Archivar en febrero 14, 2013

Proyecto de Ley no. 433 sobre puesta en valor del Casco Antiguo

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En el proyecto de ley  433 sobre puesta en valor del Casco Antiguo, será discutido en segundo debate en la Asamblea Nacional. El proyecto a mi juicio se ve bueno, salvo la siguiente normativa preocupante, que permite la expropiación en el casco antiguo:

Artículo 33. Las sanciones consistirán en multas. Las multas a imponerse no podrán ser menores de cincuenta mil balboas con 00/1 00 (B/.50,000.00) ni mayores de ciento cincuenta mil balboas con 00/100 (B/.150,000.00).
La renuencia de los propietarios de inmuebles o lotes baldíos a invertir, restaurar o reconstruir, dará lugar a que previa declaratoria de interés social urgente, el Órgano Ejecutivo decrete la expropiación del inmueble, para lo cual la indemnización será igual al valor catastral del bien.
Preocupaciones propias:
1. La indemnización por expropiación no se otorgará conforme al valor real del mercado de la finca,  como ocurre en los procesos establecidos en el código judicial, sino que se pagará de acuerdo al valor catastral del bien, que siempre es bajo.
2. Se establece la expropiación como si fuera un tipo de sanción administrativa, cuando no lo es, en base al postulado constitucional.
3. Se puede estar interpretando esta norma, como una medida cuasi socialista, ya que no busca indemnizar al propietario de la finca, de acuerdo al valor real del bien, y esto en perjuicio de los particulares afectados.
Los diputados debieran ponderar mejor esta iniciativa, en torno a este punto en cuestión.

Fundamento de la ATP deja dudas

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Dicen los medios de comunicación que Salomón Shamah indicó que contrataron directamente a ShowPro, porque el Carnaval tenía fecha y, en muchas ocasiones, mediante una licitación pública, se cae o se presenta una impugnación, lo que representaría un retraso para la organización de la fiesta.
Ver el link. http://www.prensa.com/uhora/locales/don-omar-estafador-carnaval-city-showpro-toro-contrato/156658.
Este fundamento emitido no tiene mucho peso, a mi juicio, ya que se podía contratar directamente con los representantes legales de los artistas, sin intermediarios (ShowPro) y sin licitación, desde el principio, conforme a lo que establece al artículo  62 numeral 1 y 8 de la ley 22 de 2006.
Ley 22 de 2006
Articulo  62. Causales.   
Las entidades o instituciones públicas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta Ley procurarán utilizar adecuadamente los procedimientos de selección de contratista, fundamentando sus actuaciones en los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, debido proceso, publicidad, economía y responsabilidad. No obstante, cuando se produzcan hechos o circunstancias por los cuales la celebración de cualesquiera de los procedimientos de selección de contratista, establecidos en el artículo 40, ponga en riesgo la satisfacción de los requerimientos e intereses del Estado, dichas entidades o instituciones podrán acogerse al procedimiento excepcional de contratación en los siguientes casos:
1.       Los contratos para la adquisición o arrendamiento de bienes o servicios, en los que el Estado actúe en  calidad  de  arrendador o arrendatario, así  como  la  venta de  bienes o servicios del Estado, en la que no haya más de un oferente o en aquellos que no haya sustituto adecuado, siempre que la venta no esté fundamentada en la existencia de derechos posesorios sobre inmuebles. Se entenderá que la aprobación del contrato no comprende un acto de reconocimiento de derecho alguno.
…
8.   Los contratos de obras de arte o trabajos técnicos, cuya ejecución solo pueda confiarse a   artistas reputados o a reconocidos profesionales.
Es decir que el intermediario esta demás, en un contrato público con un artista nacional o internacional con representantes conocidos.  Se podía acudir a la vía directa, en el caso de DON OMAR, etc., contactando a su representante, si se hubiese querido hacer, sin problema licitatorio alguno.
Comento para finalizar, que para contratar con un artista (cantante) reconocido, no se requiere hacer licitación alguna, porque se contrata por un servicio profesional, que da el artista.

El escándalo del carnaval

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Lo mas escandaloso del carnaval panameño no fue, según mi concepto, lo de la contratación de Don Omar, sino en el aparente sobre costo que hubo a favor de artistas boricuas, que  han de cobrar un alta suma de dinero ,con fondos públicos.
Don Omar sobre lo que iba a ser su pago, que coincidió con lo que pautaron Wisin & Yandel,  dijo: ‘Informé mi descontento al equipo de manejo pues nunca se nos informó que tan alta suma de dinero estuviera siendo desembolsada y enriqueciendo a quién sabe qué persona, utilizando mi nombre detrás de semejante estafa.”
Por su parte artistas panameños como “Nando Boom” y “Principal”, también criticaron en tarima, el alto costo de los boricuas.
La objeciones citadas, pudieran haber servido para que la Contraloría General, de manera transparente,  hubiese objetado el contrato de los artistas  Wisin & Yandel, por sobre costo, y en base a los artículos 74 y 77 de la Ley 32 de 1984.
Pensar que en carnaval, un artista internacional, puede cobrar lo que quiera con los fondos públicos, es un error grave, que podría conllevar, el inicio de un proceso investigativo, penal y patrimonial, en contra de todos los que participaron en el acto de manejo de fondos,  al momento en que se perpetre el desembolso.

Ley 32 de 1984 (orgánica de la Contraloría General)
Artículo 74. Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier otro Tesoro Público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría verificará:
a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia;
b) Que está debidamente imputada al presupuesto;
c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la erogación;
ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente prestados, salvo las excepciones establecidas en la Ley; y,
d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito.
Artículo 77. La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida…
Sería saludable que la Contraloría General,  nos rindiera un informe sobre si avalará o no, la contratación de marras.

¿Y que de la rendición de cuentas sobre los fondos públicos en los carnavales?

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Según, Ángel Sierra, de la ATP (con referencia al contrato de Don Omar) ellos le pagaron a Show Pro, para que ellos a su vez hicieran el contrato con el cantante y si ellos no lo hicieron y son precisamente ellos los que deben dar las explicaciones.
De esta afirmación se desprende lo que sigue:
1.    Tuvo que haber un contrato entre la ATP y la empresa, que culminó con un pago por adelantado.
2.    La contraloría tuvo que haberlo refrendado. Si no lo refrendó, se violó la ley 22 de 2006 salvo que esta entidad, haya exceptuado a la ATP del control previo sobre estos gastos.
3.    Hubo un incumplimiento del contrato evidente.
Interrogantes que no se han resuelto:
1.    ¿Porque la contraloría refrendó un contrato permitiendo un pago por adelantado? Si la contraloría exceptuó del control previo, a la ATP entonces ¿por qué la ATP firmó un contrato en estas condiciones?
2.    ¿Se ejecutó la fianza de pago anticipado, que siempre debe haber en los contratos públicos que involucren el pago por adelantado, de acuerdo a lo que estipula el artículo 102  de la ley 22 de 2006?
3.    ¿Se devolvió el dinero que la ATP pagó?.
4.    Si la empresa incumplió su contrato por que el gobierno insiste en volver a contratar con esta corporación  y no se le ha iniciado un proceso de resolución administrativa de contrato, como lo permite el artículo 116 de la ley 22 de 2006?
5.    Cuanto están cobrando los nuevos artistas Wisin y Yandel por un día de presentación?
Resulta inadmisible que el administrador de la ATP no haya querido rendirle cuentas claras al país de manera expedita, sobre este caso, pretendiendo, a mi juicio, que se dilate, por los carnavales, un asunto que requiere de una explicación urgente. Por otro lado, la Contraloría también, debiera hablar sobre el asunto habida cuenta, que tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar los gastos públicos.

Residentes de Llano Bonito si podrían pagar por tasa de valorización

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En días pasados el ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, había informado que a los residentes del sector de Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, no se le cobraría la tasa de valorización tras la reparación de las calles 124 y 125.
No obstante, lo que ha hecho el MOP hoy es SUSPENDER el cobro bajo comentario, hasta tanto se realice un estudio socioeconómico completo de los residentes del proyecto. Esto no fue lo que se entendió del anuncio dado.
La decisión consignada en la resolución No. DGV-004-12, publicada en la gaceta oficial  No 27223-A fue publicada el día viernes de carnaval y significa, a mi criterio,  que pudieran haber residentes que cuenten con ingresos para pagar por la tasa de valoración, por lo que lo deberán hacer, mientras tanto, los que no cuenten con recursos idóneos, son los que podrían estar exentos, en un futuro, del pago de la tasa.

Proyecto de Ley que aumenta el impuesto a las bebidas

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El proyecto de ley sobre un incremento del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas fue aprobado en primer debate, este miércoles en la Comisión de Economía y Finanzas.
Me parece interesante que el PRD, partido del proponente de la incitativa, en un comunicado de prensa se opusiera a esta medida con argumentos, a mí parecer no tan sólidos, y que generan algunas inquietudes. Veamos
Cita en el comunicado de prensa:
“El PRD defiende la libre competencia en una economía de mercado, donde está al servicio de los ciudadanos y debe privar el bien común, la solidaridad y el beneficio de la sociedad”, precisó Acha”
Inquietud propia.
Si entendemos como la economía de mercado en la libre competencia,  el resultado de la concurrencia libre en el mercado de ofertantes que producen bienes o servicios y a su vez, compradores que toman decisiones libres, sin que en estas decisiones intervengan fuerzas distintas a las del mercado mismo, entenderíamos que el partido en cuestión, jamás avalaría una regulación de precios sobre los artículos de primera necesidad, como lo permite la Carta Magna. Esta regulación de precios, podría paliar, en alguna medida, el alto costo de la vida, según mi concepto.
Constitución
ARTICULO 284. El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución y, en especial, para los siguientes fines:
1.      Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.
…
Cita en el comunicado de prensa:
“El PRD se ha opuesto a las últimas seis reformas al Código Fiscal y, en este caso específico, el partido tiene como posición no respaldar esta medida, a pesar que entendemos que cada Diputado tiene su iniciativa legislativa”.
Inquietud propia.
El comunicado solo resalta la oposición histórica del partido a las reformas fiscales pero no cuestiona  el fundamento que expuso el diputado de su bancada, en el considerando, del documento bajo debate legislativo. El diputado consigno lo siguiente:
“Ante esta realidad, estamos preocupados por el consumo nocivo de alcohol y por aquellos individuos que consumen alcohol irresponsablemente ante el efecto que tienen sobre ellos y la sociedad en general Solamente en San Miguelito, en los últimos seis meses, se han registrado 119 casos de violencia intrafamiliar, siendo el consumo irresponsable de alcohol parte de las causas que provocan este tipo particular de violencia.
Esta situación genera gastos para el Estado, ya que en la medida en que se incrementan las enfermedades crónicas no transmisibles y la violencia intrafamiliar, mayores recursos económicos se necesitan.
Es por eso que hoy presentamos esta propuesta para reducir el consumo nocivo e irresponsable de alcohol.
Somos conscientes de que el consumo de alcohol no es la única causa detrás de las enfermedades y los problemas sociales, pero nos sentimos comprometidos para buscarle una solución a esta situación. Por eso proponemos en la presente ley una nueva fórmula sencilla de pagos de impuestos para la bebida con contenido alcohólico, en la que la producción de estas bebidas pague lo justo, para ayudar a compensar al Estado por el problema social que está causando el consumo nocivo de alcohol.”
Del considerando del documento bajo debate, y de ser ciertos los argumentos del proponente,  no pareciera descabellada la idea del proyecto, por lo que pudiera debatirse con amplitud en el hemiciclo legislativo, a mi juicio.

Gabinete aprueba sanciones contra vinculados en invasiones de terrenos particulares y estatales

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El Consejo de Gabinete aprobó una reforma al Código Penal en la que endurece las sanciones a aquellos que participen de la invasión de terrenos particulares y/o estatales.
La iniciativa fue sustentada en Gabinete por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias.
Su propuesta consiste en que todo aquel que promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o permita la invasión de terrenos o edificaciones u organice una parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas en terrenos privados o estatales, sin la debida autorización del propietario o autoridad competente, según sea el caso, será sancionado con prisión de seis a ocho años.
Según el Ministro, la sanción se aumentará a la mitad si la parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas se efectúan en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, áreas protegidas, áreas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.

En dicha propuesta se establece asimismo que todo servidor público con mando y jurisdicción que avale o incite las invasiones de terrenos o edificaciones de propiedad privada o estatal, o que se abstenga de realizar los lanzamientos a los que haya lugar cumplido el debido proceso, será sancionado con prisión de seis a ocho años.

Esto me parece una idea desacertada, pues lo que se debiera hacer es fortalecer jurídicamente el proceso de lanzamiento por intruso que existe hoy en manos de los corregidores. Esto da la idea que se hace para beneficiar al poder económico empresarial del país de manera absurda más que por una función social y contrasta con el pensamiento de uno de los diputados del país que quería legalizar a los invasores por aquello de la función social de la tierra. Del presunto socialismo al capitalismo extremo.

Alemán Zubieta refuta declaraciones

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A través de una carta, Alberto Alemán Zubieta, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, rechazó las declaraciones que dio el ministro Roberto Henríquez, comentan los medios.
El exadministrador, siguen comentando los medios,  también aprovechó para desmentir su vinculación con la empresa Constructora Urbana, al momento en que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ganó el proyecto de ampliación de la vía interoceánica. Alemán Zubieta destacó que en el año 2005 se desvinculó completamente de la compañía al vender la totalidad de sus acciones.
El problema de Zubieta a mi juicio, no estriba en que se hubiese desvinculado como accionista, en la renombrada empresa, sino en que sus parientes pudieran haber sido los propietarios de una empresa adjudicataria de la ACP
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DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO SOBRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBANA  S.A.  AL  DÍA DE HOY.
Dignatarios:
Presidente: ROGELIO E. ALEMÁN ARIAS.
Vicepresidente: CARLOS JOSE FABREGA ALEMAN
Tesorero: ORLANDO JOEL SAMUDIO
Secretario: JULIO CESAR CONCEPCIÓN
Los directores son las mismas personas y el representante legal de la empresa, lo es el presidente. Los suscriptores son RAFAEL  E. ALEMÁN y ROBERTO R. ALEMÁN  
Si al momento del contrato del tercer juego de esclusas,  el administrador  tenia primos o parientes en la empresa en mención, si hubiese podido haber gravitado, a mi criterio, un impedimento constitucional que debía haberse honrado en su momento, a saber:
Constitución
ARTICULO 309. “Los servidores públicos no podrán celebrar por sí mismos o por interpuestas personas, contratos con la entidad u organismos en que trabajen cuando éstos sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan.”
El término “interpuestas personas” es tan amplio, que podría comprender,  la parentela.
Por otro lado, el reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá, pareciera que vedara el que la familia de un empleado de la ACP  tuviera negocios financieros, en dicha entidad. Leamos
Reglamento de ética y conducta de la ACP
Artículo 16. Ningún empleado podrá participar en calidad oficial o personal en un asunto o negocio de la Autoridad que, según su conocimiento, involucre un interés financiero para él o para cualquier persona u organización con intereses financieros atribuibles a él.
Para los propósitos de la prohibición anterior, los intereses de las siguientes personas se le imputan al empleado:
1. El cónyuge, un menor dependiente, un miembro del domicilio del empleado, o un familiar con el cual el empleado mantiene una relación personal cercana.
2. Una persona u organización que emplea al cónyuge, los parientes o a un miembro del domicilio del empleado.
3. Un empleador probable del empleado o, según lo determine el Administrador, una persona u organización con la cual el empleado tiene una relación de negocios substancial, o una organización de la cual el empleado es miembro, cuando el objetivo o los propósitos de tal organización puedan incidir en las operaciones de la Autoridad o ser afectados por éstas.
Artículo 17 A.  Los jefes de oficinas principales o departamentos informarán al Administrador los casos en que su participación en una negociación o contrato o el manejo de un asunto o situación pueda producir un conflicto de interés real o aparente en relación con él mismo en su condición de jefe de departamento u oficina principal. De acuerdo con el Artículo 18 del presente reglamento, el Administrador decidirá las acciones que el empleado en tales circunstancias deberá seguir.

Imposición del Pacto Ético

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Personal de la Comisión de Justicia y Paz, denunció una falta de voluntad política de algunos partidos para firmar, el próximo 6 de marzo, el pacto ético electoral que su grupo impulsa junto con la Iglesia católica.
“Se presentó una carta a todos los partidos políticos en la misma fecha; lamentablemente otros partidos tenían otras responsabilidades y no fueron a la reunión”, dijo Maribel Jaén. “Falta voluntad política. No queremos excusas.
De las palabras de la prenombrada se desprende una aparente intolerancia para poder aceptar modificaciones y/o observaciones al documento preparado por La Conferencia Episcopal Panameña.
Todo documento elaborado por el hombre,  debe ser proclive de recoger modificaciones por parte de las personas si realmente lo que queremos, es llegar a un feliz acuerdo de voluntades, para el torneo electoral del 2014, en donde priven los valores.
¿El borrador del pacto ético es perfecto?
A mi juicio no; porque fue hecho por el ser humano.
¿Tendrá alguna deficiencia?
Por mi parte anoto las siguientes:
·         Motivan a la firma sólo a los representantes de los partidos y los de libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral para presidentes. Esto es un error debido a que deja por fuera a los candidatos por la libre en los otros cargos de elección popular, por un lado, y por el otro, afirmo que un independiente se considerará candidato hasta después del 4 de septiembre del 2013, de acuerdo al Acuerdo 19 del tribunal electoral, por lo que resulta intranscendente, esta firma. Debiera suscribirse por los independientes que hayan solicitado el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo.
·         Pretende obligar a los partidos a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. No se debe utilizar un pacto ético para consagrar un concepto que el legislador no contempló, aunque parezca bueno. El pacto debe considerarse como un apoyo, no un elemento integrador o modificador de un código.
·         Pretende que los partidos velen para que las instituciones judiciales o policiales y otras, no sean utilizadas como mecanismo de coacción, persecución etc. contra ciudadanos. Esto es irregular, ya que no le es dable a los partidos jugar este papel.
·         Al gobierno se le insta a respetar la autonomía de las autoridades electorales. De la redacción se infiere que el gobierno pudiera estar incumpliendo con esto, de acuerdo con la conferencia episcopal.
·         Al gobierno se le insta a garantizar y respetar la independencia de las instituciones judiciales y a impedir que estas sean utilizadas para persecución, represión e intimidación. Interpreto de la redacción, que hoy el gobierno, no lo está haciendo, cuando se le insta a hacerlo. Por otro lado, el gobierno no puede entrometerse en otro órgano del Estado, para pretender evitar una supuesta intimidación. Violaría la Constitución si lo hiciera.
·         El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más.
·         El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz y un organismo consultivo, elabore su reglamento y su metodología para actuar, sobre las investigaciones y denuncias, etc., empero, integran a representantes de medios de comunicación social, dentro del organismo consultivo, que no se hizo en el pacto ético electoral de 1998 y no sabemos el por qué del cambio. El organismo consultivo lo forman: 5 por el que hizo este documento; 5 por los medios; 1 por cada partido y los candidatos presidenciales por la libre postulación, nada más.

Libro sobre la contratación pública panameña

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Ya salió a la luz PÚBLICA, mi última obra intitulada “Texto único sobre la ley No. 22 de 2006 y Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada”
En esta obra,  integro todas las actualizaciones vigentes de la ley DE CONTRATACIÓN PÚBLICA GENERAL,  E INCLUYO  25 sentencias de la corte SUPREMA,  sobre el  Tema de contratación pública en la república de panamá.