Archivar en noviembre 16, 2013

En las inauguraciones de obras públicas o en actos oficiales no se debe hablar de candidatos.

Es un hecho público y notorio que en las inauguraciones de obras del Estado, o en actos oficiales, algunos funcionarios con mando y jurisdicción emiten frases en contra de partidos y/o candidatos y hasta en favor de algunos. Esta práctica parece ser censurada por la legislación electoral, precisamente en el Decreto No. 20 de 23 de 2003 del Tribunal Electoral, por lo que por salud democrática, la misma debiera cesar, para evitar problemas legales.

La norma reza así.

Decreto No. 20 de 23 de junio de 2003

Artículo 3 Fuera de su horario de servicio, todo funcionario público es libre de hacer, campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean velados los medios empleados a tal fin.

Artículo 4. Los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular, tienen plena libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos, a cualquier hora, siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial, aunque fueren velados los medios empleados a tal fin.

La anterior regulación, se desprende del artículo 136 del texto constitucional patrio.

Constitución

ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:

1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.

…

Erasmo Pinilla, Magistrado del Tribunal Electoral, comete indiscreción parcializada.

Conforme a algunas críticas por la presencia de candidatos en actos oficiales, debido a las invitaciones del Primer Mandatario de la República,

La iniciativa del mandatario también fue cuestionada por el magistrado Pinilla, quien lamentó que las autoridades del gobierno intenten adaptar la Constitución ‘a martillazos a su conveniencia políticas’.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, advirtió ayer que el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, no cumple sus funciones constitucionales de investigar transgresiones legales de los candidatos a puestos de elección popular.

El magistrado, conforme a medios de comunicación, fue tajante al plantear que los candidatos no debieran asistir a estos actos públicos, ya que su participación viola la Constitución.

Las aseveraciones del magistrado Pinilla, pudieran catalogarse como un pre-juzgamiento y la emisión de un juicio de valor previo, ante quien debe juzgar los delitos electorales, debilitando a mi criterio, la imparcialidad que debe ponderar, conforme al art. 31 del código electoral y la independencia, que reza en el artículo 142 de la Carta Magna.

Esto es inadmisible.

El lector no encontrará a ningún magistrado de la sala penal de la corte, manifestando que alguien ha cometido un delito y que la procuradora general de la nación, debe investigar; pues esto sería una parcialidad violatoria del debido proceso constitucional.

Vale la pena destacar que si el magistrado Pinilla, decide declararse, a la postre, impedido de juzgar uno de estos casos aludidos, para que lo atienda su suplente, se destaca que todos los suplentes de los magistrados del tribunal electoral, son funcionarios de ese ente y no tienen estabilidad laboral, por lo tanto, son de libre nombramiento y remoción, por tanto, difícilmente un suplente podría ir en contra de un criterio expuesto por un magistrado titular, que lo pudiera cesar en el puesto en un futuro.

Analizando el caso con objetividad, en torno al caso de la cuña y/o propaganda de Panamá Avanza, hubo errores en ambas entidades, a mi criterio personal jurídico.

Explico.

Un Magistrado del Tribunal Electoral.

No hay norma legal, ni en el código electoral ni en el código judicial, que permita a un sólo magistrado el decretar medidas cautelares. (Suspensión de cuña). El sustanciador del caso sólo puede decretar per se, los actos que no impliquen decisión de nada, para hacer avanzar el proceso, ya que éstos decisivos, requieren del aval del colegiado. (Ejemplo: Ver las medidas cautelares que decreta la Sala 3, que las firman todos).

Código Judicial

Artículo 109.

El Sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se considere perjudicada el recurso de apelación para ante el resto de los Magistrados, con la ponencia del que siga en orden alfabético al Sustanciador.

Debe quedar claro que el código electoral, en su artículo 442 somete al Tribunal Electoral a las normas de sustanciación aplicables a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el artículo 207 de la norma electoral en cita, dice que es el Tribuna Electoral, el que puede ordenar la suspensión provisional de una propaganda electoral, en tanto el artículo 142 de la Constitución reza que son tres los que componen éste órgano.

Por otro lado, la resolución en donde se suspendió la cuña, no se motivó adecuadamente, como lo ordenaba el artículo 452 Ibídem, ya que no ligaba a la propaganda, a la pretermisión clara y directa, de una norma electoral o constitucional flagelada.

Sala 3

1. El único ente que puede desvirtuar una decisión electoral tomada por el Tribunal Electoral, es el Pleno de la Corte que lo integran nueve magistrados, conforme al art. 143 constitucional.

2. Esta ni siquiera debió haberle dado darle trámite a la demanda, interpuesta por una persona jurídica, de protección a los derechos humanos, debido a que las corporaciones, no tienen derechos humanos a su haber, conforme a decisiones previas tomadas por organismos internaciones de derechos humanos.

3. En su resolución, no se motiva el por qué se está apartando, de los precedentes anteriores de la Corte, que impedían la utilización de estos tipos de recursos, en esta Sala, contra el Tribunal Electoral.

4. El perjuicio notoriamente grave que según la resolución, motivó a la Sala 3 a decretar la suspensión de la decisión del Tribunal Electoral, es risible y no se compadece con una gravedad inminente como corresponde; cito: “…al peligro de daño que puede experimentar el interesado por el transcurso del tiempo que tomará en surtirse la conclusión del proceso…toda vez que el retraso de la publicación de la manifestación de pensamiento o idea, por el transcurso natural del tiempo del proceso que se inicia, hará perder su vigencia o interés.”

La libertad de difusión de una opinión o material político informativo y de comunicación a través de los medios de comunicación, no debiera ser negociable y sólo pudiera ser obstaculizada por violación directa de las normas jurídicas positivas en materia electoral.

Fundamento legal supremo

Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Limitaciones de esa libertad de información política.

1. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

2. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

3. Está vedado el utilizar los símbolos patrios, el uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos; el uso no autorizado de la imagen personal; los mensajes que, de cualquier manera, irrespeten la dignidad humana, la seguridad de la familia, la moral y las buenas costumbres. (Artículo 202 del código electoral).

El Tribunal Electoral debe ser celoso y prudente en el cumplimiento de estas disposiciones transcritas, para no caer en abusos y en extralimitaciones, habida cuenta de que el máximo organismo electoral, no está para santificar las propagandas electorales, sino para hacer cumplir estrictamente la ley.

Huelga añadir que las campañas negativas, no son violatorias de ninguna norma legal; las sucias sí. Esto debe quedar muy claro. El ciudadano tiene todo el derecho de conocer el perfil real de sus candidatos, pues son figuras públicas.

Finalmente exteriorizo que en sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los periodistas de TVN Canal 2, la Corte estableció que: “La libertad de información y prensa constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo 37 de la Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona de poder emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra la reputación o la honra, la seguridad social o el orden público.”