones policiales. También se incorporó, con esta ley, el cumplimiento de las penas, por otros actos de servicio, ejecutados por el procesado.

Como se puede apreciar, no son sustanciales los cambios entre norma y norma; a mi juicio, debido a que la detención del policía, que permitía otrora la ley 18, era una especie de ripio legal, debido a que seguía en funciones administrativas en las instalaciones de la Policía, no obstante, por los hechos acaecidos, sobre abusos policiales, se abre el compás para debatir sobre si es viable mantener las garantías expresadas o no.

Las estadísticas que pudieran existir, sobre abusos policiales, nos podrían orientar, (si se publicaran éstas), en base a la cantidad de las mismas, para decidir lo que mejor conviene para los ciudadanos en justicia e igualdad, y poniendo al soslayo, el elemento político, que a veces daña el balance objetivo de los casos.

Conforme al proyecto de Ley No. 658, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional de Panamá; la Cadena de Frío tendrá como objetivo la promoción, construcción y gestión de mercados alimentarios mayoristas y minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, así como realizar otras iniciativas que contribuyan a mejorar la cadena de distribución y comercialización, de productos alimentarios, especialmente los perecederos, en beneficio del interés general con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población panameña.

Aspectos positivos

1. La Cadena de Frío, concretizada en una S.A. deberá manejarse con criterios de eficiencia, transparencia y trato igualitario para garantizar el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones y tendrá independencia en su bregar.

2. Las acciones de Cadena de Frío serán emitidas de forma nominativa y el 100% de ellas será propiedad del Estado.

3. La Cadena de Frío dispondrá de autonomía financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo.

4. La Cadena de Frío tendrá su propia auditoría interna respecto a las operaciones, empleando en su contabilidad las mejores prácticas internacionales, utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera. Además, deberá contar con los servicios de auditoría externa.

5. La Cadena de Frío tiene facultad para evaluar, decidir y ejecutar el y/o los modelos de gestión de mercados tanto mayoristas como minoristas y del Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, que resulten más convenientes.

6. El ente tendrá capacidad de iniciativa propia y complementará la gestión municipal en materia de mercados alimentarios.

7. Existirá un Fondo Especial para la Administración y Operación de los Mercados Agropecuarios y el Sistema Logístico Integral de Cadena de Frío, para la República de Panamá, el cual será constituido a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, por una cifra aprobada por el Consejo de Gabinete, para un periodo de cinco años.

Aspectos negativos.

1. La idea de convertir la cadena de frío en una sociedad anónima con la facultad de poder vender, hasta el 49% del capital accionario, en un futuro, daría al traste con la iniciativa original comentada, (al momento de venderse) ya que al entrar el sector privado, en la sociedad, se tendría que establecer un plan de dividendos atractivos, para los inversionistas.

2. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como dieta mínima la suma de setecientos balboas (B/.700.00) por cada reunión de la Junta Directiva a la que asista. Nada impida que esta cifra se pueda aumentar vertiginosamente y las reuniones de igual forma.

3. La ciudadanía no está legitimado para pedir la remoción de un director del ente, sólo lo tiene el Presidente de la República, la Contraloría y la junta directiva.

4. El nuevo presidente que salga en el 2014, no tendrá facultad legal para remover al gerente general del ente. Es nombrado por 7 años y solo puede ser removido por causales específicas.

5. El gerente general del ente, puede disponer de una partida para gastos de imprevistos, hasta por la suma de B/. 250,000.00. No se define el concepto de este gasto en la norma.

6. Limita la función del Consejo de Gabinete, en materia de evaluación de empréstitos del ente y de emisión de bonos, solo para las sumas que excedan de los tres millones de dólares, cuando la Constitución en su artículo 200 numerales 3 y 7, no limita el monto.

Hay un tiempo procesal para todo, en nuestro derecho positivo.