Archivar en julio 27, 2013

Es
un hecho público y notorio que a la Defensora del Pueblo se le suspendió de su
cargo, por imputaciones hechas por el Ministerio Público, producto de unos
contratos directos por un monto inferior a los 300,000.00, dólares, llevados a
cargo con el refrendo de la Contraloría General de la República.

Sobre
el tema, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario
Democrático (PRD) instruyó a su bancada de diputados para que cite a la
defensora del pueblo, Patria Portugal, así como a la Contralora, Gioconda de
Bianchini, y de comprobarse las irregularidades denunciadas que voten a favor
de la destitución de ambas funcionarias. (Noticia salida en los medios)

¿La
Contralora debe seguir la misma suerte que la Defensora del Pueblo?

Respuesta:
Jurídicamente no; debido a que por el monto de las contrataciones refrendadas,
ella no refrendó tales instrumentos, sino un Jefe Sectorial, delegado por ella:
Por  consiguiente, la Contralora General,
no es responsable directa ni solidaria de tales contrataciones, sino su
personal delegado, que participó en los actos cuestionados. Lo que dicen lo
contrario, ignoran el régimen interno de la Contraloría General.

El
artículo 55 de la ley 32 de 1984, (orgánica de la Contraloría)  permite a la Contralora, el  delegar algunas atribuciones en otros
funcionarios, por lo que serán éstos los responsables directos, por el
ejercicio de tal encomienda y no el delegante contralor.

Hoy
en día, hay varios casos de ex ministros del MEDUCA, del gobierno anterior, que
son sujeto de procesos penales juntamente con el Jefe Sectorial de la
Contraloría  y personal delegado de la
comentada entidad fiscalizadora, por que participaron en los actos,  pero nunca, se procesó al Contralor, de esa
época, por los términos que vengo exponiendo. 

No
me parece objetivo que algunos pretendan, en estos momentos, exigir
responsabilidad a la Contralora, en el caso de la Defensoría del Pueblo, por
actos que ejecutaron sus subalternos, por delegación administrativa de
funciones; si ayer no exigieron esa misma responsabilidad, al Contralor de los
gobiernos anteriores, que también delegó sus atribuciones en otros
funcionarios, que cometieron actos cuestionados.

Finalmente
comento, que si estoy de acuerdo que la responsabilidad que se le endilgue a la
Defensora del Pueblo, sea extendida a los funcionarios de la Contraloría, que
participaron en la evaluación y suscripción de los actos sujeto a
investigación. En tal sentido, si la Defensora resulta inocente o culpable en
el proceso penal; esa misma suerte, deben correr los funcionarios de la
Contraloría, que participaron en los actos.

Se ha convertido en un hecho noticioso, el hecho de que la testigo que
sale en la propaganda del gobierno, ha dicho que la engañaron.

Desde el punto de vista legal, toda persona es dueña de su imagen; por lo
tanto, independientemente  de que
testifique, sobre vivencias de su corazón, se requiere de su aceptación, para
que sea adecuada su transmisión, en términos generales.

¿Qué dice la ley al respecto?

Código de la Familia

Artículo 577. Toda persona tiene
derecho exclusivo sobre su propia imagen, la que no podrá ser reproducida
públicamente, en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando
hubiese sido captada en lugar público.

Se exceptúa de lo
anterior las imágenes que se difundan con fines noticiosos, de interés público
o cultural, con base en el respeto a la dignidad humana.

A mi criterio, la
empresa que hizo la propagada, erró al trasmitir un testimonio, sin haber
contado previamente con el consentimiento de la testigo, ya que la propaganda
del gobierno, no debe considerarse como dentro de las excepciones del
consentimiento, que reza la ley citada, debido a que ni es una noticia, ni es documental
cultural, ni mucho menos un hecho que debe ser considerado de interés público,
para toda la Nación. 

De manera inexplicable el Servicio Nacional
de Migración, proyecta realizar el XII proceso de regularizan extraordinaria,
denominado “Panamá crisol de razas”, desde el 6 de octubre del año en curso,
conforme reza en la Resolución No. 12765 de 15 de julio de 2013. Esto busca
beneficiar a extranjeros, generalmente de escasos recursos, que residen en
Panamá.

Los requisitos que solicita el SNM,
durante estas jornadas son muy flexibles.

Efectos que podría tener esta
apertura, a corto o a mediano plazo, en Panamá:

La
Corte, aunque lo solicite el Ministerio Público, no puede suspender a la Defensora
del Pueblo, del cargo, debido a que la máxima corporación de justicia panameña
“no tiene facultad legal para decretar tal medida, sobre la Defensora”. 

Sería
inconstitucional, que la Corte suspendiera a la defensora del Pueblo de su
puesto de trabajo, de manera preventiva.

¿Qué dice la Constitución?

ARTICULO
129. La
Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías
fundamentales consagradas en esta Constitución, así como los previstos en los
convenios internacionales de derechos humanos y la Ley, mediante el control no
jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de
quienes presten servicios públicos, y actuará para que ellos se respeten.

La Defensoría
del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Pueblo,
quien será nombrado por el Órgano Legislativo para un periodo de cinco años,
dentro del cual no podrá ser suspendido
ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea
Nacional, en virtud de causas definidas previamente por la Ley.

De igual forma la Ley
41 de 2005, consagra en el artículo 7, que sólo por el voto de los dos tercios
de los miembros de la Asamblea Nacional, es que se podría suspender o remover,
a la Defensora del Pueblo.

La Corte si
bien puede juzgar a la Defensora, por delitos y faltas, no la puede suspender del
cargo. (Artículos 11 y 15 de la ley 7 de 1997).

No se debe divulgar
un mensaje de correo electrónico, que no le haya sido dirigido, pues si lo hace,
se sujeta uno, a los rigores del código penal, debido a que se estaría  violentando, la inviolabilidad del secreto y
el derecho a la intimidad.

El código penal sanciona tales actos,
en su normativa.

Código Penal

Artículo 164. Quien se apodere o
informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo
electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya
sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente
en días-multa o arresto de fines de semana.

Cuando la persona que
ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información
obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años
de prisión o su equivalente en días-multa, prisión domiciliaria o trabajo comunitario.
Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior
como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la
divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad.

Artículo 166. Quien posea
legítimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de
carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubieran sido
dirigidos, y los haga públicos sin la debida autorización y de ello resultara
un perjuicio será sancionado con doscientos a quinientos días-multa o arresto
de fines de semana. No se considerará delito la divulgación de documentos
indispensables para la comprensión de la historia, las ciencias y las artes. Si
media el perdón de la víctima se ordenará el archivo de la causa.

El juez que al menos,
no abre causa criminal, a los infractores de las disposiciones transcritas, flagela
la ley, de manera directa.

Huelga decir, que las
personas que afectan, la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad
de las personas, deberán someterse a los rigores de un proceso penal en su
contra, toda vez, que incumplieron la norma, y sabido es, que la ignorancia de la
ley, no exime su cumplimiento.

Dura lex sed lex (Dura es la ley, pero es la
ley).

Las comentadas acciones, debieran considerarse
inadmisibles en democracia, máxime que reciben los partidos políticos, un subsidio
pagado por todos los panameños; por tal motivo, los colectivos debieran hacer
ingentes esfuerzos, para superar la falencias anotadas.

Pululan los políticos manifestando que
con este gobierno se han relajado las normas de contratación pública;
argumentan que hay muchas obras por contratación directa, con señalamientos de
costos y falta transparencia en el sistema de contratación.

Como conocedor de la materia de
contracción pública, asevero que en todas las administraciones, ha habido
debilidad, en el sistema de compras y éste obstáculo, a mi juicio, no se ha
superado aún.

No es ocioso advertir que fue, en la
administración del expresidente Torrijos, cuando que se relajaron las
contracciones directas en las CONSULTORIAS hasta por la suma de  B/.300.000.  (Ver
el caso de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo). Antes todos estos contratos
se adjudicaban,  mediando el trámite de selección de contratista.

Con la ley 41 de 2008, en su mandato,
se eliminó el acto público, para este rubro y posibilitó, que en todas las
entidades, se pudieran contratar, a la libre,  a quien se quisiera,  y
sin que hubiese, mayor supervisión; las consultorías,  hasta el monto
comentado.

De igual manera, todas las compras de
equipos, considerados como de seguridad del Estado, se empezaron a contratar
libremente y sin que se publicaran sus adjudicaciones y sus montos en
PanamaCompra.

Compras directas,  iniciaron
en su mandato, también, en los contratos de la Asamblea Nacional, hasta
por B/. 50,000.

Afirmo que no he encontrado aún, una administración que pudiera tirar,
la primera piedra, en transparencia plena, en este sentido.